Debut, ajuste y decretazos

El primer anuncio de gobierno de Mauricio Macri estará dirigido a los pooles de siembra y pulpos exportadores: se trata de la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo y maíz, y una reducción de cinco puntos para la soja. La decisión implicará un salto en los beneficios de los capitalistas agrarios, los cuales, de todos modos, esperan una devaluación de la moneda que lleve el dólar a 14 ó 15 pesos. En cualquier caso, la medida reforzará la escalada de precios sobre los alimentos esenciales, que ya se venía manifestando en las últimas semanas.
Cuando se produjo la crisis entre el gobierno kirchnerista y el capital sojero (2008), los entonces opositores sostenían que era el Congreso el que debía tratar cualquier aumento en las retenciones, puesto que se trataba de un "impuesto". Ahora que está en debate una rebaja, el gobierno Cambiemos cambió de idea -las retenciones no serían más impuestos, sino un "derecho a la exportación". La Constitución prohibe expresamente los DNU en materia impositiva.
En cualquier caso, estamos ante uno de los más trascendentes decretazos en la larga lista que se adivina para los próximos meses. De hecho, en su primer día de gobierno, Macri y su gabinete emitieron 29 DNU (decretos de necesidad y urgencia), entre ellos la reforma ministerial por medio de la cual Oscar Aguad, ministro de Comunicación, anunció que "no regirá la ley de medios".
En función de ello, el gobierno de Macri ha resuelto clausurar el Congreso hasta marzo y avanzar en medidas cruciales por medio de DNU. El mismo Congreso está abocado enteramente a formar la Bicameral de "análisis de los DNU", que integran constitucionalmente ocho senadores y ocho diputados. En la composición de esa Bicameral están involucrados no sólo los bloques de Cambiemos, sino también el FpV y el de Massa. La "resistencia" K empezó avalando el régimen del decretazo.
En la lista de manotazos estará con seguridad la "unificación cambiaria" (devaluación) y las nuevas medidas de reendeudamiento nacional, aun cuando la Constitución reserva los arreglos de deuda al Congreso. Todos estos temas, además, alteran el presupuesto, otra prerrogativa parlamentaria. La cuestión de la capitalización del quebrado Banco Central es la excusa inicial de un colosal plan de endeudamiento. En un debate sobre el tema, el Partido Obrero plantearía recapitalizarlo, no con deuda que terminarán pagando los contribuyentes sino con un impuesto especial a la renta financiera y a los bancos, beneficiarios de todos los negociados de la deuda; también a los grupos que se beneficiaron con el dólar futuro.
De manera que los "republicanos" están haciendo tabla rasa con un conjunto de garantías constitucionales. En el "diálogo político" de Macri con los ex candidatos, el nuevo presidente buscó explícitamente un aval político para este atropello. Las respuestas fueron claras: el representante de los "nacionales y populares", Daniel Scioli, olvidó sus denuncias de "ajuste y devaluación". Massa fue más lejos, pues ofreció su equipo técnico para colaborar en "los noventa días sin Congreso" -o sea, un espaldarazo a la política de decretos.
Denunciamos los decretazos oficiales y reclamamos que se abra el Congreso -sesiones extraordinarias- a una deliberación política respecto de quién debe pagar la crisis. Un llamado a extraordinarias debería incluir la cuestión del impuesto al salario, en la que tenemos un proyecto de ley para su abolición sobre todos los salarios convencionales. A esto añadimos como prioridades políticas y legislativas el doble aguinaldo, un aumento de emergencia a activos y jubilados, la prohibición de despidos y suspensiones y la convocatoria inmediata de paritarias ante la carestía desatada por las medidas en curso. Llevemos este debate a todas las organizaciones obreras y populares.

Nestor Pitrola