Anticipándose a lo que viene con Macri, los empresarios especulan con los precios de productos de primera necesidad. El gobierno intenta distraer con su “control de precios” pero deja pasar la escalada inflacionaria y sólo se preocupa por su retirada.
El ajuste empezó. Los salarios están congelados hasta las próximas paritarias, pero según distintos relevamientos de precios los productos de primera necesidad subieron entre 10 y 40 por ciento en noviembre.
La “crónica de una devaluación anunciada” del macrismo empezó a ser cobrada por adelantado por las patronales.
Pero hay otros aditamentos. La quita de retenciones al trigo y al maíz, como a varios productos regionales, que dio a conocer el equipo económico de Macri, elevará aún más la rentabilidad empresaria en las mercaderías de exportación. Algo similar, vale la pena remarcarlo, propone Miguel Bein, el economista de Scioli.
Pan duro
Esa quita a las retenciones implicará que, para tener las mismas ganancias en el mercado local, las patronales busquen subir los precios internos. Lo que ocurre con la harina de trigo es una primera gran muestra.
La Federación de la Industria Panaderil de la Provincia de Buenos Aires denuncia que están recibiendo la bolsa de harina un 100 por ciento más cara. Ese aumento se traslada en buena medida al precio del pan. Otro tanto ocurre con las carnes vacunas que aumentaron entre 10 y 30 por ciento al consumidor y la de pollo con 25 por ciento.
Los economistas anticipan que las mediciones de inflación de noviembre darán resultados que duplicarán, en el mejor de los casos, las de los meses previos: estaría en 3 por ciento mensual. Todavía no está en pleno desarrollo el impacto de la devaluación.
Según Miguel Bein, “luego de un año en que la inflación se ubicaba en la zona de 1,6 por ciento mensual promedio, los datos de noviembre apuntan a 3 por ciento”. Para el año que viene anticipa una caída del salario real del 12 por ciento, pero sin contar la escalada inflacionaria que podría desatar la devaluación que anuncia el nuevo gabinete económico. El principal asesor económico de la campaña de Scioli y exfuncionario de la Alianza actúa como en un cínico relator del ajuste en curso.
Sintonía fina para el “relato”
Ayer el secretario de Comercio Augusto Costa convocó al Observatorio de Precios frente a las denuncias por subas injustificadas de precios y cortes de abastecimiento.
Según indica un comunicado oficial, “a través de la intensificación de las inspecciones se pudo constatar la existencia de numerosas listas de precios de empresas líderes del mercado con incrementos que rondan el 10% promedio, con máximos superiores al 20% en algunos productos puntuales. Esto ocurre luego de dos años consecutivos de desaceleración de los precios, según exhibe la evolución del IPC-NU, tal como reconoce también la totalidad de las mediciones privadas”.
Según la Secretaría se aplicaron multas por más de $8 millones a los supermercados por falta de abastecimiento de productos con Precios Cuidados. Las sanciones fueron para Cencosud (Jumbo, Disco y Vea), Coto, Dia, Carrefour y Wall Mart-Chango Mas.
A la vez informó que, si desabastecieron el programa “precios cuidados” para especular, empresas como Arcor, Mastellone, Unilever, Bimbo/Fargo, Pepsico, Mondelez, Procter and Gamble y otras serán multadas por casi $19 millones. Y requirió información a laboratorios dadas las subas de medicamentos de entre el 5 y el 20 por ciento.
Las empresas tendrían cinco días para informar la justificación de esos aumentos. De no hacerlo se les aplicaría la Ley de Abastecimiento.
Pero es puro artificio. Por un lado porque “el peso de la ley” en pocos días quedará en manos del macrismo. Y por otro lado porque, según el INDEC, en octubre los 67 grandes supermercados relevados facturaron $20.511 millones. O sea que una multa de $8 millones equivaldría apenas a un 0,04% de lo que facturaron en un solo mes.
El kichnerismo nunca agradeció la tarea sucia de Eduardo Duhalde con la devaluación de 2002, que licuó un 30% el salario real. Ese fue el puntapié inicial del “modelo”, dando enormes beneficios a las patronales y permitiendo el crecimiento posterior. Ahora encaró la operación inversa para evadir su responsabilidad en el ajuste en curso.
La Secretaría de Comercio dice en su comunicado que las subas de precios “se deben, según sostienen los representantes empresariales, al incremento del costo derivado de las medidas anunciadas por las autoridades electas, particularmente la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios a la energía y la eliminación de las retenciones.”.
Daniel Scioli quiso capitalizar la situación diciendo que él anticipó “los riesgos de una devaluación”. Se presenta como el defensor de los trabajadores. Pero el ajuste lo proponía el mismo Miguel Bein. Eso sí, “de manera gradual”, buscando disminuir la resistencia a los ataques.
En la vereda opuesta Alfonso Prat Gay dijo en campaña que los costos de la devaluación estaban incorporados en los precios, con lo que no habría escalada inflacionaria. Un disparate “teórico” que quedó en evidencia antes que la devaluación se concrete. Ahora los funcionarios designados por Macri hablan, cínicamente, de las “trampas” sembradas por el kirchnerismo.
Macrismo y kirchnerismo representan a la clase capitalista que embolsa los aumentos de precios. Pero el costo del ajuste recae en el bolsillo de los trabajadores.
¿Quién les pone un freno a los especuladores?
El futuro ministro del Interior, Rogelio Frigerio, indicó que “vamos a hacer correcciones en las tarifas con el mismo criterio que usaremos en todas las políticas públicas, cuidando a los sectores más vulnerables y a toda la sociedad en su conjunto”.
Más allá de los “cuidados”, las empresas de energía hace rato festejan en la bolsa el tarifazo prometido.
Un verdadero control de precios es una cuestión de clase. No puede quedar en manos de quienes garantizaron las ganancias empresarias de todos estos años ni en los gerentes de las multinacionales que nombró el macrismo. Debe ser la acción de los trabajadores y los sectores populares, organizados en comités para controlar precios, pero también el stock de las empresas para poner a disposición de los consumidores todos los productos.
Si los trabajadores de las fábricas de la alimentación y de otros productos básicos, organizados en comités de control, exigieran la apertura de los libros de contabilidad develarían los costos verdaderos y pondrían en evidencia las ganancias de los especuladores.
Y a su vez esto contribuiría a determinar la diferencia real entre el costo de los productos y sus precios en las góndolas, demostrando las remarcaciones siderales. Hay que acabar con el secreto comercial.
Por otro lado la estatización de todos los bancos y una banca estatal única permitirían dar créditos baratos y acabar con las gigantescas ganancias financieras. Entre otras muchas estafas están las cargas en los pagos con tarjeta, sumas enormes que los supermercados descargan en los precios para después hacer los días de “descuento”.
Organizarse para defender el salario y el trabajo
El ajuste en curso también se manifiesta en la lucha de los trabajadores de Cresta Roja, Metalsa, Coca Cola o Hutchinson en defensa de sus puestos de trabajo.
El 12 de diciembre sectores combativos de la clase obrera de la Zona Norte del Gran Buenos Aires se darán cita para agrupar a la vanguardia y a la izquierda y plantear la coordinación de las luchas para enfrentar el ajuste. Es el primer paso hacia un gran encuentro nacional del sindicalismo combativo.
Allí se propondrán impulsar un gran Encuentro Nacional del Movimiento Obrero Combativo y la Izquierda para los primeros meses de 2016. La idea es agrupar a miles de dirigentes y activistas independientes de la burocracia sindical (que ya entró en la tregua) para pelear por un programa en defensa de un salario equivalente a la canasta familiar que recupere poder de compra frente a la inflación; por paritarias libres y sin techo; contra los despidos; por el pase a planta de todos los contratados y precarizados; rechazar los tarifazos y exigir la estatización de las empresas de servicios públicos; frente a la devaluación y el ajuste fiscal luchar por impuestos progresivos a las grandes fortunas y la nacionalización de la banca y el comercio exterior para que el ahorro nacional esté en función de las necesidades de las grandes mayorías trabajadoras -incluyendo créditos baratos a los pequeños productores- y no de garantizar las superganancias de los grandes empresarios.
En lo inmediato está planteado exigir plenarios de delegados y asambleas para votar un plan de lucha, por un aumento de emergencia frente al alza de precios, y más aún frente a la perspectiva inmediata de una devaluación que significará mayor carestía. Qué la crisis la paguen los capitalistas.
Pablo Anino
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