Desde que, bajo presión de los mineros, fue expulsado Sergio Taselli como concesionario de la fallida privatización de la mina de Río Turbio, la empresa está intervenida por el Estado nacional.
Históricamente, los trabajadores y las poblaciones de esta cuenca carbonífera vienen planteando la construcción de una usina que queme el carbón en la zona para abaratar costos y hacer viable el emprendimiento minero en el que actualmente trabajan 3.000 obreros y es la actividad económica vital en la región.
El Partido Obrero fue una de las primeras fuerzas que levantó la consigna de construir la usina, especialmente en tiempos en que Menem y Kirchner tenían en vista el cierre del yacimiento a mediados de los '90.
La lucha minera de esos tiempos con ocupaciones y marchas a la capital, votadas en asambleas comunitarias, salvó el yacimiento, y luego la absurda muerte de 14 mineros en 2004 creó tal conmoción que (como en la tragedia de Once) derivó en sustanciales inversiones y la construcción de la usina y el interconectado. Toda una nueva generación de compañeros mineros se ha incorporado al trabajo.
Miles de millones ha invertido el Estado desde entonces y la corrupción de las gestiones más la ineptitud de los responsables técnicos ha derivado en que buena parte de ese dinero se haya dilapidado. Las condiciones de seguridad en el trabajo siguen siendo precarias y la capacidad de producción de carbón para la usina está en duda por la falta de planificación adecuada.
El Congreso del carbón
Una primera reacción obrera fue el Congreso del Carbón de 2013, cuando los mineros reclamaron comisiones de seguridad con poder para detener las actividades cuando exista un riesgo de accidente. Plantearon el control obrero, hicieron numerosas denuncias y exigieron una figura legal de empresa carboeléctrica estatal con gestión paritaria de trabajadores y el Estado.
En la gran asamblea donde cerró este congreso pusimos a disposición de las resoluciones allí votadas las bancas recién conseguidas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El radical Raúl Costa prometió apoyar.
Sin embargo, el gobierno que preparaba un negociado con la explotación de la usina y prefería la figura de intervención, ya que así elude varios controles, dio largas al asunto.
En abril, el Partido Obrero decidió presentar su propio proyecto que denominamos "carboeléctrica estatal obrera".
Una segunda reacción obrera estalló en octubre, semanas antes de las elecciones, cuando las denuncias del sector vial de los talleres pararon el sector y establecieron un piquete. Reclamaban el fin de contratos con empresas amigas de los administradores, la salida del gerente Lisse, el tratamiento de la figura legal de la empresa en el Congreso y la inversión para reactivar los propios talleres, parados por falta de insumos. La huelga y los piquetes rápidamente se fueron extendiendo a toda la mina y la conducción kirchnerista de ATE seccional debió realizar varias asambleas generales.
Las negociaciones comenzaron después de las elecciones de octubre: Lisse tiene licencia y se cortaron varios contratos con terceros, a la par que se habilitó el tratamiento de la figura legal en el Congreso. La huelga se suspendió luego de casi tres semanas, a la espera de la ley. Algunos sectores, como Punta Loyola, continuaron la huelga en reclamo de la remoción de sus jefes.
El proyecto oficial
El proyecto oficial le otorga a la provincia el 45% de las acciones, con un derecho a veto del que carecen los demás integrantes del directorio.
En el artículo 4 del estatuto social planteaba que la explotación será "por sí o por terceros", preparando explícitamente la concesión de la usina, que, conviene aclarar, va a ser siempre negocio, ya que cuando no haya carbón va a quemar gas.
La CTA seccional convocó, entonces, un plenario para debatir el proyecto. En la reunión se resolvió emitir un documento para los bloques legislativos y en el mismo se plantearon tres ejes: no a la tercerización; mayor participación de los trabajadores en el Directorio y control obrero en la fiscalización.
El bloque del FIT se encargó de hacer llegar a los diputados estas objeciones, que fueron avaladas por la CTA provincial. Pablo López habló en la comisión. Se logró eliminar ese párrafo privatizador del artículo 4.
Fue la decidida intervención parlamentaria de la izquierda la que definió la situación del quórum, no sólo por Río Turbio sino por varias leyes obreras que estaban en juego. El radical Costa estuvo ausente. Pablo López intervino en la sesión y propuso modificaciones en función del proyecto del PO y la nota de la CTA Autónoma, para que el directorio tenga mayoría obrera y que la comisión fiscalizadora sea formada por trabajadores electos y revocables por sus propios compañeros, como un elemento clave para evitar un nuevo vaciamiento y el manejo corrupto de los fondos. Las modificaciones propuestas fueron rechazadas.
Hay que ver si llega a ser ley la media sanción; los senadores podrían sesionar el 9, y aún aprobada, Macri tiene el recurso del veto. La ley votada, de todos modos, deja abierta la puerta a una eventual concesión a privados. Tampoco ha establecido forma alguna de control obrero, sólo la participación de un trabajador en el directorio, que ni se sabe cómo se elegiría.
La media sanción constituye un paso adelante para defender la continuidad del yacimiento y de la puesta en marcha de la usina, pero la crisis recién comienza.
El Partido Obrero ha batallado por la gestión obrera de la empresa estatal y para que se investiguen todos los negociados desde Taselli en adelante. Hemos logrado interesar a la CTA y a una parte del activismo al respecto. Este es el programa que continuará más vigente que nunca si se concreta la empresa estatal carboeléctrica.
Prensa Obrera
No hay comentarios:
Publicar un comentario