Los días previos al traspaso presidencial han quedado dominados por un culebrón entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri, en torno de si los atributos de mando serán entregados en el Congreso o en la Rosada. La Presidenta saliente se ha servido del ceremonial para armar un escenario de ‘resistencia', en supuesta oposición a los ‘poderes concentrados'. Pero la transición política encierra cuestiones mucho más graves que un bastón y una banda: lo que está en juego es el desenlace de una bancarrota nacional.
Mientras Cristina Kirchner peleaba con Macri, el futuro ministro de Economía Prat Gay recibía al periodismo y se declaraba "un ministro sin cartera".
Podríamos agregar: y con muy pocas respuestas. La seguridad del gabinete "técnico" del macrismo comienza a trastabillar al compás de la crisis. La decisión de levantar el cepo está condicionada a que aparezcan los dólares necesarios para ello. Pero no hay claridad respecto de dónde saldrán. Los futuros funcionarios especulan con el préstamo de un Brasil en estado de insolvencia (una tentativa similar ensayada por Scioli provocó "profundo malestar" en el gobierno de ese país). Los préstamos de organismos multilaterales aparecen asociados a planes de infraestructura que no están anunciados, y demandarían un tiempo mayor al de las urgencias planteadas por la crisis. Otro capítulo es el de la liquidación de divisas del campo, que también aparece enrevesado. El presidente de una de las principales multinacionales de agroquímicos anticipó que "los productores no van a vender sus granos con un dólar de menos de 15 pesos" (Clarín, 6/12). El hombre reclama una devaluación del 50%, sumada a la rebaja ya anunciada de los impuestos a la exportación. Pero incluso en esas condiciones los monopolios exportadores y pooles de siembra podrían optar por unas ventas a cuentagotas: los pulpos temen que si se vuelcan en masa al mercado internacional, podrían terminar agravando la caída de los precios. La ‘salida exportadora', como se ve, choca con un mercado mundial en picada. Lo mismo ocurre con la pretensión de "traer dólares", en un momento en que éstos refluyen de los países emergentes.
En este cuadro, Prat Gay tiró el anuncio de un "acuerdo económico y social" para poner en marcha en el primer trimestre del año. La receta es tan vieja como conocida: el acuerdo legalizaría toda o la mayor parte de los aumentos producidos en estos meses, pero buscaría encorsetar a los salarios en las vísperas de las paritarias. El gobierno que no sabe cómo levantar el cepo al dólar ya se prepara, sin embargo, para colocarle un cepo a los salarios. Por lo pronto, la suba del mínimo no imponible sobre ganancias ha pasado a marzo, para cuando vuelva a sesionar el Congreso. Después de su entrevista con Macri, Moyano se limitó a culpar de estos zarpazos al gobierno que se va (y al cual, sin embargo, le otorgó una tregua de casi dos años). La burocracia ingresa a la transición presidencial convalidando el ajuste en marcha.
Es necesario que deliberemos, en los lugares de trabajo, sindicatos, organizaciones juveniles y populares, sobre esta situación de conjunto, y establezcamos un programa para que los trabajadores no paguemos la crisis. En lo inmediato, es urgente el reclamo de un bono especial o doble aguinaldo para fin de año, junto a un aumento de emergencia para jubilados. Por paritarias libres, por la indexación mensual de los salarios, por la anulación del impuesto al salario, la prohibición de suspensiones y despidos y el fin de la precarización laboral.
Del zarpazo al acuerdo social
Lo único cierto y verdadero de la transición presidencial ocurre fuera de las reuniones de futuros ministros es la estampida brutal de los precios, que tiene lugar en las barbas de los todavía funcionarios del gobierno "nacional y popular". En sólo un mes, los principales cortes de carne crecieron entre un 40 y un 45%, el pan común aumentó un 50% y el pollo más del 30%. En este punto, los que se quieren ir "en el Congreso" coinciden con los que quieren "asumir en la Rosada": los aumentos estarían descontando la devaluación que se viene. Con ello, justifican a los agiotistas. Pero principalmente, ocultan a los nuevos aumentos que vendrán, cuando los exportadores de alimentos consigan colocar su producción con un dólar de 14 ó 15 pesos, y casi sin impuestos a la exportación. En otro flanco del nuevo gabinete, los ministros de Energía y de Transporte diseñan las nuevas tarifas "normalizadas", para que los subsidios a los monopolios energéticos o de autotransporte sean reemplazados con una exacción a trabajadores y consumidores. La palabra "rodrigazo" ha aparecido, después de mucho tiempo, entre los comentaristas políticos, pero con connotación de pánico. Ello, porque "no están dadas las condiciones políticas para hacer un shock", comentó a La Nación (6/12) un opinólogo de derecha.
Marcelo Ramal
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