Un año con Julio López desaparecido.

El 18 de septiembre, Julio López tenía que presentarse para participar de los alegatos contra el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz. No llegó. Desde ese momento, se ha convertido en un ex detenido- desaparecido vuelto a desaparecer. A un año de su secuestro, el Gobierno no ha dado respuestas excepto por las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, que lo dio por muerto. Por PDF y ANRed.

Por ANRed - Sur

Era lunes. Era el día de los alegatos contra el ex comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que había comandado la patota que lo había secuestrado y torturado. Julio tenía que estar en la sala del Tribunal que presidía el juez Carlos Rozanski para las 10. Pero no llegó. Desde ese instante, Jorge Julio López está desaparecido.

La ausencia, primero; Etchecolatz, en el banquillo; la necesidad de alegar contra el asesino y la imposibilidad de hacerlo sin el querellante. Todo se mezclaba. "Se demoró el juicio como dos horas. Ya le habíamos pedido al Tribunal que dejara alegar a los abogados y nos había dicho que no. Finalmente, decidimos que iban a entrar ellos seis y pedir públicamente que los dejaran alegar porque Julio no había llegado", revive Adriana Calvo.

Las escenas se fusionaban. Era la incertidumbre y la certeza de que algo había pasado. "Entraron todos y yo me quedé sola con los periodistas, que me exigían con 20 millones de micrófonos saber qué pasaba. Los miré a todos y les dije: 'El juicio no empieza porque Julio López está secuestrado'", recuerda la integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos (AEDD).

"Estaba convencida de que el único motivo por el cual Julio podía no haber llegado ese día a ese lugar era porque lo hubiesen interceptado en el camino". No había otra explicación para la ausencia de ese hombre de 77 años que había jurado que esta vez era "por los compañeros" que daría su testimonio para que enviar a Etchecolatz a la cárcel por torturador y asesino.

Las causas de su desaparición eran las mismas que llevaron a los 30 000 desaparecidos a dar la vida: el compromiso. Los objetivos de los desaparecedores tampoco variaron en el tiempo. "El contenido principal del mensaje es: 'Estamos y podemos', una muestra que los grupos fascistas ligados a los antiguos grupos que actuaban en la dictadura nunca fueron desarticulados y que no están decididos a resignar 30 años de impunidad tan fácilmente. Mucho menos cuando desde las estructuras del Estado se les ha dado continuidad en el aparato represivo, en agencias de seguridad e incluso algunos partidos tradicionales como el Partido Justicialista o la Unión Cívica Radical (UCR) que los han llevado en sus listas electorales, como pasó con Luis Patti o como ocurre actualmente en Tucumán, donde amparados por el doble discurso de José Alperovich y del gobierno nacional, los genocidas se reciclan y se acoplan al Frente para la Victoria. La desaparición tiene ese objetivo: buscar un nuevo "punto final", esta vez de hecho ya que las condiciones políticas aun no les son favorables como para que el gobierno los absuelva sin más", sintetiza Myriam Bregman, abogada de la querella unificada de Justicia YA.

A lo que Calvo agrega: "Con la desaparición de Julio intentaron mojarle la oreja al gobierno, diciendo: 'A ver si sos capaz de'. Evidentemente, la respuesta fue que no. Entonces, tapa, encubre, complica y ensucia todo lo posible la causa judicial para que no se llegue nunca a descubrir quiénes son los responsables".

La causa judicial

Tal como viene denunciando Justicia YA desde hace cinco meses, la investigación judicial por la desaparición de Julio López está plagada de irregularidades. Indicios firmes que se pierden, pistas inverosímiles que se siguen. El saldo: a 365 días de su secuestro aún no se conoce qué pasó con Jorge Julio López.

Durante los primeros meses la causa siguió una línea de investigación tendiente a instalar la idea de que López había decidido ausentarse o que se había extraviado por el impacto emocional que le había provocado testimoniar contra su torturador. "Se hizo caso omiso al planteo de los organismos querellantes de que se trataba de un secuestro político, desperdiciándose así los momentos más importantes para resolver un caso de este tipo que son, justamente, los inmediatamente posteriores al hecho", denunció en abril Justicia Ya.

Tiempo después el caso que tramitaba en la justicia provincial pasó a manos de la federal, quedando a cargo del juez Arnaldo Corazza. "El juez sigue delegando la investigación en la policía federal, la provincial y la SIDE sin dirigirla ni siquiera controlarla. Su manifiesta inactividad se agrava con la absoluta ausencia del fiscal Sergio Franco", dejó en claro el documento presentado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones al cumplirse el séptimo mes de la desaparición de López.

"Todas las pruebas que nosotros aportamos fueron absolutamente desechadas. En cambio, podemos encontrar en la causa que hay una vidente peruana que soñó que era un ave que volaba por la provincia de Buenos Aires y La Pampa y lo veía Julio, y esto fue seguido", relata Nora López Tomé, integrante de la Asociación de Ex Detenidos- Desaparecidos.

Además, sostiene: "No fueron seguidas otras pistas que debieron haberlo sido. Por ejemplo, se tardaron más de seis meses en allanar la unidad de Marcos Paz, donde están los represores. Lo que encontraron allí, no lo usaron. Etchecolatz tenía dos agendas. Pero no ingresaron los teléfonos al sistema VAIC de cruce de llamadas para ver a quién había llamado". Irregularidades o complicidades a las que se le suman alarmantes señales de connivencia: "Etchecolatz recibe visitas cualquier día, a cualquier hora. No entran por el lugar indicado sino por una puerta lateral. Ha tenido visitas de diferentes personas, con diferentes nombres pero el número de documento presentado es siempre el mismo", detalla López Tomé.

Las respuestas obtenidas por parte del juez Corazza frente a los reclamos de las organizaciones de Derechos Humanos nunca parecieron ser las que debía dar. "El resultado concreto en la causa a raíz de la denuncia pública- que igualmente la vamos a seguir haciendo, por supuesto- es que el juez decretó el secreto de sumario y se enojó muchísimo con nosotros. Quince días de secreto de sumario y nada", detalla Calvo. "El juez no lo puede decretar porque sí".

Pistas

El avance más notorio en la investigación se conoció el domingo último. Tuvo que pasar más de 360 días para que se relacionara a un ex secretario de Etchecolatz con el secuestro de Jorge Julio López. Tal como señaló el diario Página/12, los investigadores notaron una extraña presencia alrededor de López en una fotografía de una reunión de la que había participado el testigo clave, prueba aportada por los organismos de Derechos Humanos. Esa compañía no era otra que la de Oscar Raúl Chicano, mano derecha del represor condenado el año pasado a cadena perpetua. Sin embargo, del artículo de Adriana Meyer salta a la luz la lentitud con que se manejó la investigación: "Hace nueve meses esas fotos llegaron al juzgado por la sospecha de que el desconocido hubiera espiado a su entorno para realizar la inteligencia previa a su secuestro", sostiene la periodista. A esto se suma, el descubrimiento de que una ex asistente de Etchecolatz vivía justamente a pocos metros de la casa de López.

Las inspecciones que habrían arrojado estos datos se realizaron semanas atrás pero sin la presencia del juez, tal como hicieron saber las organizaciones de Derechos Humanos. "Estos allanamientos están vinculados a una pista que entregó la querella en diciembre. Es el indicio más serio que tiene esta causa. No hicieron nada durante diez meses y se hicieron los allanamientos sin la presencia del juez, ni la del fiscal y sin la presencia de la querella porque no nos avisaron", explica Adriana Calvo. También, la integrante de la AEDD recalca que todo el operativo quedó en manos de la fuerza de seguridad que justamente está bajo la lupa: "Los allanamientos quedaron en manos de la policía cuando son los policías los acusados".

Otra línea que complementaría la investigación por el secuestro de López sería la aportada por un periodista de la agencia de noticias alemana DPA. La información suministrada por el corresponsal indicaría que el Gobierno Nacional tendría información sobre el destino de López desde fines del año pasado.

"El periodista declaró que hay una organización no gubernamental que sospechaba que cierta gente que conocían podía estar vinculada con el secuestro. Con esa sospecha fueron a ver a un funcionario del Poder Ejecutivo nacional, quien a los pocos días les contestó que la información era cierta", relata Calvo. Los datos que la funcionaria del Ministerio de Justicia- que sería la interlocutora- habría corroborado serían, tal como detalla Calvo: "Que esa gente estaba vinculada, que lo habían matado a López, que habían quemado su cadáver. Y que se cuidaran".

De la declaración del reportero de DPA se desprende que el Gobierno conoce qué ha pasado con López y quiénes intervinieron en su secuestro desde los primeros días de noviembre de 2006. "Se podría desmentir todo. El problema es que la denuncia es concordante con lo que hace el Gobierno. Porque si viéramos un interés frenético por descubrir quién secuestró y dónde está López, uno podría decir que el periodista está loco pero creo que DPA lo habría echado si fuera así", esclarece.

"Aparición con vida. El Gobierno es responsable"

Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003, desde ese día se proclamó como "hijo de las Madres de Plaza de Mayo" y como el jefe del "gobierno de los Derechos Humanos". Sin embargo, es el primer gobierno en el que hay un desaparecido por motivos políticos y al que el Presidente apoda el "compañero Tito".

"La desaparición de Julio es producto de un secuestro de características netamente políticas, como en la dictadura, de mensaje político para el conjunto de la sociedad. Constituyó una de las primeras grandes crisis de este gobierno que se asentó en un discurso sobre derechos humanos para contraponerlo con los infames años menemistas. Este secuestro vino a develar, de la forma más terrible, lo vacío ese discurso, y a demostrar que la impunidad sigue vigente en la Argentina", sentencia Myriam Bregman, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y de la querella unificada de Justicia YA.

"En esta democracia basada en última instancia en la represión, ningún gobierno de este sistema va a encarcelar a todos y cada uno de los represores. Basta ver para qué intereses económicos gobierna el matrimonio Kirchner para entender que no van a desarticular el aparato represivo que hizo el golpe en su beneficio en 1976. Es por eso que no pueden tomar siquiera medidas elementales que cualquier gobierno que se precie de ser mínimamente democrático debería tomar. Los números hablan por si solos: de los más de 100.000 integrantes que tenían las fuerzas armadas y policiales que llevaron adelante el plan de exterminio, solamente el 17 por ciento de los 250 que están detenidos lo están en una cárcel y solamente 2 de ellos han sido condenados desde la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. Es decir, la responsabilidad del gobierno parte de tener una visión que podríamos llamar "utópica" (y reaccionaria) al creer que podría juzgar tranquilamente dos o tres genocidas muy expuestos, ganar apoyo social y avanzar hacia la reconciliación", agrega la abogada.

La desaparición de López, las innumerables amenazas a Nilda Eloy, el secuestro de Felisa Marilaf dejan en evidencia que los testigos fundamentales en los juicios contra los represores no cuentan con la protección necesaria. De hecho, Marilaf estaba bajo la protección aportada desde el Estado y fue interceptada y subida a un auto. "Aquello que daría más protección y seguridad a cualquiera de los testigos es aquello que no se hace", había dicho meses atrás Nilda Eloy a ANRed. Además, había agregado que lo lógico sería que quienes brinden su testimonio en juicios vinculados al genocidio en la Argentina recibieran la custodia de una fuerza "mientras en ella no existieran efectivos que deberían estar en la cárcel".

Tanto desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires como desde el nacional se denunció reiteradamente la presencia de "vestigios" de la dictadura dentro de las fuerza de seguridad. Se conocieron cifras, se habló de más de nueve mil efectivos bonaerenses que sirvieron en la dictadura que aún continúan en actividad. Sin embargo, sólo fueron denuncias.

"Estamos convencidos que estos grupos actuaron en la desaparición del compañero; ahora, una cosa es lo que puede opinar cualquiera de nosotros y otra cosa es lo que diga el gobierno, único responsable a más de cuatro años de gobierno de que esta situación se mantenga. Sólo en la policía de la Provincia de Buenos Aires hay 9026 policías de la dictadura, de los cuales 3102 actuaron entre 1976 y 1978, período en el que, como reconoció el ministro León Arslanián, las comisarías de la provincia actuaron como centros clandestinos de detención", señala Bregman. "Ese es el doble discurso: el presidente Kirchner se refiere a Julio como el "compañero Tito" mientras mantiene en funciones a los mismos que ya lo secuestraron en la dictadura militar; es más, a algunos de esos personajes se los pone a cargo de la investigación de esta nueva desaparición de Julio".

Julio López. Desaparecido

Nada se sabe de Julio López. No hay rastros. Nada. El mismo crimen aberrante que se reproducía sistemáticamente durante la última dictadura, la misma incertidumbre, el mismo encubrimiento, la misma complicidad. López está desaparecido.

El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock, admitió el domingo en el diario Perfil la posibilidad de que Jorge Julio López haya sido asesinado:"Si estuviera vivo, a esta altura alguien lo hubiera visto. Tratamos de ser prudentes por la única razón de que todavía no apareció el cuerpo". Sin embargo, tras la publicación de la nota, Binstock debió difundir un comunicado en el que aclaraba que su intención era decir que "el paso del tiempo hace que resulte difícil ser optimista sobre el paradero de López".

La explicación a este "desliz", quizás, deba buscarse en lo que Adriana Calvo explicaba el año pasado: "Un cadáver provoca reacciones. Provoca furia. Provoca reclamos, exigencia de justicia. Una desaparición provoca parálisis. Provoca duda, miedo a reclamar".

López está desaparecido. Hubo parálisis, dudas, miedo. De vuelta, el mismo terror. De vuelta, los mismos métodos. Pero, también, de nuevo el compromiso. Ese mismo que guió a López a revivir su calvario en manos de Etchecolatz. Ese mismo que a pesar de la amenaza de Etchecolatz de "Ustedes no me condenan, se condenan", llevó a las calles cada 18 para desgarrarse en el grito de "Ahora, ahora, resulta indispensable: Aparición con vida y castigo a los culpables".