Entre la hipocresía y la impunidad en la lucha contra los represores
- Prensa de Frente, desde Salta- Por esas ironías de la historia contemporánea, la provincia del norte argentino fue el escenario en donde confluyeron militantes sociales, campesinos, de derechos humanos, antropólogos cubanos, miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación, jueces y fiscales federales. Ellos, más los confusos representantes de Greenpeace. Cursos de acción con objetivos enfrentados en el feudo del gobernador menemista Juan Carlos Romero, un aliado de la Concertación Plural K.
Un recoleto hotel cinco estrella fue el ámbito propicio para que más de medio millar de conspicuos miembros del Poder Judicial deliberaran en la capital de esa provincia con el objeto de unificar un discurso de presunto funcionamiento independiente y demandar mayor presupuesto para el 2008. Como era de esperar, la marcha de los juicios por las violaciones a los derechos humanos no acaparó su preocupación en lo más mínimo. Un olvido deliberado que fue interrumpido cuando algunos de ellos se vieron obligados a recibir a miembros de la familia de Miguel Ragone, ex gobernador peronista secuestrado días antes del 24 de marzo de 1976, quienes le reclamaron garantías para que la causa por la que se investiga su detención ilegal sea esclarecida y sus autores condenados. Además del aporte de fiscales y jueces que facilitan la impunidad ¿Quien puede haber cerrado las deliberaciones? Juan Carlos Romero, quien elogió el funcionamiento y la independencia del Poder Judicial...
No es para menos: Romero acaba de lograr, en el marco de su hostigamiento a la prensa independiente, que la Justicia condene al colega Sergio Pomes porque afectó su “honorabilidad” al acusarlo de apañar la corrupción. Precisamente ese fue uno de los reclamos del plenario de la militancia en el Encuentro por la Memoria, por la Verdad y la Justicia de Salta: denunciar a Romero, además de exigir la celeridad de los juicios a los genocidas y la cárcel común para cumplir la condena. También, el de la situación de indefensión jurídica de las familias campesinas e indígenas que son desalojadas de sus tierras con la complacencia de la Justicia, y el de la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento del activismo social.
Acciones que incluyeron un impensado reclamo judicial en el Juzgado Federal de esa ciudad por los restos de combatientes del Ejército Guerrillero del Pueblo ( EGP), tras la represión de la Gendarmería en 1963. Entre otros, por los de Ricardo Masetti, quien bajo el nombre de “Comandante Segundo” se instaló en las selvas de Orán en el primer intento de la estrategia del “Che”Guevara de abrir un frente de combate rural en el sur de América Latina.
Un gesto político para contradecir a quien con Masetti, armó la agencia de noticias Prensa Latina, Rodolfo Walsh, que escribió “ Masetti no aparece nunca. Se ha disuelto en al selva, en la lluvia, en el tiempo...”.
Es que los restos de Masetti -como se afirma en el texto judicial-, al igual que los de Oscar Altamira Guzmán, fueron ocultados por la Gendamería como un botín de guerra en su historia oficial.
Masetti libró su última batalla en las selvas de yungas, donde paradójicamente se cruzan los "activistas" de Greenpeace defendiendo mediáticamente el desmonte y especialistas cubanos en la búsqueda de los cuerpos de los guerrilleros. Protagonistas de una historia que ubica de un lado a los represores y del otro, a los que al margen de la manipulación oficial de los juicios, militan contra la hipócrita neutralidad del recuerdo y de la justicia.
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