En Tierra del Fuego y Santa Cruz los trabajadores llevan meses de lucha. Las gobernadoras del FpV aplican ajustes como el macrismo, y criminalizan la protesta. El rol de las cúpulas sindicales.
A casi seis meses del cambio de gobierno, los discursos electorales han quedado lejos, y la realidad se muestra bien distinta de la prometida en tiempos de campaña.
En el caso del macrismo, pronto quedó en evidencia que las promesas solo serían cumplidas para los grandes empresarios, pero no para el pueblo trabajador, que en este período solo ha recibido tarifazos, inflación y despidos. Ni siquiera cumplió Mauricio Macri con la anulación del impuesto al salario, que había sido una de sus banderas contra el kirchnerismo. Ahora, las promesas del PRO para los trabajadores se han postergado para el segundo semestre, el cual, sin embargo, se acerca rápidamente sin buenas noticias a la vista.
Por el lado del Frente para la Victoria, los primeros días del macrismo en el poder lo encontraron en las plazas hablando de la “resistencia con aguante” al nuevo proyecto, para defender las conquistas del “modelo”. Sin embargo, pasado el verano hubo que pasar de las palabras a los hechos, y éstos últimos dieron un veredicto bien distinto: el Frente para la Victoria votó en el Senado el acuerdo con los holdouts enterrando para siempre el discurso de “Patria o Buitres” y, en las provincias donde gobierna, aplica fuertes ajustes y represiones, al igual que el macrismo.
Los casos de Tierra del Fuego y Santa Cruz son emblemáticos al respecto. En ambas provincias, gobernadas por el Frente para la Victoria, tienen lugar desde hace meses importantes luchas contra fuertes ajustes económicos.
En el caso de Tierra del Fuego, trabajadores y trabajadoras estatales, docentes, de la salud y municipales pertenecientes a más de 25 gremios enrolados en la Unión de Gremios, llevan casi 90 días con masivos paros, movilizaciones, cortes de ruta y un acampe frente a la Casa de Gobierno. Rechazan el paquete de leyes de ajuste impulsado por la gobernadora Rosana Bertone, que también es Vicepresidenta del PJ. El mismo fue votado por la Legislatura provincial en la madrugada del pasado 9 de enero, y establece el congelamiento y la reducción salarial, la suspensión de paritarias durante el 2016, la suba de la edad jubilatoria, impuestos al consumo y recortes de planes sociales, entre otras medidas que atentan contra los derechos más elementales de los trabajadores de la provincia.
La gobernadora no sólo ha hecho oídos sordos a esta masiva lucha contra el ajuste, sino que responde con represión. En la madrugada de este jueves 31 de mayo el acampe de los trabajadores frente a la Casa de Gobierno en Ushuaia fue reprimido y desalojado por las fuerzas antimotines con una violencia que incluyó golpes, gases lacrimógenos, perros lanzados contra los trabajadores, incendio del acampe por parte de personal civil de las fuerzas policiales, así como presencia de personal de la Policía Científica filmando a los manifestantes para luego imputarles causas penales. Hay trabajadores heridos y hospitalizados. Esta represión ya había tenido un antecedente con la detención de dirigentes gremiales de la provincia semanas atrás.
En Santa Cruz la situación no es muy distinta. Esta semana la provincia está convulsionada: están de paro los docentes, los estatales, los viales, los municipales hacen retención de tareas, y también hay conflicto en el sector petrolero. Es una provincia que en todo su paisaje está atravesada por piquetes, marchas y acampes.
Sin embargo, esta situación no es de ahora. La lucha contra los ajustes de la gobernadora Alicia Kirchner lleva más de 100 días. La respuesta no solo ha sido el rechazo a las demandas, sino también represión, como la que tuvo lugar en las puertas de la Legislatura el pasado jueves, y ahora un intento de derrotar la lucha docente por medio de la amenaza de no pagar los salarios. Las “listas negras” contra el activismo ya son método habitual de la gobernadora del Frente para la Victoria.
Las cúpulas sindicales sostienen el ajuste
El macrismo y los gobiernos provinciales han llegado hasta este punto sin perder el control de la situación debido al rol de las cúpulas de las centrales sindicales, que a pesar de la inflación, los despidos, los tarifazos, la entrega nacional y la represión, no han convocado a solo un paro nacional. Las prebendas (como el manejo de los fondos de las obras sociales) son más importantes para esta casta millonaria que las necesidades de los trabajadores. En el caso de los dirigentes de las distintas CGT, ya han dejado bien claro que nada piensan hacer más que “ollas populares” para disimular la tregua. Esta burocracia que enchaleca la fuerza de los trabajadores es la principal fortaleza del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para que pase el ajuste.
En el caso de las CTA, han anunciado para este jueves una movilización a Plaza de Mayo contra los despidos, los tarifazos y el veto a la ley antidespidos. Aunque son consignas correctas, esta movilización tiene importantes límites de entrada. No sólo que la medida no ha sido votada por ningún trabajador en las bases, y por lo tanto nace débil, sino que no se trata de un paro nacional, y su convocatoria nada dice sobre las importantes luchas de Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Particularmente es imprescindible que la CTERA conducida por la CTA de Yasky convoque de inmediato a un paro nacional de toda la docencia para apoyar los reclamos de los gremios del sector que están dando las duras peleas en Tierra del Fuego y Santa Cruz, y para repudiar la represión. Yasky, Baradel y la CTERA vienen dejando solos a los docentes en lucha de estas provincias, que solo podrán triunfar si tienen detrás un fuerte respaldo nacional. La exigencia es clara: estos dirigentes no pueden priorizar su apoyo al Frente para la Victoria por sobre los intereses de los trabajadores. Este es el planteo que se ha llevado este martes desde la izquierda y los docentes combativos a las asambleas de los distintos Suteba. Sin embargo, los dirigentes kirchneristas se han negado en las asambleas a convocar al paro.
Desde la izquierda, ayer la diputada nacional Myriam Bregman sostuvo que “Tierra del Fuego y Jujuy son la avanzada del ajuste, la represión y la criminalización de la protesta llevados adelante por los Gobiernos del PJ-FpV y de Cambiemos. Repudiamos estos hechos y nos solidarizamos con los gremios fueguinos en lucha. Nuestras bancas a nivel nacional están a disposición de las medidas que lleven adelante para frenar esta avanzada”.
Por otro lado, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convoca a una concentración para hoy a las 11 h frente a la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires, Sarmiento 745.
Fernando Scolnik @FernandoScolnik
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