lunes, 31 de agosto de 2015

Grecia: del plebiscito del No al plebiscito del Sí



La mayor parte de la prensa ha elegido dar una interpretación constitucional a la renuncia del gobierno de Syriza con la finalidad de convocar a elecciones para el mes que viene. De acuerdo a esto, el primer ministro Tsipras se habría visto forzado a esto a partir del momento en que su coalición perdió la mayoría propia, debido a la deserción de una cuarentena de diputados de su bloque, opuestos al memorando de ajuste que Grecia firmó con la Troika -el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La realidad es diferente: Tsipras decidió evitar el Congreso de Syriza, que habría debido discutir su giro político de 180 grados e, incluso, el riesgo de no conseguir una mayoría suficiente para respaldar la capitulación política de su gobierno ante los Estados europeos. El llamado a elecciones fuerza una escisión de su frente político y lo habilita a expulsar a los bloques opositores. La Plataforma de Izquierda deberá concurrir a los comicios con lista propia y oficializar, a su pesar, la ruptura de Syriza. Los esfuerzos de esta Plataforma para evitar este desenlace fueron numerosos: muchos de sus diputados se habían abstenido de votar los planes de rescate, con esa declarada finalidad, en lugar de votar No. La innovación ‘pluralista’ con que fue elogiada Syriza, en oposición al viejo método de la construcción de un partido y del centralismo democrático, voló por los aires apenas se enfrentó a problemas reales y culmina ahora con un golpe parlamentario y con la expulsión sumaria de sus disidentes.
La experiencia de Syriza, como alternativa política a la ‘casta’ griega se agotó a una velocidad impresionante; apenas un mes después de formar gobierno había abandonado, a finales de febrero pasado, todos los puntos de su programa para pasar a discutir la agenda de la Troika. Cuando, en junio pasado, convocó a un plebiscito para votar el No al paquete que reclamaban los acreedores, pocos percibieron el fraude de la convocatoria: por un lado, no era necesaria porque Syriza había sido mandatada precisamente para eso, para rechazar los memorandos y, por el otro, los términos del plebiscito no definían una política propia. Estuvo ausente la crítica a la maniobra política del gobierno. Por eso éste no tomó al No como un mandato sino como un callejón sin salida, del cual salió con un pacto con los acreedores varias veces peor que cualquier paquete previo. El actual memorando pone a todos los activos públicos de Grecia, e incluso a la banca privada, bajo la tutela completa de las autoridades europeas. Syriza había rebajado las tarifas de luz, e incluso reconectó sin costo a los que habían sido privados de electricidad. Esto se fue al diablo: ahora se privatizará la empresa estatal de electricidad.
El nuevo paquete, por 86.000 millones de euros, está destinado al pago de la deuda externa y al rescate de los bancos. El Banco Central Europeo acaba de declarar que espera que el control de los bancos por parte de la Troika produzca ¡un retorno de los depósitos que se fueron del sistema financiero! Grecia ha perdido el control de sus activos y de sus bancos; se ha convertido en una colonia de características completamente inéditas. Como lo han señalado muchos, es una variación apenas de la anexión del este de Alemania, que significó un remate gigantesco de propiedades estatales en beneficio del capital alemán. Antes de que se haya puesto el moño al paquete, Syriza entregó los aeropuertos a un consorcio alemán.
El pataleo que ahora emprende la Plataforma de Izquierda no debería engañar a nadie; esta corriente es un producto vencido. En un llamamiento a formar un Frente del No, previo al anuncio de la convocatoria electoral, no se plantea siquiera la expropiación de los bancos o el no pago de la deuda, mucho menos la formación de un gobierno de trabajadores -está repleto, por el contrario, de invocaciones contra la austeridad y por la justicia social. No llega a la altura del programa de Syriza de 2012. La Plataforma de Izquierda fue la principal cómplice de la línea capituladora de Syriza, y su posición actual es una adaptación a su propio fracaso.
Las encuestas acreditan a Tsipras un 40% de la intención de votos, lo cual permitiría la formación de gobierno. Este registro refleja, por un lado, la bancarrota completa de la izquierda de Syriza en todo el proceso de capitulación ante el imperialismo, que comenzó enseguida de entrar en funciones el nuevo gobierno y, por el otro lado, la desintegración de la derecha producida por el masivo voto por el No en el referendo del 5 de julio pasado. Al mismo tiempo, este oficialismo renovador ha armado una red importante de asistencia humanitaria, que oficiará como soporte electoral.
El derrumbe político y moral de Syriza no ha hecho avanzar a la izquierda revolucionaria de Grecia. Esto debería ser la parte fundamental de cualquier balance. En este fracaso intervienen varios elementos. Uno, es que parte de esa izquierda sustentó su oposición a Syriza en el planteo del retorno a la dracma, la vieja moneda griega, lo cual prometía una salida hiperinflacionaria, peor de lo que fue la ‘salida’ a la convertibilidad en Argentina. La crítica debió haberse sustentado en un planteo socialista transicional: no pago de la deuda, confiscación de los bancos, apertura de los libros de las grandes compañías, control obrero y un plan monetario propio.
De conjunto, sin embargo, el problema se encuentra en otro lado: en el momento más importante de la movilización popular, en mayo-junio de 2012, cuando se produjo un brusco giro de las masas contra los partidos tradicionales y hacia Syriza, la izquierda revolucionaria abordó ese momento prerrevolucionario de un modo propagandístico, que se confinaba al señalamiento de las limitaciones del europeísmo proimperialista de Syriza. No hubo un planteo de transición a favor de la consigna de Syriza, por un gobierno de izquierda, que impulsara comités de base y organizaciones extraparlamentarias al calor del ascenso que irrumpía (tres años más tarde, en las elecciones recientes, esa misma izquierda apoyaba correctamente a Hadep, la Syriza turca). Luego de esa irrupción, el segundo momento prerrevolucionario fue la movilización por el No, de breve duración, que demolió políticamente a la derecha (renunció la dirección de Nueva Democracia y se hundió aún más el Pasok). La capitulación de Syriza ante el paquete todavía más brutal de la Troika tuvo lugar, precisamente, cuando la presión contrarrevolucionaria interna había llegado a cero.
Habrá con seguridad nuevos giros de alcances todavía más profundos en el futuro, pero esto no exime a la izquierda revolucionaria de presentar un balance exhaustivo de su propia política. El propagandismo y el ultimatismo, los cuales tienen en común la renuncia a intervenir con consignas de transición en los procesos de masas que conducen direcciones democratizantes, han mostrado su completa esterilidad.
No hace falta decir que el golpe de Tsipras tiene patas cortas en función de que ahonda todas las penurias y cierra todas las salidas, ahora que la crisis mundial se profundiza con los acontecimientos de China. El agravamiento de la crisis no es, sin embargo, sustituto para un balance a fondo de la estrategia del factor subjetivo en el marco de esos agravamientos. Así lo demuestra el mayor revés de masas de los últimos años: el gigantesco retroceso de la llamada primavera árabe.

Jorge Altamira

La oportunidad de devaluar ya pasó



Durante varios meses estuvimos denunciando la salida devaluatoria de los ‘tres jinetes del ajuste'. Los aludidos negaban absolutamente estas intenciones. Incluso la propuesta del macrismo de "levantar el cepo" no fue presentada como una devaluación, esto porque se limitaría a reconocer la cotización de la moneda en el mercado paralelo -que por esas fechas se encontraba debajo de 13 pesos. Los asesores económicos de esos candidatos defendían, sin embargo, la devaluación, como la única vía para reconquistar un financiamiento internacional, que estaría muy barato, según ellos, en la actualidad. Para ello, coincidían todos -en especial el sciolista Miguel Bein- en que había que arreglar antes con los fondos buitre, o sea agregar unos 15.000 millones de dólares a la deuda externa sólo para empezar.
La devaluación de la divisa china altera, objetivamente, estos planteos. Ocurre que, lejos de incentivar un financiamiento del exterior, la devaluación del yuan ha acentuado la salida de fondos del país. Eso es lo que ya ocurre en Argentina, según lo registra el aumento de la cotización del dólar paralelo en diversos mercados. La devaluación de China incorpora, además, otro elemento explosivo, porque eleva la tasa de depreciación del peso, que necesitaría una devaluación, de Argentina. El mismo efecto tiene la desvalorización cada vez mayor del real de Brasil. En definitiva, el gobierno actual o futuro ha perdido el control de la devaluación.
Asistimos a un fenómeno parecido al que atravesó la convertibilidad de Menem, Cavallo, “Chacho” Alvarez y De la Rúa. La necesidad de salir de ella quedó en evidencia hacia finales de 1994, cuando la crisis de México (el ‘efecto tequila’) acentuó la recesión en Argentina. El menemismo, primero, y la Alianza, después, decidieron no moverse ni un milímetro del esquema, por temor a desatar una crisis superior. El inmovilismo económico en los siete años siguientes simplemente acentuó la dimensión de la crisis potencial. Lo ocurrido demuestra que la economía capitalista no se maneja con ‘planes’, debido a su naturaleza sustancialmente anárquica -que se disimula en la expresión ‘mercado’.
Lo que emerge de todo esto es la posibilidad creciente de una salida ‘desordenada' a la crisis actual, con todas las consecuencias políticas correspondientes. Esta perspectiva ha quedado inscripta en la propuesta de Manifiesto que hemos elevado a la mesa nacional del Frente de Izquierda.

Jorge Altamira

Tucumán: Del fraude a la rebelión popular

El 9 de agosto, Alperovich festejó el triunfo aplastante del oficialismo en las Paso. Con ese resultado, y apoyándose en el sistema electoral fraudulento y en todos los recursos del Estado -fondos públicos, medios de información y 150.000 personas atadas a planes sociales- apuntó a las elecciones provinciales para perpetuar a su camarilla en el gobierno provincial, los municipios y comunas rurales.
Por medio del régimen de acoples, un sistema que permite que los partidos presenten distintas listas de legisladores o concejales y confluyan con un mismo candidato a gobernador o intendente, Alperovich procuró saturar el escenario electoral y traccionar a la población con una multitud de listas -25.000 candidatos de casi 1.000 acoples. La mayoría respondían al oficialismo, pero también -varias decenas- a la oposición liderada por Cano-Amaya, quienes criticaron el sistema de acoples pero intentaron aplicarlo en su provecho.
En las semanas previas a la elección, emergieron denuncias de traslados domiciliarios truchos para inflar padrones y asegurar triunfos en comunas del interior. También recrudecieron las denuncias sobre manejos irregulares de la Junta Electoral, lo que terminó en una crisis en su interior. Dos de los tres miembros debieron renunciar 48 horas antes de los comicios. Sin embargo, todos los actos de la junta anterior fueron validados, entre ellos, la designación de los presidentes de mesa y veedores, en su inmensa mayoría punteros del gobierno.
El domingo 23 ocurrieron todo tipo de anormalidades, frente a las cuales no había manera de formular denuncias. Los presidentes de mesa actuaban con órdenes estrictas de no receptarlas. Falta de boletas, urnas que ya venían con votos, urnas llenas y cerradas para reemplazar a las que se estaban utilizando. En muchas escuelas, a los fiscales de mesa se les prohibía ocupar sus puestos con el argumento de que no estaban allí desde las 8 de la mañana. En otros casos, cuando sí estaban desde las 8, los echaban desconociendo sus credenciales.
Durante el comicio, en varios pueblos se produjeron robos y quemas de urnas realizadas por punteros de acoples oficialistas, en algunos casos con apoyo policial, cuando advirtieron que perdían la elección a manos de acoples rivales.
A la noche, en el centro de cómputos, los veedores del Frente de Izquierda impugnaron el sistema informático completamente fraudulento.

Las puebladas contra el fraude

Las denuncias que circulaban por las redes eclosionaron el lunes 24 en la Plaza Independencia, cuando una pueblada de 20.000 personas exigió la apertura de todas las urnas. Era un reclamo elemental frente al fraude. El gobierno respondió con una represión salvaje. La población volvió una y otra vez a la plaza, y en la periferia aparecieron barricadas para tener puntos de apoyo desde donde enfrentar la represión. Ese lunes aparecieron las primeras pancartas pidiendo la libertad de José Kobak y los demás compañeros. El martes 25, el Partido Obrero, apoyado por otros sectores de la izquierda, llamó a marchar con la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad para insistir en el reclamo de la libertad de los compañeros, denunciar el fraude y reclamar nueva elecciones, y confluir con la nueva autoconvocatoria.
El ingreso de la columna de la Comisión y del Partido Obrero fue saludado por miles de personas que ya se encontraban concentradas frente a la Casa de Gobierno. La nueva pueblada fue más numerosa (los medios señalan 35.000 personas) y politizada, pues numerosas personas fueron enconlumnadas con sus consignas y banderas partidarias. Ya no se limitó al reclamo a favor de Cano-Amaya, puesto que, como bien destacaron los medios, el fraude afectó a toda la oposición y en particular a la izquierda. El reclamo de nuevas elecciones se fue abriendo camino y también la necesidad de un paro provincial. Algunas columnas sindicales, bancarios y docentes universitaros, se hicieron presentes.

Perspectivas

La crisis política sigue abierta. Desde el gobierno procuran cerrarla y llegar a un acuerdo en el marco de la Justicia electoral. Si es necesario, "que se abran todas las urnas", dijo Alperovich. Desde la Junta Electoral, el presidente de la Corte admitió el planteo. Por esta vía el gobierno tiene la vaca atada, porque sabe que los resultados fraudulentos del interior le aseguran la primacía. Del lado de la oposición, la postura de Cano ha ido virando al compás de los acontecimientos. De reclamar la apertura de todas las urnas, pasó a pedir una nueva elección de gobernador, como si el fraude hubiera ocurrido y afectado sólo ese cargo. Es un planteo de compromiso con el régimen de punteros, que consagró cargos municipales y legislativos a través de los acoples. Pero incluso con este límite, el planteo no es acompañado por la mayoría de sus aliados, comenzando por Macri. El ex oficialista Amaya (hoy con Cano), y otros integrantes de la oposición que conquistaron algunas intendencias o fueron electos legisladores, no quieren saber nada de nuevas elecciones. Al calor de la crisis, la Alianza del Bicentenario comienza a crujir. En este escenario, el Partido Obrero, ante estas elecciones fraudulentas, exige nuevas elecciones generales para todos los cargos, y sin acoples. Es necesario darle continuidad a la movilización, que ha comenzado a extenderse a los pueblos del interior de la provincia, y debatir la necesidad de un paro general contra el fraude, convocado desde las puebladas y asambleas. En este miércoles, La Bancaria ha decretado un paro general, y las asambleas de Adiunt (docentes universitarios) en lucha por sus reivindicaciones, se han sumado a la denuncia y a la movilización.

Daniel Blanco

Cierres y suspensiones en la industria automotriz

Con preocupación se conoció en estas horas la suspensión de la producción de General Motors para el 28 y 31 de agosto, y 4 días en septiembre. La explicación se concentra en la menor demanda brasileña, agravado con que el 70% del armado local tiene destino en la exportación. Imposible cubrir en el mercado interno esa producción orientada al mercado externo, por límites en la capacidad de consumo local.
Al mismo tiempo, empezaron a llegar los telegramas de preaviso a los trabajadores de Paraná Metal, también asociado a la crisis automotriz. El comunicado oficial de la empresa señala que "teniendo en cuenta los cambios en el sector automotriz a nivel mundial, y en particular del Mercosur, la empresa toma el desafío de redefinir su plan estratégico al nuevo contexto. Paraná Metal trabaja en el sector de autopartes desde hace muchos años y buscará adaptarse a los cambios que el mundo y el mercado le van proponiendo. Se tomará el lapso de 60 días para evaluar el futuro de la compañía. Durante este plazo, se preavisará a los empleados de la posible finalización del vínculo laboral entre las partes".
Los preocupados directos con la situación son 205 trabajadores y sus familias, especialmente los operarios, unos 150. La posibilidad del cierre está sugerida por la comunicación de la patronal para fines de octubre.
Son informaciones, ambas, en el mismo momento que las estadísticas oficiales sugieren datos de recuperación de la actividad industrial, que evidentemente no alcanza para estos casos. Hace casi dos años que se procesa una baja de la producción industrial, especialmente en el sector automotriz. La incidencia en la economía fue morigerada por la expansión del sector agrícola y en los servicios. El impacto directo se asocia en el deterioro del empleo y los salarios. Las estadísticas oficiales no reflejan cabalmente el fenómeno y la cruda realidad de estos casos hacen visible el ajuste de la economía y sus perjudicados directos.
Lo real es que la combinación de la situación de crisis mundial se asocia a la lógica empresarial, concentrada en la ganancia presente y escasa vocación inversora, asunto que denuncian los trabajadores para el caso de Paraná Metal. Tampoco se consideran para este caso procesos de reestructuración de una planta con tecnología obsoleta y un contexto recesivo en el ámbito local, regional y mundial. Eso requeriría voluntad empresaria e inversiones en tecnología y preparación de la fuerza de trabajo, tanto como búsqueda de nuevos mercados y disputa asociada a sus propios trabajadores por reorientar el modelo productivo hacia una industrialización no dependiente.
Es mucho pedir para una burguesía con el solo objetivo de ganar y acumular. En ambos casos y como siempre, los perjudicados son los trabajadores. Las empresas tuvieron su fuerte expansión en el ciclo de bonanza económica entre 2002 y 2007, incluso en 2010 y 2011 y no promedian años en alza con otros en baja. La preocupación es por el rédito actual y la resolución siempre pasa por el eslabón más débil.

La crisis la pagan los trabajadores

Por eso, resulta interesante en este marco leer a David Harvey, que en su libro “El enigma del capital y las crisis del capitalismo” publicado en 2010 y en alusión a la situación de crisis mundial vigente remite a que “Fábricas, altos hornos, panaderías y cervecerías, en otro tiempo rentables y llenos de vida, se ven obligados a cerrar. El capital fijo incorporado a ellas se ve así devaluado, y las crisis locales enturbian la vida de los habitantes de esos lugares caídos en desgracia. Durante la década de los ochenta las acerías de Sheffield perdieron alrededor de 60.000 puestos de trabajo en solo cuatro años. La enorme acería de Bethlehem en Pensilvania ahora no es más que una concha vacía y silenciosa en la ciudad que en otro tiempo dominaba, aparte del edificio que se ha convertido en un estridente casino de juego”.
Esa mención al casino de juego puede asociarse a la situación de la empresa situada en Villa Constitución y cuyo propietario está fuertemente vinculado al rubro del juego. Pero más allá de ello, la cita es importante, porque el geógrafo británico nos pone en situación de los antecedentes de la crisis capitalista contemporánea, visible desde el 2007 con epicentro en EEUU y que se generalizó a escala global. Son escritos del 2010, en pleno despliegue de la lucha de los trabajadores de Paraná Metal en crisis, ante el cambio de proveedor de la Ford Brasil.
En ese tiempo, entre 2008 y 2010, más de 900 trabajadores de la autopartista impulsaron un plan de lucha en demanda de la continuidad de la empresa y lograron la solidaridad de la comunidad. Por esos tiempos, el imaginario gubernamental ejercía un discurso que colocaba al país afuera del escenario de la crisis mundial, algo similar a la percepción del gobierno brasileño y otros en la región. Eran los tiempos en que Sudamérica crecía por encima de la media mundial, bastante distante del 0,4% previsto por CEPAL para este 2015 y con Brasil en un retroceso previsto del -1,5%.
Todo apuntaba a localizar la crisis en ciertos países o regiones, sin comprender que el propio crecimiento de la región era parte de la búsqueda de rentabilidad del gran capital y por ende, el fenómeno del crecimiento regional integraba a su modo la crisis mundial. Las automotrices acumularon grandes sumas de dinero y ante la menor dificultad, cargan contra los trabajadores.
Vale recordar que en el plan de lucha de hace un lustro, entre los trabajadores y la dirigencia de la UOM Villa Constitución se analizó la posibilidad, derivada de conversaciones con funcionarios y técnicos del INTI, de una reingeniería de la empresa ante la obsolescencia tecnológica y la pérdida del comprador monopólico. La condición de posibilidad era desde la autogestión, algo que vuelve a rondar en los debates asamblearios de estas horas.
La opción en aquellos años de crisis fue por la expectativa que generaba en los trabajadores la perspectiva de nuevos titulares de la empresa. Leandro del Greco, delegado de los trabajadores y de la CTA Autónoma relata que “luego de la lucha de 34 días continuos de corte de autopista sobreviene la extorsión de Cristóbal López para despedir a 500 trabajadores y bajar en promedio el 50% del sueldo sino no reabría la Planta. 18 meses después de haberla cerrado abrió cuando logró esas dos condiciones”.
Agrega del Greco que “no falta producción, todo viene de Brasil, entre el 75 y el 80% del "auto nacional" del relato viene de Brasil. El sector fundición de autopartes está en crisis, Paraná Metal es el más visible porque nosotros lo hicimos visible con la lucha”.
Si se recorre la realidad de otras metalúrgicas se encuentra una situación similar. La información señala un déficit comercial de más de 3000 millones de dólares para las autopartistas, que se triplica para el conjunto del sector automotriz, con un déficit de 9000 millones de dólares. La aspiración sería que la lucha visible sea asumida por el conjunto de los trabajadores, no solo del sector automotor, sino por el movimiento de trabajadores, algo que desafía al sindicalismo clasista, anticapitalista y antiimperialista.
La fuerte reducción de personal se asocia a despidos y chantaje de la patronal. Por eso ahora el conflicto se concentra en los 205 trabajadores actuales. El cambio de titular de la firma no se propuso la reingeniería. La apuesta fue al desgaste con futuro de cierre y sus consecuencias en cesantías. El empresario amigo del gobierno, Cristóbal López, conocido por sus acciones en el juego es responsable directo junto a una política económica de afirmación del ensamble y la dependencia en el sector industrial. Por eso no sorprenden los telegramas que empiezan a llegar y se frustran las expectativas esperanzadas de una salida laboral tradicional.

Crisis y propuestas más allá del capitalismo

No es nueva nuestra consideración sobre la crisis capitalista, que en estas horas se exacerba y especialmente cuando al comienzo de la semana se habló de lunes negro ante la caída de las bolsas en China y su generalización en el ámbito mundial.
La preocupación viene por los ajustes que tienden a generalizarse en países que hasta hace muy poco parecían afuera de la crisis mundial, caso de China y Brasil, principales socios comerciales de la Argentina.
Reiteremos que se trata de una crisis mundial, y la Argentina es parte del mundo, sin perjuicio de sus especificidades y problemas propios.
El debate actual entre los trabajadores de Paraná Metal apunta a pensar en soluciones más allá de la lógica de la empresa, situación a la que se enfrentaron los trabajadores en la crisis del 2001 y 2002 y que dieron lugar al proceso de ocupación y recuperación de empresas.
Quizá, el gran aporte teórico y práctico del fenómeno de ocupación y recuperación de empresas consistió en hacer evidente el carácter innecesario del organizador capitalista, el empresario. Además, la cuestión en sí misma, supone propuestas que intentan ir más allá de la lógica de la ganancia que sustenta el orden del capital.

Julio C. Gambina

domingo, 30 de agosto de 2015

Tucumán y la Argentina “feudalizada”



La crisis política vuelve a evidenciar el fin de toda veta progresista en el kirchnerismo. La oposición “republicana” y un juego de suma cero. La izquierda y una perspectiva política independiente.

Felipe Solá “corre por izquierda” a Eduardo Jozami. Un menemista de siempre ataca a un intelectual que se define progresista por justificar lo ocurrido en Tucumán. ¿Vas a defender a ese régimen feudal? le pregunta. Jozami calla.
La crisis política que se abrió en Tucumán dejó al desnudo mucho más que un régimen fraudulento. Puso de manifiesto el carácter “feudal” de los gobiernos provinciales con los que tejió una alianza el kirchnerismo desde 2005 y que, en esa provincia, llegó al extremo con el sistema de acoples.
La defensa que hicieron Scioli, Cristina Fernández y hasta integrantes de Carta Abierta del resultado de la elección del domingo pasado, ponen de manifiesto hasta dónde esas alianzas son parte del sistema de poder político en el que se sostuvo el kirchnerismo. A cambio de apoyo político, cada “pecado” de esos gobernadores -y también de los intendentes de los grandes centros urbanos- era dejado de lado.
Intelectuales y periodistas que apoyaban desde la izquierda al gobierno preferían obviar esa configuración del poder político en aras de sostener el Relato. Barones, “gobernas” y burócratas sindicales conformaban parte del “poder real” que sostenían el discurso oficial.

Feudalizados

El carácter “feudal” –en el sentido político- de esas circunscripciones expresa la enorme fragmentación de la política a nivel nacional. Como se sostuvo en este artículo, cada provincia se configuró como una suerte de Estado con rasgos propios, donde el partido de turno impone reglas y condiciones de “elegibilidad” y estabilidad de su propio régimen. De allí que, como señala María Esperanza Casullo, cualquier modificación nacional, no afectaría las normativas provinciales que consagran reelecciones indefinidas (Formosa) o la alternancia completa (Mendoza).
Los sistemas políticos provinciales constituyen así una suerte de microcosmos donde cada partido o caudillo erige sus propias normas de poder. Sobre esa base se edifican poderes territoriales, atados al Estado nacional por un presupuesto dependiente del sistema de coparticipación.

Oposición “líquida”

El año 2001 fue el golpe mortal para el radicalismo. El kirchnerismo, al apropiarse de las banderas de los Derechos Humanos, impidió su reconstitución en clave progresista y la obligó a un “republicanismo furioso”. De allí que lo intentó en clave republicana. Así surgieron, en una suerte de diáspora política de 12 años, los acuerdos con Lavagna, De Narváez, Carrió y Macri. Una suerte de experimentos fallidos que no dieron más que fracasos.
Después de la Convención de Gualeguaychú, 2015 prometía ser el año de la “resurrección territorial” de la UCR pero lejos de ello, ha sido el que la consagró, por primera vez en su historia, como fuerza sin candidato presidencial propio. En una suerte de metáfora, podemos decir que la UCR fungirá de “columna vertebral” de la construcción macrista. Por lo menos hasta octubre.
Durante esta década sólo el macrismo logró ocupar parcialmente el espacio de oposición no peronista de manera duradera. Sus fracasos “más allá de la General Paz” evidencian los límites de la construcción de una fuerza política que exprese de manera estable a amplias franjas de la clase media opositoras.
En ese marco, la unidad de la oposición “republicana” por estos días tiene más de espejismo que de realidad tangible. Cada uno de ellos ha recordado en más de una ocasión ante los medios que “no es un acuerdo electoral”. El intento de ocupar el conjunto del espacio anti-kirchnerista tiene la debilidad de que allí confluyen muy diversas “sensibilidades” políticas. Es difícil asegurar que los votantes de Vidal votarían a Solá si ella optara por bajarse. Quienes sufragan por Macri tienen, en porcentaje no menor, desprecio por el peronismo que Massa encarna. La suma de “personalidades” a la hora de pedir la boleta electrónica no equivale a la suma de sus caudales electorales. Se trata, más bien, de un juego de suma cero.
Si eventualmente hubiera segunda vuelta electoral, esos votos podrían confluir pero el presidente ganador expresaría una sumatoria de espacios diferenciados. Algo no recomendable para lanzar un ajuste.
Las mismas franjas de las clases medias a las que se dirige la oposición republicana se han caracterizado por su labilidad electoral. El 54% de Cristina Fernández en 2011 tuvo parte de su sostén allí. A esas franjas se propone reconquistar Scioli cuando juega a ser el “presidente PYME” o con su discurso ante la Federación Agraria.

La debacle progresista

En la noche del jueves, Eduardo Jozami, integrante de Carta Abierta, defendía el régimen político tucumano en los estudios donde se emite Intratables. Felipe Solá, que transitó por todos los ismos de su partido en las últimas décadas (menemismo, duhaldismo, kirchnerismo y massismo) lo arengaba. La escena respiraba surrealismo.
Pero era una la resultante, casi necesaria, del estricto posibilismo político de intelectuales que procesaron como “natural” el Relato construido por el kirchnerismo. Durante más de una década se ubicaron combatiendo contra quienes, dentro del “proyecto”, representaban la “vuelta a los ‘90”. El mismo Jozami escribió un libro hace pocos meses, cuyo objetivo esencial era impedir que Scioli fuera el candidato del Frente para la Victoria. Cristina Fernández no parece haberlo leído.
Si la defensa de Scioli ya causaba urticaria y vergüenza ajena, la que se realiza del régimen del fraude clientelar de Alperovich y Manzur evidencia la debacle de una intelectualidad cuyo horizonte lo estableció la creencia en la “progresividad” del Estado (burgués).

La izquierda y la escena política

La fotografía de la realidad argentina muestra dos campos: un oficialismo alineado para defender a un régimen fraudulento; y una oposición republicana que impulsa formalmente una reforma electoral para “terminar con los feudos”. A pesar de los esfuerzos de dirigentes y los consejos de analistas, estos campos –que existieron con matices por años- no han podido cuajar en un régimen de partidos políticos que garantice a la clase capitalista un dominio político y social más estable.
La izquierda clasista, expresada centralmente en el Frente de Izquierda en el terreno nacional, no es parte de ninguno de esos campos. Ese lugar de independencia política es una conquista. Es desde allí que la izquierda juega un papel central en el apoyo a conflictos obreros y populares en curso, algo que se halla a años luz de las fuerzas que defienden el interés del empresariado. Papel que jugó también ante grandes crisis nacionales, como la muerte del fiscal Nisman o el conflicto por las retencias a las patronales del campo en 2008.
La perspectiva de la izquierda es utilizar esas conquistas para avanzar en el camino de la construcción de una herramienta política propia de los explotados, un verdadero partido de la clase trabajadora y el pueblo pobre que sea un factor actuante en la realidad política nacional. No para estabilizar las instituciones golpeadas, sino para subvertir de manera revolucionaria el conjunto del orden social e iniciar la construcción de una sociedad sin explotados ni explotadores.
Las crisis en el campo político de la clase capitalista, la feudalización de sus partidos, las disputas internas son factores a tomar en cuenta en el terreno de esa construcción.

Eduardo Castilla

sábado, 29 de agosto de 2015

Vivir trabajando, morir trabajando



Queda nuevamente en evidencia el oscuro entramado en el que la vida humana tiene el módico precio que le imprimen los intereses empresariales y gubernamentales.

Ayer por la tarde la familia de Cristian Gutiérrez finalmente pudo realizar su velatorio. Este joven operario de la empresa Tecpetrol había fallecido el jueves a causa de las secuelas de la explosión que se produjo mientras trabajaba en el yacimiento El Tordillo, en Comodoro Rivadavia. Su muerte viene a aumentar uno de los más indignantes índices, el de los fallecidos trabajando, ese que tanto empresas como sindicatos y gobiernos intentan disimular bajo la infame etiqueta de “error humano” o como simple “accidente”.
Pero detrás de esos números están las personas que perdieron sus vidas, sus familias, sus amigos y compañeros. Y una realidad que no puede esconderse con anuncios rimbombantes ni falsas estadísticas de empleo; menos aun con índices manipulados de forma tal de ocultar muchas de esas muertes para que no quede catalogadas como ocurridas en el ámbito laboral, como ya se denunció en este diario.
Hay un factor común en la mayoría de las muertes obreras ocurridas este año, característica extensiva a las últimas dos décadas: la mayoría eran trabajadores tercerizados o estaban bajo otra modalidad de empleo precario, como los del sector de la construcción, que registra la mayor cantidad de casos y se caracteriza por los altos índices de trabajo en negro e informal en sus filas. Esto conlleva que estos trabajadores no tengan siquiera las mínimas (y en general también insuficientes) condiciones de seguridad que poseen quienes trabajan bajo el convenio correspondiente a la tarea que realizan y el ámbito donde se desempeñan. Extensas y agotadoras jornadas laborales, escasa capacitación, indumentaria y herramientas inadecuadas y falta de condiciones seguras de trabajo son un cóctel explosivo que corroe la cotidianeidad de millones de trabajadores, además de significar directamente la muerte de decenas de ellos cada año. Hay una generación entera de jóvenes obreros y obreras que desconoce lo que es tener un trabajo en planta permanente o no tercerizado, ya que la precarización es el signo predominante de las últimas décadas en el mundo del trabajo, aun de la última donde se generaron empleos, pero bajo esta condición.
Este fue el caso de Mariano Ruiz, de 35 años, que trabajaba para la contratista de Techint Sidernet. El mes pasado la caja del camión que conducía se enganchó en un puente y fue despedido, falleciendo por resultado del impacto. Pocas semanas antes otro trabajador de Siderar llamado Claudio Nicodemo había perdido sus dos piernas al ser aplastado por un planchón de acero; como denunciaron sus compañeros, esto ocurrió porque Claudio realizaba el trabajo de tres personas simultáneamente, debido a la disminución de personal realizada por Techint para bajar costos, incorporando hasta un control remoto para reemplazar a un ser humano y obligando a una polifuncionalidad letal a los obreros. La ambición empresarial le costó las piernas a este trabajador de 30 años.
En la planta de Metalsa, en General Pacheco, en junio se produjo la muerte de Miguel López, del sector Estampado, quien no recibió la asistencia necesaria que podría haberle salvado la vida. La empresa y la burocracia sindical de la seccional Vicente López de la UOM se aliaron para tapar el caso y días después se despidió a 11 trabajadores, varios de ellos activistas. Ese mismo mes fallecía un trabajador tercerizado del Ferrocarril Roca al ser arrollado por un tren mientras trabajaba en las vías de la estación Don Bosco. El apuro por terminar y mostrar obras ante la cercanía de las elecciones hacía que los operarios se vieran sujetos a presiones aun mayores que las habituales por esos días para terminar las obras iniciadas, aun en horarios donde estaban circulando los trenes, con el consiguiente riesgo para sus vidas.
El año ya había comenzado con la muerte de Maximiliano Alfonso en Rosario, quien cayó por el hueco de un ascensor mientras trabajaba en una obra en construcción a cargo de la empresa Di Mauro. Su condición de inmigrante lo hacía blanco fácil de quienes lucran a partir del empleo no formal en las peores condiciones, en uno de los rubros con más cantidad de siniestros registrados. Como se denunciaba en ese momento “las estadísticas de la cartera laboral indican que en 2013 (todavía las cifras de 2014 no están disponibles) hubo 55.451 casos entre accidentes y enfermedades laborales, es decir un promedio de 151 por día: ¡6 por hora!” en Santa Fe. En la misma ciudad falleció también Daniel Aguilar luego de una semana de agonizar por ser aplastado por una máquina en la planta de Electrolux-Gafa. En Córdoba, mientras tanto, una descarga eléctrica mataba a Cristian Alon de 39 años mientras realizaba tareas de mantenimiento en Iveco; también era tercerizado. Casi la misma edad tenía un obrero de Tecnodock, contratista de Edesur, que falleció producto también de una descarga mientras trabajaba en una cámara de electricidad en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuánto vale una vida?

Los mencionados anteriormente son solo algunos ejemplos para graficar que lejos de tratarse de casos aislados, hay una problemática de fondo que existe con la necesaria complicidad de empresas, gobiernos y sindicatos. El oscuro entramado en el que la vida humana tiene el módico precio que le imprimen los intereses empresariales y gubernamentales incluye a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART), servicios médicos empresariales que empastillan a los trabajadores para que vuelvan a sus puestos y no les reconocen enfermedades laborales ni certificados médicos particulares, organismos de gobierno que deberían controlar pero son parte del problema y el mismo Estado que como empleador reproduce las condiciones de precarización entre su filas.
No se trata simplemente de desidia o descuido de los empleadores, sino de incrementar las ganancias de manera lisa y llanamente criminal, a costa de la salud y la vida misma de quienes deben trabajar para vivir. Esto se logra al reducir la cantidad de obreros y aumentar la de horas de trabajo, al abaratar costos utilizando materiales de mala calidad y no realizando controles ni mantenimiento suficiente a la maquinaria, al acelerar los ritmos de producción y multiplicar así la posibilidad de siniestros. La salud deteriorada progresivamente, la amputación de partes del cuerpo y finalmente la muerte misma son grandes preocupaciones que han llevado a verdaderas rebeliones en algunos lugares de trabajo. Uno de los más notorios fue el caso de la ex Zanon, donde en el año 2000 la muerte de un compañero fue la gota que rebalsó el vaso y llevó a los trabajadores a iniciar una huelga de 9 días mediante la cual lograron la presencia de una ambulancia durante las 24 horas y se formó una comisión de obreros para controlar lo referido a seguridad e higiene. Esto fue un adelanto de lo que vendría después, un proceso que culminaría más tarde con la toma y puesta a producir bajo control obrero de la fábrica. Allí donde los propios obreros controlan sus condiciones de trabajo, no se registran hechos como los que volvemos a lamentar esta semana, ya que el trabajo no se organiza bajo los parámetros de la ambición empresarial. Este ejemplo se ha extendido y en otros establecimientos los trabajadores crearon comisiones de seguridad e higiene para poner límites a las patronales en un asunto que, en definitiva, es cuestión de vida o muerte.

Verónica Zaldívar
@VeruSing

El problema de los refugiados



En Alemania, el problema de los refugiados es muy grave. Ya se han producido reacciones de la extrema derecha germana que, al grito de “extranjeros afuera”, han quemado y destruido construcciones a las que van llegando. La primera ministra Merkel ha saludado la llegada de los cientos de miles de refugiados, señalando que Alemania necesita más trabajadores para crecer más. Argumento discutible porque Alemania, oficialmente, tiene en la actualidad dos millones de desocupados.
Es decir, el único argumento válido es el que esgrime razones humanitarias. Se trata de perseguidos a los cuales hay que tenderles la mano.
El problema es monumental, sin ninguna duda. La violencia crece en el tercer mundo mientras el primer mundo no para de crecer. Uno se pregunta: ¿Para qué existe la Organización de Naciones Unidas si no ha sido capaz de crear un sistema económico aceptado por todos sobre la base de la Igualdad y la Justicia? ¿Hasta dónde va a seguir creciendo esta crisis con una inmigración en aumento del tercer al primer mundo?
Está muy bien que se acepten nuevos perseguidos pero, en vez de adaptarlos a la sociedad rica, ¿por qué no se inaugura un espacio neutral en los continentes nuevos donde se invierta para lograr trabajo para todos y no que la solución sea marchemos todos a Europa, donde se supone que se vive bien? Europa también cae en tiempos de crisis. Crear una especie de Plan Marshall pero que derrame trabajo. Crear trabajo, realizar inversiones y así mejorar notablemente las condiciones de vida de los habitantes. Lo pueden hacer los países de Europa, en vez de considerarse ellos mismos las únicas fuentes de trabajo. Ello serviría para dejar atrás esta realidad: La gente masivamente abandona sus países, deja sus viviendas, sus escuelas, sus organizaciones gremiales, para ir a para a otros países de distinto idioma y costumbres diferentes. Es muy injusto lo que se está haciendo.
La mayor parte de los fugitivos actuales no son perseguidos políticos, pero sí viven en condiciones económicas muy difíciles. De los actuales exiliados hay muchos que llegan por tercera y cuarta vez a Alemania, que se quedan sin trabajo después de haber regresado a sus países. Por eso se está prefiriendo dar asilo a los fugitivos de la guerra civil de Siria.
Para terminar con la afluencia de extranjeros, algunos sociólogos pidieron la reducción del dinero de bolsillo que se otorga a los inmigrantes desocupados: 143 euros. Esto incita a venir a Alemania porque muchos ganan menos que ese dinero trabajando en sus países.
Todo esto origina también ataques de la derecha alemana contra la política de inmigración del gobierno. Lo que termina incentivando los ataques contra los refugios. Este año se han efectuado 200 ataques contra los lugares de protección de inmigrantes. Esto hace recordar a los tiempos del nazismo, cuando eran incendiadas las sinagogas.
Poco a poco, el problema que genera la llegada de cientos de miles de pobladores extranjeros plantea discusiones del tipo de “¿Alemania se está convirtiendo en un sucedáneo de los Estados Unidos de Norteamérica?” y su inmediata continuación: “¿Cómo hacer para que Alemania permanezca germana?”.
La socióloga Sonja Zerki ha escrito un ensayo titulado “Tiempo para hablar”, donde se pregunta si “¿Alemania es un país descontento?”. En él se interroga acerca de “¿Cómo debemos comportarnos con los fugitivos que vienen huyendo de sus países?”. También se pregunta sobre las contradicciones que los cambios generan en la sociedad. ¿Alemania debería ser abierta hacia los extranjeros, fomentando la integración de las minorías con experimentos culturales? ¿Debería seguir protegiendo lo que ya tiene en vez de promover más derechos para las mujeres o las minorías sexuales o religiosas? Disyuntivas como esas no se producen siempre sin fricciones. La problemática de la inversión destinada a los trabajadores extranjeros y el tratamiento que se les da obliga a un debate, ya que los instrumentos y la retórica políticas habituales ya no dan respuesta a los nuevos interrogantes planteados. En una palabra, Alemania debe cambiar el conservadurismo en sus costumbres y tradiciones frente a la cada vez mayor influencia cultural que implica la incrementada presencia de extranjeros. El conservadurismo alemán lo va a pagar caro, ya que no se pueden construir barreras en los barrios extranjeros ni ponerles uniformes.
El progreso se paga caro en cuanto al conservadurismo de las costumbres.

Osvaldo Bayer
Desde Alemania

Kosteki y Santillán: una nueva jornada en las puertas de la Justicia



Durante la mañana de ayer, distintas organizaciones sociales y organismos de derechos humanos se manifestaron en los Tribunales de Comodoro Py. La lucha es porque se enjuicie a los responsables políticos de la denominada “Masacre de Avellaneda” en 2002.
Desde las 9 de la mañana las banderas de distintas organizaciones ondeaban en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py. Esta vez, estaba programada la declaración de un testigo en la causa por la Masacre de Avellaneda. Eduardo Villalba era Secretario de Seguridad del Municipio de Avellaneda cuando la represión se cobró la vida de los militantes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Desde la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi se convocó a acompañar esta nueva jornada de declaración del testigo. Luego de muchos años, se logró el desarchivo de la causa que investiga las responsabilidades intelectuales y políticas de los asesinatos, donde además de los dos jóvenes asesinados fueron heridas con balas de plomo más de 30 personas.
En ese contexto en el que se están llevando adelante declaraciones de diferentes testigos, en las próximas elecciones se presentan como candidatos algunos de los que deberían estar sentados en el banquillo. Tales son los casos de Aníbal Fernández –candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, quien fuera en aquel entonces Secretario General de la Presidencia y justificó los asesinatos aludiendo a un supuesto “cronograma de hostilidades” – y de Felipe Solá, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2002 y hoy candidato por el Frente Renovador al mismo cargo. En ese entonces, felicitó y avaló públicamente el accionar del comisario Alfredo Fanchiotti, hoy con prisión perpetua como responsable material de los asesinatos. Por último, Jorge Vanossi, también candidato del Frente Renovador para el Parlasur, era el ministro de Justicia del entonces Presidente, Eduardo Duhalde, y estuvo a cargo de la operación de acusar de sediciosos a los piqueteros.
Por eso la presencia y el repudio colectivo. La Comisión está compuesta por familiares, distintas organizaciones de derechos humanos (la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre), personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Norita Cortiñas, Alfredo Grande, Vicente Zito Lema y organizaciones sociales y políticas.
Luego de la intensa lluvia, el sol empezaba a salir y adentro de Tribunales, apenas pasadas las 10 de la mañana, comenzó la declaración del testigo. El Frente Popular Darío Santillán corta tradicionalmente cada 26, desde aquel junio de 2002, la avenida Pavón a la altura de la estación Darío y Maxi (ex Avellaneda). En esta ocasión, la militancia se acercó a Comodoro Py al 200. Mara Kelhoffer, parte de la Juventud, explicó: “Esta vez decidimos manifestarnos frente a los tribunales porque venimos reclamando desde hace años que se hagan cargo los responsables políticos de la masacre”.

“Que sepan que va a haber un pueblo que no va a olvidar jamás”

En las puertas se montó una radio abierta, donde se recibieron a otros familiares de víctimas de violencia institucional que dieron sus testimonios, además del apoyo al desarrollo de la causa Kosteki-Santillán. También se realizaron distintas intervenciones artísticas.
El micrófono abierto empezó a recibir voces y uno de los primeros fue Leo Santillán, hermano de Darío, quien comentó que este no debe ser un caso sólo de los familiares sino de todo el campo popular. También se refirió a los responsables políticos que hoy son candidatos: “Vamos a estar donde tengamos que estar, señalándolos y diciendo lo que son”, opinó sobre los ya mencionados Fernández y Solá. A él se sumó Alberto Santillán, padre de Darío, quien agradeció el acompañamiento y dio lugar a la participación de los representantes de la Comisión.
Así, Pablo Pimentel, de la APDH Matanza, focalizó su intervención en la necesidad de que, para avanzar en resultados positivos en la causa haya “una conjunción de abogados honestos, pero con un grupo de compañeras y compañeros que haya gente en la calle, movilización popular”. Y agregó: “Esto es lo que va a garantizar la justicia: que tanto el Ministerio Público como los jueces sepan que va a haber un pueblo que no va a olvidar jamás el desastre que se cometió ese 26 de junio. Que no fue un hecho más: fue pensado, había que disciplinar a los jóvenes, de que no tuvieran el toupé de reclamar sus derechos”.
El resto de las organizaciones también acompañó y saludo el espíritu de la actividad realizada en sus alocuciones. Era cerca del mediodía cuando la declaración había terminado y comenzaron a desconcentrarse, mientras un Darío Santillán ¡presente! y Maximiliano Kosteki ¡presente! Quedaban resonando en el aire.
Una vez finalizada la jornada, Gloria Cosentino, militante del Frente Popular Darío Santillán y vocera de la Comisión Independiente, dialogó con Marcha y opinó: “Esta jornada con la radio abierta, compañeros del Congreso de los Pueblos (Colombia) y la movilización más masiva nos permite ejercer una presión que de otra manera no podríamos frente a la fiscalía”
Respecto de la declaración de Eduardo Villalba, comentó que “el testimonio suma claridad en torno a que se trató de una movilización distinta de las que se venían dando en el contexto de represión del 2001 y 2002. Que para ellos, como Municipio de Avellaneda, tenía una contundencia relevante y eso necesariamente tiene que ser pergeñado por un Gobierno Nacional, no puede ser planificado solamente por la provincia y por la Policía bonaerense. Y por otro lado, aclaró que él vio a la Prefectura desde la oficina en la que estaba y eso nos suma en términos más jurídicos, que había fuerzas combinadas actuando de conjunto”.
En relación con lo que se viene en un futuro cercano, aclaró: “Poder hacer un festival más grande en Comodoro Py en un mes, y ese día vamos a presentar un Amicus curiae, que es un recurso de amparo, para solicitarle al juez que avance pasos en esta investigación de parte de las organizaciones del campo popular y los organismos de ddhh. El juez Ariel Lijo lo que está haciendo es relegar su responsabilidad de la Fiscalía y no está haciendo absolutamente nada: él fue quien se encargó de archivar la causa y luego desarchivarla cuando se la solicitamos. No es que está avanzando concretamente y es la cabeza política del poder judicial”.

Marcha

Los juicios de Argentina como ejemplo

Argentina abrió el camino en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad con jueces y leyes locales. El interés de otros países.

La experiencia argentina en el juzgamiento al Estado por crímenes de lesa humanidad es observada de cerca por distintos sectores de la comunidad internacional que atraviesan instancias similares. La semana pasada jueces, fiscales e investigadores de Camboya y Bangladesh llegaron al país para participar de un seminario organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref). Bajo el nombre Conferencia Internacional sobre Juzgamiento de Crímenes de Estado por Tribunales Nacionales, el seminario que se hizo en el Centro Cultural Borges abrió un diálogo con jueces y académicos locales. Quedaron expuestos muchos puntos en común –y también las zonas de disidencia– en un campo en el que los tres países tramitan sus pasados dictatoriales con procesos de justicia valorados y reconocidos porque se hacen con tribunales propios (o mixtos como Camboya) y en el marco de leyes internas.
La experiencia argentina en el proceso de juicio a los responsables de la última dictadura se considera única en el mundo. Uno de los reconocimientos principales que se le hace, se basa justamente en el carácter “nacional” de los procesos, dado que son llevados adelante por jueces de su territorio, con normas internas, enmarcadas a su vez en códigos internacionales con las garantías del debido proceso. Irene Victoria Massimino, académica especializada en el tema y parte del equipo de Genocidio que encabeza Daniel Feierstein, explica en ese sentido que otros países como la ex Yugoslavia o Ruanda revisan sus crímenes fuera de sus territorios y con tribunales integrados por jueces extranjeros, en general de la Corte Penal Internacional, dependiente de Naciones Unidas. En ese sentido, las experiencias de Bangladesh y Camboya parecen más cercanas a la de Argentina. Los dos países trabajan en el procesamiento a los responsables de crímenes masivos de Estado cometidos en contextos históricos y períodos más o menos similares: Bangladesh en 1971 y Camboya entre 1975 y 1979. Los juicios se hacen con normas internas enmarcadas en el derecho internacional, en territorio propio y, en el caso bengalí, con jueces locales. Pero así como el proceso argentino es valorado a nivel internacional, y no recibe objeciones entre otras razones por el apego a las leyes, países como Bangladesh reciben críticas duras de la Corte Penal Internacional, como ellos mismos explicaron durante sus intervenciones en la sala.
“El proceso de justicia en Bangladesh tiene un 75 por ciento de apoyo de su pueblo”, señaló Obaidul Hassan, presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país y parte de la Cámara 2, una de las dos salas a cargo de estos juicios. “El 75 por ciento de la gente confía en el poder judicial nuestro y nuestro tribunal cuenta con la confianza de la gente”, insistió. Esto es así pese a que Bangladesh tiene aún vigente la pena de muerte, uno de sus puntos débiles, criticado internacionalmente. En esa línea, Hassan reconoció que “una de las objeciones de la Corte Internacional es la aplicación que nosotros hacemos de la pena de muerte”. Cuando se lo preguntaron, agregó que ellos mismos no están de acuerdo con la vigencia de la ley pero, señaló, “nosotros decimos que la aplicación de la pena de muerte está en la norma interna. Podría ser abolida, pero no es atribución nuestra hacerlo, sino del Parlamento”.
La pena de muerte no es la única crítica de la Corte Penal Internacional, sino la brecha a través de la cual ingresan cuestionamientos que luego buscan poner en duda la legitimidad del proceso penal. Este fue uno de los puntos señalados por los jueces, que ven allí un boicot a la posibilidad que ellos mismos tienen de decidir sobre sus propios procesos. “Pero las críticas no se quedan en esto –dijo Hassan inmediatamente–. Cuestionan supuestos estándares o normativas que no se cumplen. Pero nosotros les preguntamos cuál es ese estándar. Seguimos todas las obligaciones del debido proceso y no entendemos las críticas de la comunidad internacional. Bangladesh siempre va a aceptar las sugerencias de la Corte Internacional, pero no necesitamos que nuestros países tengan jueces extranjeros para entender en nuestros juicios.”
“Hemos sufrido ataques por decidir juzgar de manera nacional”, señala en este caso otro de los jueces, Enayetur Rahim, que por eso subraya la importancia de encontrarse con escenas como las de Argentina. “Las similitudes con Argentina en ese contexto nos apoyan y nos ayudan. Que Argentina haga lo mismo es realmente importante para nosotros. Creemos que los juicios nacionales son suficientes y no necesitamos ir al ámbito internacional para obtener justicia.”
Cada uno de esos ejes aparece enfatizado desde el nombre mismo del evento. Fue una conferencia internacional sobre “juzgamiento de crímenes de Estado” por “tribunales nacionales”. Ahí aparece en primer lugar la idea del Estado como perpetrador de estos crímenes e inmediatamente después la idea de la jurisdicción nacional. “Decidimos llamarla de esta manera no sólo porque hubo participación de invitados internacionales sino para dar apoyo a los tribunales nacionales, es decir que los propios Estados reconozcan la culpa de las atrocidades que cometieron sin intervención de terceros”, señala Irene Victoria Massimino. “Estos otros tribunales no sólo no conocen la situación local sino que además tienen seguramente intereses ajenos. Además se ha probado que son más lentos y más costosos económicamente.”
Entre los panelistas locales se escucharon jueces como Carlos Rosansky, a cargo de los juicios de La Plata; Fátima Ruiz López, que estuvo en los tribunales de Jujuy; y Daniel Obligado, que integra el tribunal de la ESMA. “Decididamente los únicos dos países que de manera plenamente comprometida aplican juicios por lesa humanidad hoy son Bangladesh y Argentina, y Camboya con un tribunal mixto”, dijo Obligado. “Hay otras experiencias en nuestro continente, pero son más reducidas e incomparables. Por eso resulta interesante oír experiencias como éstas. Estamos conociendo cuáles son los criterios aplicados en relación con los delitos de lesa humanidad en otros países del mundo que pasaron por experiencias de algún modo similares. Ellos lo califican de genocidio, pero mas allá de la calificación elegida, del gran número de personas muertas por acciones institucionales, resulta enriquecedor para poder tener parámetros de complementariedad.”
De hecho, los jueces bengalíes describieron numerosas situaciones comunes en sus propios procesos de justicia. Plantearon las dificultades para resolver la cantidad de testigos, hablaron de las garantías para que los testimonios cuenten con el control de cada una de las partes y de cuestiones más cotidianas como las decisiones que van tomando los tribunales para que los acusados queden detenidos antes del comienzo de los juicios.
La experiencia de los bengalíes se extendió al campo de las relaciones culturales entre los dos países. “Además de los temas legales estamos muy contentos porque vamos a ir a Villa Ocampo –adelantaron sobre el punto–. En el año 1924, Victoria Ocampo tuvo una relación con el poeta Rabindranath Tagore, de origen bengalí, que a pesar de la diferencia de 30 años de edad generó una amistad muy cercana. El vino dos veces como invitado de ella y además tuvieron una relación del llamado amor platónico”, dijo Hassan, entusiasmado. “Esa relación que es más antigua también se retoma en la Guerra de Liberación de 1971, cuando el pueblo e intelectuales argentinos, principalmente Victoria, apoyaron la guerra de liberación y la causa bengalí.”

Alejandra Dandan

viernes, 28 de agosto de 2015

La Masacre de Fátima



Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de Fátima. Analizamos los hechos y las circunstancias de la mayor matanza conocida en tiempos de la última dictadura militar

Durante la madrugada del 20 de agosto de 1976, los vecinos de la localidad de Fátima (Partido de Pilar, Pcia de Buenos Aires) se despertaron sobresaltados al escuchar una extensa balacera seguida de una fuerte explosión a las 4:30 de la madrugada. Una hora más tarde, varios obreros que se dirigían a un horno de ladrillos en una zona cercana al Ferrocarril Urquiza, se encontraron con la mayor matanza realizada por la última dictadura militar: 30 cuerpos fueron hallados en un radio de 20 metros a la altura del kilómetro 62 de la ruta 8. Las víctimas estaban mutiladas producto de los explosivos y presentaban heridas de bala en el cráneo realizadas aproximadamente a un metro de distancia con armas 9 mm; estaban atados y vendados. Los hechos son conocidos como la Masacre de Fátima.
Al día de la fecha se han identificado 20 de los 30 cadáveres, aunque se sabe que corresponden a 10 mujeres y 20 hombres. El gobierno militar debió salir a responder rápidamente ya que esta metodología de asesinato y mutilación de los cuerpos, exhibiendo los mismos para que el hecho se haga público, era idéntica a la utilizada por bandas parapoliciales como la Tripla A –creada por el gobierno de Perón, y organizada por López Rega– que intervino entre fines de 1973 y marzo de 1976. Bajo el proceso militar, lo que se estaba generalizando era la figura política del “desaparecido”. Como era de esperar, la causa fue cajoneada al poco tiempo y los cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio de Derqui.
Con el paso de los años, las diferentes investigaciones realizadas desde el retorno de la democracia y el avance de los Juicios de la Verdad llevado adelante desde 1997, lograron determinar que las víctimas habían permanecido secuestradas en la Superintendencia de Seguridad Federal ubicada en la calle Moreno 1417 antes de ser trasladadas a los descampados de Fátima. A su vez, el trabajo de los antropólogos forenses permitió determinar la identidad de 2/3 de los cuerpos hallados: los estudiantes universitarios Juan Carlos Vera, Ernesto María Saravia y Horacio García Gastelú (quien además se encontraba de licencia en el Servicio Militar); los docentes universitarios José Daniel Bronzel y Susana Pedrini de Bronzel junto con la madre de José, Cecilia Podolsky de Bronzel. Norma Susana Frontini (20 años) fue secuestrada junto con su marido mientras que a Selma Susana Ocampo, militante sindical y despedida de la fábrica Ford de General Pacheco, se la llevaron junto con su Amiga Inés Nocetti, empleada en un estudio jurídico. La militante de la resistencia peronista Haydee Cirullo de Carnaghi fue secuestrada con su joven hija Carmen María Carnaghi de 25 años. Jorge Daniel Argente, camillero del CEMIC, fue otra de las víctimas de la Masacre de Fátima al igual que Carlos Raul Pargas, trabajador del Banco Nación y que el analista en sistemas, Enrique Jorge Aggio. El resto de las víctimas identificadas eran obreros: Ramón Lorenzo Vélez, Ángel Osvaldo Leiva y Oscar Conrado Alsogaray de la fábrica Bendix (autopartista ubicada en Vicente López); Alberto Evaristo Comas y Roberto Héctor Olivestre de la metalúrgica Royo de la zona de Pompeya; Ricardo José Herrera empleado de Colorín SA y María Rosa Lincon de 19 años, operaria de una fábrica de caramelos. La mayoría eran militantes o simpatizantes de la JTP. Todos ellos fueron secuestrados en su domicilio entre el 12 de julio y el 11 de agosto de 1976 en altas horas de la madrugada por grupos de civiles armados, que decían pertenecer al Ejército para desorientar la verdadera ubicación de los detenidos. Saquearon y se robaron lo que encontraron a su paso mientras que la zona del operativo estaba totalmente liberada por la policía.
Si tenemos en cuenta los datos proporcionados por cada una de las víctimas de la Masacre de Fátima, como ejemplo de lo que fue el plan sistemático represivo durante los años del proceso, podemos reafirmar cuál fue la función central de la régimen militar encabezado por Videla: la represión generalizada y ejercida directamente desde el Estado, teniendo como blanco principal la clase obrera. Derrotar el ascenso popular y obrero que había emergido desde las propias entrañas de la clase a partir del Cordobazo era una tarea de primer orden. La liquidación física de la vanguardia obrera, luego de liquidar los últimos vestigios de los grupos guerrilleros, fue necesaria para poder descargar un feroz ataque conjunto a la clase trabajadora, permitiéndoles al gobierno y a los empresarios avanzar sobre las conquistas sociales logradas en los años anteriores para aumentar la productividad y la explotación en el trabajo (1).
Los grupos de tareas que actuaron desde 1973 con la presidencia de Perón – o desde antes, con la masacre de Ezeiza– se integraron a los diferentes operativos montados, ahora directamente, desde las FFAA. La Causa de la Masacre de Fátima (Causa 16.441) y los testimonios de los sobrevivientes dejaron al descubierto no sólo el reconocimiento de la Superintendencia de Seguridad Federal como un centro de detención, tortura y, en muchos casos, de muerte de las personas que pasaron por allí sino también demostró la estrecha relación entre la Policía Federal y la Triple A en los años previos al golpe.

La Superintendencia, cueva de la Triple A y de la dictadura

La Superintendencia de Seguridad Federal, también llamada Coordinación Federal, fue una dependencia de la Policía Federal. Durante los años del primer gobierno peronista actuó como centro de detención de opositores al igual que la famosa “Sección Especial” que funcionaba bajo las órdenes de Osinde. Pero fue con Onganía que se convirtió en el centro metropolitano de la represión política.Hay testimonios de ex detenidos, como el de Antonio Viana Acosta, que afirman haber sido detenidos y torturados en esta dependencia en tiempos de Perón bajo las órdenes directas de Juan Carlos Morales (jefe de custodia del Ministerio de Bienestar Social), el jefe de la Policía Federal Alberto Villar –creador del Cuerpo de Infantería para reprimir la protesta social– y el subjefe Luis Margaride. Todos ellos formaron parte del cuerpo ejecutivo y, muchas veces, operativo de la Triple A. Desde fines de 1975 se asentó, en el lugar, el grupo de tareas 2 (GT2) en el 4to y 5to piso. La Superintendencia fue uno de los once Centros clandestinos de Detención que funcionaron bajo la órbita directa del Cuerpo I del Ejército a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason.
Cada uno de los nueve pisos tenía una función específica. El noveno era el Departamento de Extranjeros que se ocupaba de la represión a exiliados de países limítrofes. Fue el embrión de lo que posteriormente se conoció como Plan Cóndor. El tercer piso estaba destinado al alojamiento de los detenidos. Tenía una celda grande o “leonera” y más de una docena de “tubos” o celdas de 2 x 1 mts., donde eran alojados las personas secuestradas que se encontraban en condición “RAF” (en el aire, o sea, sin registro alguno). La Superintendencia, en general, era utilizada como lugar de paso: o eran trasladados a otros centros de detención o eran asesinados. Los 30 masacrados de Fátima habrían permanecido en este piso junto con otros jóvenes y trabajadores por varios días sometidos a las peores vejaciones. El policía “arrepentido” Víctor Luchina declaró en la Causa que esa noche de agosto “eran treinta porque fueron contados. Algunos venían en mantas, envueltos, parecían estar muertos, otros venían tambaleándose como drogados” (ver Causa).
Los apilaron en el camión y se los llevaron, “Estos se van para arriba” le habrían comentado. Una de las hipótesis de la masacre sostenía que el operativo se había realizado como venganza por el asesinato al general Omar Actis, atribuido a montoneros, ya que los médicos de la policía encontraron en uno de los bolsillos de las víctimas un papel que decía 30 x 1. Sin embargo, tiempo después se supo que Actis, presidente del ente Autárquico Mundial ’78, había sido asesinado en manos de un comando de la ESMA por una interna que tenía con el vicepresidente de la misma entidad, el almirante Carlos Alberto Lacaste –quien luego lo reemplazó en su cargo, por el manejo de los fondos del Mundial.
Un dato no menor fue aportado por el exagente de inteligencia Juan Alberto Ambas (hoy preso en la Unidad II de Sierra Chica del Servicio Penitenciario) cuando afirmó en sus declaraciones que los entregadores de las víctimas fueron directivos de las empresas, en este caso, de Bendix y Royo pero también acusó a Ford y Astarsa como los señaladores de los “empleados subversivos”.



La foto de la polémica y el juicio

El 6 de octubre de 1982, Clarín sacó en la tapa de su diario una imagen que recorrió el mundo: una madre de Plaza de Mayo “abrazaba” a un policía. Al día siguiente volvió a reproducir esta imagen en su editorial argumentando que “[…] el problema de los desaparecidos y presos sin proceso es uno de los más serios que afronta la comunidad argentina, la cual no podrá avanzar sin dilucidarlo hacia las metas de la reconciliación y de la prometida democracia” (Clarín, 7/10/1982).La fotografía le permitió al diario comenzar a plantear abiertamente la “reconciliación nacional” con el gobierno militar ya en retirada. La misma fue reproducida por el New York Times, El País de España y el Excelsior de México. La imagen pertenecía a la Marcha por la Vida del 5 de octubre. El fotógrafo fue Marcelo Ranea de de la Agencia DyN, quien contó que, en realidad, Susana de Leguía estaba increpando al militar mientras le pegaba en su pecho, cuando este atinó a abrazarla para detener el ataque. Clarín acompañaba la “transición democrática” pactada por los militares y los partidos patronales como el PJ y la UCR que sostuvieron a Bignone hasta la realización de elecciones un año después sentando las bases de la Teoría de los dos demonios.
El policía en cuestión es el Comisario Carlos Gallote (“Carlitos” o “duque”), quien fuera jefe de uno de los grupos de tareas de la Superintendencia, acusado y condenado a cadena perpetua como responsable de la Masacre de Fátima en el año 2004 por el TOF 5. Por supuesto que a Clarín esto no le importó.
Juan Carlos Lapuyole que en 1976 era el jefe de inteligencia de dicha dependencia, también fue condenado. Sin embargo, el comisario general Carlos Marcote (el “lobo”) murió impune mientras el represor Miguel Ángel Timarchi fue absuelto por haber presentado un certificado médico que afirmaba encontrarse de licencia en el momento del crimen de Fátima. Al acusado le habría explotado una granada de guerra en sus manos dentro de un auto (producto de un “ataque” en el barrio de Pompeya, según su versión) cuando se encontraba en servicio. Cualquier coincidencia con la metodología de grupos de tareas como la Triple A no es pura coincidencia.
A pesar de los avances en los Juicios de la Verdad, la gran mayoría de los represores que actuaron bajo la órbita militar, muchos de ellos también integrantes de los grupos de tareas entre los años 1973 y 1976, están en libertad. La apertura de todos los archivos de la dictadura y del período previo de todas las fuerzas de seguridad que están en poder del Estado es un paso fundamental y necesario no sólo para esclarecer los hechos en Fátima (e identificar al resto de las víctimas y victimarios) sino también para conseguir más datos sobre los más de 500 niños apropiados y para identificar a miles de represores y cómplices, sean civiles o militares.

Claudia Ferri

Notas.

1. Según el informe de la CONADEP los porcentajes de víctimas que continúan desaparecidas o que fueron liberadas después de pasar por centros clandestinos de represión son los siguientes: obreros 30,2%, estudiantes 21%, empleados 17,9%, profesionales 10,7%, docentes 5,7%, autónomos y varios 5%. Siguen amas de casa, conscriptos y personal subalterno de fuerzas de seguridad, periodistas, actores, artistas y religiosos.

La izquierda debate acerca de la unidad

El martes 26 de agosto por la tarde se realizó una charla-debate acerca de los desafíos de la izquierda hacia una alternativa política. El evento se realizó en el auditorio de ATE Nacional y contó con la presencia de varias fuerzas políticas.
A partir del año 2011 ante la conformación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), comenzó a hacerse público el debate sobre la necesaria unidad de las diferentes variantes de izquierda que hay en nuestro país. Transcurridos 4 años del inicio de aquella experiencia, el presente año electoral ha mostrado en la arena electoral a algunas de las tantas organizaciones que se han caracterizado, históricamente, por una posición esquiva a la disputa de las instituciones mediante el voto.
Con este panorama, ayer se realizó una charla-debate con la consigna “Por una alternativa política del pueblo trabajador. Para un nuevo ciclo de luchas”, del cual participaron Pueblo en Marcha, COB La Brecha, el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional e Izquierda Revolucionaria. Al evento asistieron, además, diferentes organizaciones y representantes del Partido Obrero e Izquierda Socialista, dos de las fuerzas fundadoras del FIT.

Una necesidad urgente

Muchos han sido los temas que se han planteado de cara a esta jornada que contó con más de 200 presentes, impulsados seguramente ante la perspectiva de un evento de suma relevancia. Historia, tradiciones, caracterizaciones pero, esencialmente, el debate acerca de las dificultades y necesidades a la hora de enfrentar el desafío de alcanzar la unidad de toda la izquierda, ha sido el eje central.
El primer orador fue Norberto Señor, referente de MULCS en Pueblo en Marcha, quien desarrollo en lineas generales cuál es el panorama del contexto actual. Un modelo capitalista que ha tocado su techo, lo que promueve una salida por derecha “Que ha preparado la clase reaccionaria “ y que, además, “No solo está en marcha sino que será el camino luego de las elecciones”.
Además, hizo referencia a la injerencia del imperialismo en Latinoamerica, ya no solamente por parte de los Estados Unidos, sino también de la ascendente potencia de China. Con esta base, Señor criticó duramente a “Las organizaciones que dicen ser de izquierda y allí actúan y no hacen más que seguir ese tren”.
Frente a esta situación, de un ajuste que se viene desarrollando hace varios meses y seguramente se va a profundizar, Señor aseguró que la unidad es indispensable. Por eso, dijo que “Tenemos miles de diferencias, pero en lo fundamental coincidimos. Tenemos los mismos enemigos, defendemos a la clase trabajadora, somos socialistas y revolucionarios”.
Por su parte Sebastian Montiel de La Brecha hizo hincapié en la necesidad de, para alcanzar la mentada unidad, poder tener desde las diferentes fuerzas lecturas similares acerca del contexto. En esta linea, afirmó que “Lo que viene es mayor ajuste y represión, con un intento de generar paz social incluyendo a la burocracia sindical”.
A partir de allí, saludó la apertura de las listas de los partidos tradicionales que integran el FIT, aunque cuestionó que sea una herramienta mayormente electoralista. “Hay que reconocer que hubo un espacio, el FIT, que ha logrado instalarse como ideario contrahegemónico y que pudo decir que la izquierda está acá”, y agregó que “La tarea no es integrar las listas, sino la de construir una alternativa anticapitalista y antipatriarcal”.
Más allá de haber sido el orador más crítico del panel, Montiel aseguró que estaban allí porque siguen apostando a la unidad. En esa linea, afirmó que todas las fuerzas que componen las diferentes tradiciones de izquierda “Hemos avanzado en varios frentes y hay que transformar esos frentes en procesos de unidad”.
En una posición similar a la propuesta por La Brecha, Celina Rodríguez, del FPDS Corriente Nacional, destacó las diferentes experiencias que se vienen dando desde el 2001 para acá, destacando que los antecedes, de todas maneras, son anteriores. “Pensaba en ensayos de unidad, pensaba en el Cordobazo, la unidad de obreros y estudiantes”, afirmó.
Rodríguez se encargó de repasar varios procesos por los que han atravesado las distintas organizaciones de todo tipo con el fin de ahincar lo valioso de las mismas. “No está mal pensar diferente, esa es la riqueza de los ensayos de unidad. Pero si nos paramos en la diferencia, la unidad no será posible”, aseguró.
Valeria Mustoni, de Izquierda Revolucionaria, destacó, en sintonía con los oradores que la antecedieron, que “Se viene un escenario de mayor ajuste que lo van a garantizar con represión”, e hizo referencia a la profundización de un modelo agroexportador, extractivista que no permitirá el crecimiento de la clase obrera.
A continuación, remarcó la tendencia de la jornada acerca de la unidad y del FIT como referencia principal de la izquierda. En ese sentido, dijo que “Coincidimos en que somos parte de una izquierda anticapitalista, que lucha por el feminismo” y agregó que “Entendemos que el FIT se ha posicionado como referencia de la izquierda en toda la Argentina. Valoramos este proceso y creemos que hay que avanzar en una alternativa que trascienda lo electoral y el sectarismo”.
Finalmente, Carina López Monja, del FPDS en Pueblo en Marcha, inicio su exposición asegurando que “Frente al escenario de una derecha recalcitrante y el kirchnerismo, preferimos una salida por izquierda”, sentando base, así, en lo que es su incursión dentro del FIT.
López Monja giró sobre dos ejes. Uno en relación al fortalecimiento del FIT, afirmando que “La unidad de la izquierda es uno de los desafíos. Priorizamos una izquierda anticapitalista que construya poder popular”. Además, destacó que “Deberíamos intentar rescatar lo mejor de las experiencias de nuestro pueblo trabajador y lograr una síntesis de eso”.
Otro de los puntos es acerca del contexto en que se da esta necesidad unitaria. En ese sentido, afirmó que “Los debates sobre lo electoral tiene que ver con los diez años del kirchnerismo, porque hubo cooptación pero también construcción de hegemonía, debates sobre el rol del Estado. Por eso es un debate abierto”. Por todo esto, López Monja aseguró que “Hay que lograr trascender las iniciativas coyunturales. Tenemos que pensar en un programa que no se quede en el papel, sino que sea para avanzar”.

Participación complementaria

Dentro del público que asistió a la jornada, se destaca la presencia de José Castillo, de Izquierda Socialista y de Gabriel Solano, del Partido Obrero. Ambos tomaron la palabra ante la apertura del debate y dieron su aporte en la misma linea propuesta por la actividad, es decir, contribuir a la unidad aceptando críticas y desafíos.
Castillo valoró y destacó el paso esencial que las organizaciones populares de izquierda dieron al saltar a la vía electoral, especialmente por hacerlo en el FIT. En ese sentido, aseguró que “Hay un acuerdo muy grande de perspectiva”, pensando en el panorama de ajuste actual y futuro. Por ello, “Invitamos a que se sumen a participar y ampliar (al FIT) a todas las organizaciones”.
Por su parte, Solano saludó la iniciativa y de cara a octubre dijo que “Me parece importante que logremos una campaña común. Esto no significa seguidismo porque en la izquierda eso no existe. El apoyo siempre debe ser critico”. Además destacó que “Cada voto al FIT es un voto menos a Massa, Scioli, Macri y Stolbizer”.

Entonces

Sin lugar a dudas la jornada de ayer no ha resuelto el problema de la unidad de la izquierda. Pero es importante destacar que si contemplamos la apertura de dos de los partidos de la izquierda tradicional (IS y PO), la decisión de organizaciones como las que integran Pueblo en Marcha de avanzar en programas conjuntos en lo electoral pero especialmente en la lucha día a día en los puestos de trabajo, los sindicatos, las villas y demás, el aporte al debate con una clara voluntad de apostar por una izquierda unitaria que están teniendo desde espacios como La Brecha, podemos, cuanto menos, entusiasmarnos.
La actividad fue, apenas, una más de las tantas que se vienen desarrollando y de las que restan por hacer, pero frente a un panorama en el que tenemos garantizado a algún representante de la derecha conduciendo el país, frente a una crisis económica internacional que se expande cada vez más, debates de este tipo muestran su pertinencia y deja a las claras que la izquierda tiene signos de una fuerte maduración.

Agustín Bontempo
Marcha

Megacausa por delitos de lesa humanidad en La Rioja: comenzó la ronda de testigos

El pasado 6 de agosto se inició la conocida Megacausa de La Rioja, donde se juzgará a quince represores por delitos de lesa humanidad. Está prevista la comparecencia de alrededor de 100 testigos. A partir de las declaraciones testimoniales de los primeros días, ha surgido importante información que da cuenta de la sistematicidad de la represión y la política de exterminio de la oposición política en la provincia de La Rioja durante la última dictadura. Para repasar las expectativas en torno al juicio, su importancia y los primeros testimonios, conversamos en el programa “Enredando las Mañanas” del día lunes 24 de agosto, con la Dra. María Esther Mercado Luna, abogada querellante en representación de seis de las víctimas.

En primer lugar, la abogada Mercado Luna detalló cuál es su participación en la causa “yo participo como querellante juntamente con las Dras. Viviana y Marisa Reynoso y lo hacemos en representación de seis de las víctimas, que son: Juan Carlos Gómez, Luis Gómez, Lucila Maraga, Lanzilotto en representación de su padre el profesor Lanzilotto que estuvo privado ilegalmente de la libertad y también lo hacemos en representación de María Heredia, que es la esposa de Adán Díaz Romero, secuestrado-desaparecido”.
La causa, explica la abogada, “se llama megacausa precisamente por el volumen de la misma, por la cantidad de imputados y por la cantidad de víctimas, y es la primera megacausa que se lleva a cabo en La Rioja. Los delitos que se imputan –continúa-, son numerosos, entre ellos homicidio calificado por el caso precisamente de Adán Díaz Romero, asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y tormentos. Esta causa tiene quince imputados, entre los más renombrados se encuentra Menéndez, Roberto Catalán, el director del Instituto de Rehabilitación Social Renardo Sánchez, José Félix Bernaus, que era el segundo jefe de la Policía Federal, Luis Fernando Estrella, que ya fue condenado por la causa de los sacerdotes y del obispo Angelelli”.

Primeros testimonios: Plutarco Schaller y el caso del diario El Independiente

La abogada querellante explica que “la primera jornada de testimonios se llevó a cabo entre el 20 y el 21 de agosto pasados. Uno de los primeros que declaró fue el señor Plutarco Schaller, que también es uno de nuestros representados. Como muchos deben saber, él formó parte de la Cooperativa El Independiente, cuyos miembros, especialmente los hermanos Pauletti que eran el director y subdirector, Alfieri que era el secretario de redacción y el propio Plutarco Schaller habían sido señalados como uno de los blancos por parte de la dictadura acá en La Rioja. Plutarco Schaller fue detenido el mismo 24 de marzo de 1976, precisamente en el diario, y él en su extenso testimonio (…) relató cómo fue su detención, las condiciones inhumanas en las que estaban detenidos en el Instituto de Rehabilitación Social, los tormentos a los que fueron sometidos, los interrogatorios, permanentes, bajo tortura. Relataron, tanto él como Luis Gómez que también hizo unas declaraciones muy amplias, cómo los querían obligar a decir y a firmar declaraciones sobre hechos totalmente falsos y que ante su negativa los castigos y los tormentos que venían después eran tremendos. En el caso de Plutarco Schaller también contó cómo se le hizo firmar su renuncia al diario El Independiente, bajo amenaza de muerte”.

El traslado al penal de Sierra Chica y la visita de la Cruz Roja en 1978

Otros de los hechos detallados por los testigos que declararon el jueves, Schaller y Gómez, fue el traslado al que fueron sometidos desde el Instituto de Rehabilitación Social hacia el Penal de Sierra Chica, en octubre de 1976 en un avión Hércules. Mercado Luna no duda de caracterizar esta travesía como un “infierno que se vivió en ese traslado, porque fueron permanentemente golpeados, viajaban sentados en el piso, atados y con los ojos vendados. Todos coincidieron en este relato, de este brutal traslado”. A partir de allí, “estuvieron como detenidos-desaparecidos durante prácticamente un año, fueron retrasladados desde el penal de Sierra Chica nuevamente al Instituto de Rehabilitación Social junto con otros cuatro presos políticos más, y decimos que estuvieron en carácter prácticamente secuestrados porque sus familiares desconocían totalmente su paradero y durante este período fueron brutalmente torturados y sometidos prácticamente a un régimen de campo de concentración”.
Su reaparición tuvo que ver con la presión internacional durante el mundial de fútbol de 1978, como explica Mercado: “fueron en realidad traídos como rehenes para el mundial del 78. No sé si todos recordarán que para ese momento, en el exterior, hubo una especie de campaña en contra de la Argentina y denunciaba internacionalmente las violaciones a los derechos humanos, tan es así que los que no son tan jóvenes recordarán que los militares sacaron un logo, un eslogan que pegaban en las paredes, que decía 'Los argentinos somos derechos y humanos'. Esta gente fue traída como rehenes para el mundial, porque justamente a raíz de las denuncias que habían trascendido a nivel internacional en 1978 vino la Cruz Roja a la Argentina y a este grupo de detenidos políticos, entre los cuales estaban Plutarco Schaller y Luis Gómez, luego de haber sido retenidos clandestinamente y castigados brutalmente, se les comunicó en octubre del 78 que serían visitados por la Cruz Roja y que tenían que decir que habían sido bien tratados, que recibían visitas, que podían escribir cartas, es decir que tenían un régimen de una cárcel modelo, prácticamente. Y que si no lo hacían, se iba a hacer un simulacro de fuga e iban a ser ejecutados. Por lo tanto, ante la visita de la Cruz Roja tuvieron que hacer esa manifestación”.

La represión en La Rioja, la participación de la iglesia y el juez Catalán

La importancia de esta causa y de los testimonios, desde el punto de vista de la reconstrucción histórica, tiene que ver también con reconocer las expresiones particulares que tuvo la represión en La Rioja e identificar quiénes fueron los responsables o los actores locales.
La abogada querellante califica de importantes y contundentes los testimonios de los primeros días, ya que con ellos “se pudo demostrar, lo que fue el plan sistemático de exterminio de la oposición política aquí en La Rioja. Precisamente, vos te referías a algunos civiles que están siendo llevados a juicio en esta causa, concretamente el juez Catalán. En los testimonios quedó en evidencia que toda esta situación de condiciones inhumanas a las que eran sometidos [los presos políticos] principalmente en la cárcel de acá de La Rioja, lo era con conocimiento del juez Catalán. Y también con complicidad incluso de la iglesia católica, porque existen denuncias, y denunciaron también los testigos, que particularmente el capellán Peralta López los visitaba en la cárcel y cuando ellos le manifestaban que habían sido torturados o que estaban siendo torturados brutalmente, este personaje les contestaba que lo que pasaba es que ellos no colaboraban y no querían declarar. O sea que esto demuestra que efectivamente la dictadura no fue solamente una dictadura militar, sino fue una dictadura cívico-militar y clerical podríamos llamarlo”.
“En La Rioja –continúa–, y esto lo detalló bien el testigo que declaró el día viernes, el Dr. Jorge Mercado Luna, la represión tuvo características particulares, y eso se debió a la fuerte presencia de la pastoral de Monseñor Angelelli, a la que adhirieron muchos riojanos y que era una pastoral, como todos sabemos, que propiciaba una iglesia más preocupada por los problemas sociales, por los pobres, por los más necesitados. Eso para los militares era sinónimo de subversivo, por lo tanto, en La Rioja, sectores allegados a esta pastoral, que eran muchos, fueron arrastrados a las cárceles y ésa es la particularidad que tuvo en La Rioja, que sectores cercanos a la iglesia fueron encarcelados simplemente por adherir a esta pastoral que no hacía otra cosa que seguir los principios del Concilio Vaticano II, que fueron profundizados en Puebla y Medellín”.

Los cuatro blancos principales de la dictadura

Uno de los testimonios que dieron elementos importantes en la causa fue el del Dr. Mercado Luna, quien en su exposición puntualizó, como detalla la abogada, “que hubo cuatro blancos principales en La Rioja para los militares: uno fue la pastoral de Angelelli, y los sacerdotes y laicos que adherían a ella; otro fue la Juventud Peronista; otro fue el sector del diario El Independiente, o sea, los que integraban la cooperativa y las personas allegadas a ellos; y el otro sector fueron los sectores más progresistas de los partidos políticos y los sectores intelectuales y allegados a la cultura. Esos fueron los cuatro blancos más importantes que tuvo la dictadura militar aquí en La Rioja”.

La importancia y proyección de la Megacausa

La cantidad de testigos, imputados y víctimas hace esperar que este juicio se extienda durante varios meses, y ya se sabe que hay una Megacausa II. La abogada Mercado Luna comparte detalles de cómo continuará en los próximos días, “por lo pronto, este juicio se viene desarrollando en jornadas que se llevan a cabo jueves y viernes de todas las semanas. El próximo jueves declaran Lucila Maraga de Gómez, que es una de nuestras representadas, el señor Nito Brizuela, todos son testigos víctimas. Todavía no nos pasaron la lista de los testigos que deberán declarar el próximo viernes 28, pero nuestras expectativas es que todo esto que ha sido demostrado con estos primeros testimonios que han sido muy fuertes y contundentes, va a ser ratificado y reforzado en más detalles, cada uno con las particularidades que sufrió en su cautiverio, por los restantes testigos. Así que creemos que la prueba es mucha, y que realmente van a ser condenados los imputados. Por lo menos, esa es nuestra expectativa y para eso vamos a poner todo nuestro empeño y todo nuestro trabajo”.
Para finalizar, la abogada de derechos humanos remarca la importancia de estos juicios y de la verdad histórica que los mismos develan, “es muy importante la difusión de estos juicios y que se conozca lo que realmente pasó en la Argentina de los 70, porque por ahí hay mucha gente que nos dice bueno, ya está, esto ya fue, ya pasó hace 40 años, pero hay que tener en cuenta en primer lugar que hay gente que atravesó por situaciones que ningún ser humano puede imaginarse y que necesita la reparación de la justicia. Pero además, es importante conocer todo esto para valorar la democracia que tenemos hoy, y valorar que vivimos bajo un estado de derecho y no de terror, pero también para tomar conciencia como ciudadanos de que tenemos derechos y uno de esos derechos es denunciar y no permitir hoy por hoy ninguna otra situación de autoritarismo ni de abuso de poder por parte de quienes nos gobiernan (…)debemos conservar esta etapa en la memoria, justamente para crecer como república y para crecer como ciudadanos”.

RNMA
ANRed

jueves, 27 de agosto de 2015

Tucumán: ¿en qué consiste el fraude de los acoples?



El sistema electoral denominado “acoples” fue establecido por la reforma constitucional de 2006, en reemplazo de la Ley de Lemas. Un cambio para que nada cambie.

Como parte de disfrazar el objetivo reeleccionista de la reforma constitucional de 2006 se planteó la reforma de la impopular Ley de Lemas. Esta Ley permitía a un partido presentar centenares de sublemas que competían entre sí, pero que sumaban el total de sus votos al Lema principal del partido. La Ley de Lemas tenía el objetivo de permitir competir a los diferentes punteros políticos con trabajo territorial, pero que al mismo tiempo sumara votos al conjunto. Así nadie sacaba los pies del plato y al mismo tiempo se aseguraba que todo el aparato territorial tuviera interés en “trabajar” para las elecciones.

La trampa de los acoples

Lo central de la reforma residió en liquidar la suma de sublemas, pero estableciendo que “Los partidos políticos, frentes o alianzas electorales podrán celebrar acuerdos para apoyar a un único candidato a Gobernador y Vicegobernador y/o Intendente de un partido político, frente político o alianza distinta, pudiendo unir la boleta diferentes categorías de candidatos con la categoría de Gobernador y Vicegobernador y/o de Intendente de otra lista distinta, sumándose la totalidad de los votos obtenidos por las listas en cada categoría”. Es decir que si antes un puntero podía participar de un sublema y aportar al Lema, ahora puede formar un partido (municipal o provincial), competir por el cargo legislativo y sumar al cargo ejecutivo. Resultado: se inscribieron 503 partidos y 25.000 candidatos, es decir, 1 candidato cada 44 electores.
En el caso del PJ y la UCR la trampa queda en evidencia. Los principales candidatos de los partidos acoplados a las fórmulas de Manzur y Cano son al mismo tiempo autoridades partidarias del PJ y la UCR. Ni siquiera intentan disimular que son partidos diferentes que logran una “alianza”.

Lo que esconden los acoples

Pero el fraude no está sólo en colapsar los cuartos oscuros. Como dijimos respecto a la Ley de Lemas, los acoples buscan que hasta el último puntero barrial tenga interés económico en “trabajar” la elección. Una gran parte de los incidentes del 23 de Agosto no sucedieron en las escuelas, sino en los barrios dónde los diferentes punteros competían por llevar a su “gente”. Si el voto cadena fue parte del viejo manejo clientelar, las nuevas tecnologías permiten evitar el robo de sobres. El puntero le entrega a cada persona un celular para que filme el momento en que pone el voto en el sobre y de esta forma se aseguran que la extorsión material no pueda ser evadida en el cuarto oscuro. Cada Legislador y Concejal cobra, además de una suntuosa dieta, decenas de miles de pesos en carácter de “gastos sociales”, es decir, la forma en que blanquean el sistema clientelar del régimen político. Incluso aquellos punteros no electos, son premiados luego con algún cargo político menor de manera que sigan “trabajando” para el “proyecto”.
Tanto la Ley de Lemas como su hija pródiga, la Ley de Acoples, sólo puede funcionar en una provincia sumida en la precarización laboral y la pobreza. Este verdadero ejército de punteros son entonces los responsables, además de garantizar votos, de mantener bajo control en cada barrio a los sectores más empobrecidos. Así como la burocracia sindical controla en las fábricas el descontento obrero, el puntero se encarga de disciplinar a quien cuestione las condiciones en que vive. El complemento de esta ecuación es la maldita policía, que reprime mediante el gatillo fácil permanentemente en los barrios y junto a los punteros y la complicidad judicial, organizan el gran delito. No por casualidad Tucumán es conocida por los casos de Marita Verón y Paulina Lebbos.

Por una Asamblea Constituyente

La crisis abierta frente a las fraudulentas elecciones del 23 de Agosto, sólo desnudaron el agotamiento de uno de los aspectos centrales de la Ley de Acoples que era mantener “unidos” a los diferentes punteros, principalmente del PJ. La alianza entre el radical José Cano y el peronista Domingo Amaya, hizo que la interna del PJ estalle en plenas elecciones.
Sin embargo lo que es necesario poner en cuestión es el régimen político que perpetúa la pobreza para lograr su sobrevivencia. Por este motivo desde el PTS en el Frente de Izquierda creemos que es necesario imponer una Asamblea Constituyente que además de acabar con el sistema de acoples, que tienen rango constitucional, de solución a los problemas estructurales de Tucumán y sobre los que se basa el verdadero fraude. Esta Asamblea debe, entre otras medidas, imponer el salario mínimo igual a la canasta familiar, el pleno empleo y el trabajo todo el año para los temporarios y el plan de obras públicas que termine con el hacinamiento. Además, y como se ve particularmente en el sistema de acoples, es central terminar con la casta política y judicial y todos sus privilegios, imponiendo que todo funcionario gane lo mismo que una maestra.
Por este motivo es fundamental impulsar la movilización independiente y contra cualquier pacto de gobernabilidad entre la UCR y el PJ, apuntando a que los miles que se movilizan contra el escandaloso fraude avancen a cuestionar los pilares fundamentales del mismo, es decir este régimen político podrido.

Juan Rovere
@juanroverepts

La derrota de los desaparecedores de Alicia López o la reparación más esperada

Una escuela santafecina llevará su nombre

Un día de noviembre o diciembre del 76 (¿tal vez finales de octubre?), dejamos de ver a Alicia López. Había llegado a la Cuarta el 21 de octubre y ya venía golpeada, violada, humillada en las formas más perversas que hoy cuesta imaginar y estuvo con nosotros en ese centro clandestino de detención, torturas y exterminio que se disimulaba entre las paredes y los patios de una “inocente” seccional de la Policía Provincial, en la esquina de Bv. Zavalla y Tucumán, o sea justo enfrente de la escuela pública Nº 5 López y Planes que es la escuela adonde yo había hecho la primaria y a la vuelta del viejo Mercado de Abasto, frente del cual había vivido por veinticuatro años, hasta la noche que un grupo de tareas del Ejercito Argentino asaltó la casa de mi vieja, la misma que habían dinamitado parcialmente en diciembre del 75 y comencé a irme de Santa Fe, lo que realmente sucedería a finales de 1977, después de dos secuestros y sucesivas “estadías” en la Cuarta.
La primavera vez en la celda grande que daba al patio y que lindaba con la celda más chica, tumba le decíamos, en que metieron a patadas a Alicia aquella noche de octubre en que nos conocimos. En la Cuarta estaba prohibido todo. Como diría tiempo después el jefe del penal de Coronda: aquí está prohibido cantar, hacer gimnasia, comunicarse con el lenguaje de las manos, etc. y todo lo que no esté explícitamente permitido está prohibido. Y sin embargo, de una u otra manera, de modos que no termino de recordar, rompíamos ese mandato: hablábamos por las paredes cuando los guardias se alejaban de la zona de los calabozos, nos pasábamos algo de la comida que nos daban o conseguíamos y sobre todo, nos sosteníamos en el aire de un modo que la física no podría explicar.
Alicia venía del noreste, allí había ido con su marido a sumarse a las Ligas Agrarias y desde una revistita apostaba al conocimiento como instrumento de liberación, enseñaba a venerar los libros, amaba a su compañero y criaba a sus tres hijos. Descendía del tronco familiar del mismísimo Brigadier Estanislao López y se me ocurre que no le perdonaron nunca ese “acto de traición” de alfabetizar indiecitos descalzos, de pensar el compromiso con los pobres como el mejor modo de seguir a Jesús y de apostar a un proyecto colectivo de transformación de la realidad. Esa invencible sonrisa que recuperaba por ratos, entre desmayos por debilidad y las golpizas que recibía antes de ser violada de nuevo, y que todavía me pregunta, desde el piso de ese breve espacio que hay entre mi celda y el baño, José ¿ ya es hora de volver?.
Y yo creo que sí, que ya puede volver…
Ya derrotamos el discurso de Videla de que los desaparecidos están de joda en Copacabana o en Varadero o en ningún lado, como decía el General. Ya todos saben que Alicia estaba allí, en esa sucia tumba del fondo de la Cuarta donde el Jefe Facino, el mismo que luego fue jefe de Comando Radioeléctrico y luego Jefe de la Comuna propuesto por el Partido Justicialista y votado por la ciudadanía que prefería los tours de compra a Porto Alegre que saber quien es Alicia.
Ya derrotamos el discurso de Alfonsín de que represores y reprimidos eran Dos Demonios que habían asolado la pacífica República Democrática, que nunca mató indios en la Campaña del Desierto ni obreros en la Patagonia Rebelde ni expulsó inmigrantes con la 4144 ni prohibió pensar distinto con la Ley Anticomunista ni creó en el Norte Santafecino, a pedido de La Forestal, ese grupo de tareas que primero se llamó Los Cardenales y luego Los Pumas.
Nadie hoy se anima a decir que Mario Facino y Alicia López son dos caras de la misma moneda como decía el primer prologo del Nunca Más, casi todos saben que la Cuarta era parte de un plan sistemático, largamente pensado y organizado con la ayuda del Comando Sur del Ejercito de los EE.UU. que formó a casi todos los oficiales represores incluido al jefe de inteligencia del área Santa Fe que se llamaba Marcellini y solo porque el juicio tardó tanto, se murió antes de llegar al banquillo de los Facino.
Atrás quedó la década de la vergüenza del menemismo que pretendía olvidar todo para que olvidemos lo principal: las causas que llevaron a Alicia y a los compañeros a la lucha y las causas que llevaron a Facino y a Videla a cometer un genocidio que no es otra que los privilegios que lograron los grandes grupos económicos que hoy se paran al lado de la Iglesia y La Nación para pedir que se paren los juicios y que vuelvan a Alicia al sitio de lo invisible que es el único que no les molesta.
Alicia puede volver porque fracasaron todas las maniobras jurídicas que demoraron su juicio y que la apartaron de los compañeros que compartimos la Cuarta en aquella primavera del 76. Y hay que decirlo: en el 2009 sacaron a Alicia del Juicio a Brusa para no cargarle al Señor Juez Torturador la molestia de explicar la muerte de una maestra.
Pero en el 2010 si que vino el Juicio y los compañeros volvieron a poner el cuerpo, sin importarle que todavía no se sepa bien quién mató a Silvia Suppo o que el Tribunal Oral sea el mismo que se negó a juzgar a Brusa por pudor judicial, que sus señorías son muy pudorosas y no queda bien juzgar a un par, o sea a un ex Juez que fue torturador, o sea que les duele el juicio a los torturadores más que las torturas, o no?
Pero hay un tiempo nuevo en la Argentina y hasta la señora Jueza que indagaba por la “femenina” cuando preguntaba por Alicia, terminó diciendo lo que habíamos dicho por treinta años: que Alicia estaba en la Cuarta y que allí la mataron y desaparecieron hasta hoy que quiere volver y nos pregunta si ya es hora.
Y yo que le digo: Que sí, que ya es hora de volver.
Pero, si va a volver, ¿adónde debería volver?
Alicia ya está con sus hijos y sus sobrinas, con su compañero y sus nietos, con sus compañeros de lucha y de prisión, con los que luchan contra la impunidad y con los que quieren patrialibreyamericana; entonces, ¿no sería bueno que vuelva con sus chicos del norte, con los que todavía necesitan una estufa en su escuela y un plato de comida para que las ideas no sean flaquitas como era la maestra cuando llegó a la Cuarta?
Digo, ahora que volvió, ¿no es hora de que haya escuelas Alicia López, jardines de infante Alicia López , merenderos Alicia López, peloteros Alicia López, plazas, barcos, barriletes, salas de computación y laboratorios de física Alicia López, estudios musicales y un sol Alicia López de esos que se ponen los niños en la sonrisa.
Eso, que vuelva y sea sonrisa de un niño, eso sí que sería justicia.

José Ernesto Schulman

[N. de E.] Desde el martes 25 de agosto la escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1328, Av. Facundo Zuviría 4363 de la ciudad de Santa Fe, lleva el nombre de Alicia López.

José Ernesto Schulman es secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Blog del autor: cronicasdelnuevosiglo.wordpress.com