El proyecto enviado al Congreso permitiría que una larga lista de delincuentes de guante blanco pueda acceder al blanqueo. Jueces, gobernadores y legisladores tampoco tendrían trabas.
Un represor que haya fugado dinero obtenido durante la dictadura pero no esté procesado; un acusado por delitos de explotación sexual sin procesamiento firme; un contratista del Estado como Cristóbal López; cualquier diputado, juez o gobernador.
Son solo algunos ejemplos de la amplitud de rango que permite el nuevo proyecto de blanqueo de capitales que viene a configurar la base del llamado Régimen de Sinceramiento Fiscal.
La información se conoció durante este miércoles, cuando se envió el proyecto al Congreso de la Nación. Las primeras repercusiones dieron cuenta de que el gobierno, aunque había decidido “autoexcluirse” de los posibles beneficiarios de la nueva norma, no había hecho lo mismo con jueces, gobernadores y legisladores.
La explicación del Poder Ejecutivo fue que esperaban que eso fuera definido por los propios diputados y senadores al tratar la norma en el Congreso. Esto, sin embargo, no sería aplicable a los integrantes del Poder Judicial ni tampoco a los mandatarios o exmandatarios provinciales.
Pero además la excepción para los funcionarios del Ejecutivo no es indefinida sino que tiene un tope hacia atrás en el 1° de enero de 2010, llegando hasta el actual gobierno. En ese caso, por solo citar un ejemplo, si Carlos Menem no figurara en el ranking de los funcionarios procesados, podría acogerse a los beneficios.
Si el expresidente no lo hace, habrá muchos otros funcionarios que hayan finalizado sus labores antes de enero de 2010.
El proyecto también podría permitir que el conjunto de los contratistas del Estado, mientras no se encuentren procesados por los delitos señalados en el artículo 82 del proyecto de ley, puedan acceder al blanqueo. Así, un empresario estrechamente ligado al anterior gobierno como Cristóbal López, podría ser parte de quienes reciban al beneficio del blanqueo.
Impunidades
El proyecto -que tiene más de 90 páginas en su versión actual- establece en los artículos 81 y 82 los limitantes para quienes puedan acceder al blanqueo.
Allí, en el inciso “e” del artículo 82 se enumera el conjunto de motivaciones penales que pueden impedir acceder al blanqueo. Sin embargo, líneas más abajo se agrega que “quienes tuvieran un proceso penal en trámite por los delitos enumerados en el inciso e), podrán adherirse en forma condicional al Régimen de Sinceramiento Fiscal”. Así se deja abierta la puerta para que quienes puedan haber estado imputados, sino son procesados, accedan al blanqueo.
Entre los delitos se incluye a quienes estuvieran procesados por “delitos de explotación sexual y secuestro extorsivo”. Pero precisamente las redes de trata, es decir de explotación sexual, están amparadas por jueces, integrantes de las fuerzas represivas y políticos de los partidos patronales en todos los niveles. Así, las limitaciones propuestas por el proyecto de ley no garantizarían traba alguna en este caso.
Otra cuestión que no ha escapado a las críticas es el hecho de que el nuevo proyecto no excluye a “cónyuges y/o parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente”, una diferencia en relación al blanqueo impulsado en 2013 por el kirchnerismo, donde se incluía hasta el primer grado. Ese limitante, en el actual proyecto, no corre. Por solo hacer un ejemplo hipotético, si un funcionario o empresario se encontrara procesado, un pariente que no lo esté podría acceder al blanqueo.
Éstos solo son unos pocos ejemplos de las enormes ventajas que la normativa ofrece a todo tipo de negociados.
Críticas moderadas
La norma despertó rechazo dentro del arco del mismo oficialismo. Elisa Carrió y los radicales mantienen una visión crítica del proyecto. Ellos habían sido los que habían forzado la primera modificación. En las versiones periodísticas difundidas días atrás se incluía a todo tipo de funcionarios públicos.
Pero los cambios realizados en el que se envió al Congreso distan de ser suficientes para este sector de Cambiemos que, en la noche de este miércoles, sostenía las críticas.
Desde el peronismo, por su parte, se mostraron más flexibles. En un comunicado que se conoció en la tarde de ayer se indicaba que “respecto de la ley de blanqueo pediremos que los imputados con causas de mal manejo de la cosa pública no tienen que entrar”.
La limitación que exigen no parece sustancial. No podía ser de otro modo. Bajo el kirchnerismo se impulsó un blanqueo que, en lo esencial, no distaba en mucho de este proyecto.
Hoy el proyecto comenzará a ser debatido en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara Baja. Será a partir del mediodía.
Se descuenta la presencia del titular la AFIP, Alberto Abad, y del director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, entre otros funcionarios.
Redacción LID
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