Aún antes de darse a conocer, el gobierno ha puesto en ejecución el protocolo de seguridad. Lo sufrieron los trabajadores de Cresta Roja, pero no sería un caso aislado. Como lo confirmaron la vicepresidenta y el ministro de Trabajo, ésta será la norma de aquí en más.
El gobierno ha anunciado una “emergencia en seguridad” que, aunque se presenta focalizada en el delito o el narcotráfico, apunta a otorgar carta blanca a las fuerzas represivas en un sentido más amplio. La emergencia “autorizará tomas de decisiones sin necesidad de complejas reformas legales” (Clarín, 18/12). Es el caso de la participación del Ejército en cuestiones de inteligencia o seguridad interior, que la actual legislación impide. Otro vocero del gobierno afirmó que “el concepto de la emergencia es en sentido amplio”, y “abarca áreas que tienen que ver con lo social, lo educativo y la justicia” (Página/12, 18/12). El gobierno se ha autoasignado superpoderes para una militarización de la vida social.
En la misma línea, se inscribe el anunciado “protocolo de seguridad” para ilegalizar o impedir la protesta social, la llamada “batalla por el control de las calles”. Marcos Peña, el jefe de Gabinete, adelantó que el gobierno trabaja para evitar dilaciones ante una orden de la Justicia para actuar sobre una protesta social.
La decisión se conoció después de los cortes de los trabajadores de Cresta Roja y Acindar. La agenda del ajuste exige ponerle un ‘cepo’ a la reacción obrera y popular.
Prohibido olvidar
La decisión de Macri retoma viejos planteos de la presidenta CFK: “Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, dijo la entonces Presidenta en marzo de 2014, luego de la ocupación del Indoamericano. ¿Alguna diferencia con el nuevo Presidente, que se indigna por el corte de los trabajadores de Cresta Roja y declara que “esto es maldad, no es protesta”?
Es decir, el borrador de protocolo, que estaría redactando Patricia Bullrich, tiene estos antecedentes. Viene al caso recordar, además, que la ley Antiterrorista, que forma parte de la organización de un Estado policíaco, fue votada en bloque por el Frente para la Victoria, el peronismo, el PRO y la UCR.
De qué norma hablamos
El gobierno y los medios se han lanzado a movilizar, como lo tentó el “nacional y popular”, a la clase media o a una parte de ella contra la clase obrera. Una experiencia que, una década atrás, se planteaba contra las masas de desocupados. En aquella oportunidad tenía por propósito destruir al movimiento piquetero. En este caso, atacar al movimiento obrero en lucha, que es su continuidad. Por eso los editorialistas del fin de semana hablan de la necesidad de que la acción del Estado sepa discriminar entre los “pequeños grupos” y el peronismo, en una clara alusión a la izquierda.
Como la protesta social no está formalmente ilegalizada ni amenazada por fallos judiciales al día de hoy, lo que se viene con el protocolo es una norma a la que se le querrá dar categoría de política de Estado, presumiblemente vía decretazo.
En la agenda de lucha contra el ajuste, coloquemos en primer lugar la defensa del derecho de organización y movilización de los trabajadores por sus derechos amenazados. No al protocolo de seguridad, no al procesamiento de los luchadores.
Christian Rath
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