El primer tarifazo

El análisis hecho sobre estos aumentos plantea que el aumento de la tarifa para los usuarios – que se publicará en los próximos días – llegará como mínimo al 300 %

El gobierno ha publicado en el boletín oficial el anunciado aumento de tarifas de electricidad. Rigen para el mercado mayorista, es decir para las empresas generadoras, que le cobran a las distribuidoras y éstas, a su vez, trasladarán a los usuarios.
El análisis hecho sobre estos aumentos plantea que el aumento de la tarifa para los usuarios – que se publicará en los próximos días – llegará como mínimo al 300 %. El dato, de todas maneras es incierto, porque falta saber cuánto cobrarán las distribuidoras por llevar la luz a los hogares e industrias. Además, el aumento de la tarifa se ha nacionalizado, por lo que afectará también al interior - no sólo a CABA y GBA.
Este aumento regirá solo hasta abril, donde se producirá un segundo aumento de tarifas que tendrá como piso el actual porque la información oficial dice que esta actualización de los precios alcanza a cubrir sólo el 40 % de los costos.
Los informes que señalan que la suba de tarifas anunciadas le sumaría al menos un punto a la inflación de febrero son absolutamente sesgados desde el momento que el aumento para industrias y centros comerciales – que pasa de 320 a 773 el Megavatio hora – será trasladado íntegramente por las patronales a los precios del consumo.

La farsa de la tarifa social

El establecimiento de una tarifa social para menos de 150 kilovatios es una burla porque sólo cubren consumos mínimos, para una heladera y algunas lamparitas y la escala de aumentos reducidos (alrededor del 30%) es para 200 Kv y no permite mucho más equipamiento.
La farsa de la consideración “hacia los más pobres” esta puesta a la luz del día. Cualquier informe señala que una casa de una familia trabajadora tiene un piso de no menos de 300 Kv.
Pero incluso el alcance de la llamada tarifa social está por verse, porque casi el 40 % de la población se encuentra en negro. “Existen muchas dudas sobre la manera en que se computara el gran porcentaje de trabajadores en esta situación” (El Cronista 28.1.2016).

La impostura K

Los argumentos se basan en la ley de privatización de Menem de 1991, que garantizaba los aumentos de tarifas y que, en la “década ganada”, se cubrió con subsidio estatal. Las privatizadas vieron asegurados sus ingresos no por la vía de la tarifa sino con dinero público. Además, aceptaron el arbitraje internacional del CIADI, los tribunales aceptados para los litigios que presentaron las privatizadas, lo que desembocó en multas millonarias pagadas contante y sonante por el país.
Presentado por el gobierno “nacional y popular” como un beneficio a la clase trabajadora, era un mecanismo de rescate de las distribuidoras – un monumento al parasitismo que han visto crecer sus acciones hasta 5.5 % en un solo día – y una concesión al conjunto de los capitalistas porque permitía a estos fijar salarios a la baja, sobre la base de una canasta familiar disminuida invocando el peso de los subsidios en la tarifa.

Quien paga la crisis

Aranguren sostiene que el precio de venta de electricidad de las generadoras sin el subsidio no cubre los costos de producción y por lo tanto no estimula la “inversión privada de riesgo” ni el ahorro de energía de los usuarios. Con un estado quebrado por todos los pagos usurarios y de rescate que se concretaron en el período K, el gobierno de “Cambiemos” apunta a hacer pagar la crisis a los trabajadores, directamente desde sus bolsillos. No ha bajado ninguna presión impositiva sobre el consumo para aliviar a los trabajadores, ni tampoco el impuesto al salario, pero ya se ha descargado sobre los hogares la devaluación, la carestía y ahora el aumento de tarifas, mientras quiere fijar techos del 20% para aumentos de salarios en paritarias.

Un plan de guerra

A los 45 días de gobierno, el gobierno ha lanzado un mazazo a la economía familiar, ya golpeada por la devaluación, la carestía, los miles de despidos y suspensiones, el corte de horas extras. La inflación de diciembre, medida por uno de los indicadores reconocidos por el gobierno – el de San Luis, cantó 6.5 para diciembre. ¿Cuánto menos para enero? Se está produciendo un desbarranque del salario que exige una respuesta de conjunto del movimiento obrero, que debe declararse a sí mismo en estado de emergencia. La burocracia sindical no dará un solo paso porque está decidida a hacer pasar el ajuste, dejar que los despidos golpeen al activismo que le disputa en fábricas y lugares de trabajo la conducción efectiva de la clase obrera y recibir a cambio los fondos de las obras sociales y la garantía de permanencia en los sindicatos.
Es necesario un programa para enfrentar la ofensiva contra los trabajadores y el primer punto, a la luz de la brutal confiscación producida, es la reapertura de las paritarias, un reclamo del 40 %, la indexación mensual del salario y la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el ingreso de los trabajadores.
No se debe esperar porque no hay nada que esperar. El activismo, que está ocupando un importante lugar en el movimiento obrero, debe tomar la iniciativa y no confiarse en exigencias a la burocracia sindical, que sólo tratará de disimular su inmovilismo. Asambleas en los lugares de trabajo para imponer el rescate a los trabajadores, no a los capitalistas.

*Reapertura de las paritarias

* No al tarifazo

* Apertura de los libros de las privatizadas

* Nacionalización de las distribuidoras y del conjunto del sistema energético bajo control de los trabajadores.

¡Que la crisis la paguen los capitalistas!

Silvia Jayo