La autorización para el derribo de aviones no sólo es ilegal porque ha sido establecida por decreto, en el marco de la “emergencia de seguridad” dictada por el gobierno pasando por encima del Congreso. Representa una clara violación de la ley de seguridad interior vigente, que prohíbe a las Fuerzas Armadas desempañar tareas de seguridad dentro del país.
La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de “pena de muerte”, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro reaccionario con la excusa de la "lucha contra el narcotráfico", pero si esa fuese realmente la finalidad deberían estatizarse los puertos privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el juego que sirve para lavar el narco-dinero y el sistema financiero que cumple la misma función.
El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad convocar a personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, lo cierto es que gracias a la impunidad reinante la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos pudieron retirarse sin denuncias en su contra.
Llamativamente el decreto de derribo se aprueba en momentos que la Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa; es decir, se ha quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo de rearme de las Fuerzas Armadas, que ya comenzó en el último ciclo del gobierno K. La compra de aviones de combate ha sido un tema que servirá, además, para el alineamiento internacional con el imperialismo. En un país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto armamentístico será a expensas de los gastos sociales del Estado.
El macrismo actúa en este punto con el consenso de la inmensa mayoría de la clase capitalista y sus partidos. Ya en la campaña electoral Massa reclamó la “ley del derribo”, como parte de un planteo más general de intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. No deberá sorprender que en el futuro, siempre amparados en la “emergencia”, el gobierno también implemente esta medida. No se puede pasar por alto que el propio Scioli, en su campaña hacia el balotaje, dijo que hacía suyo el programa de Massa y se declaró partidario de que los militares custodien las fronteras. En todos los casos está presente un planteo de rescate de las Fuerzas Armadas, duramente golpeadas por la dictadura militar y la guerra de Malvinas. A ese propósito apuntaba también el nombramiento de Milani en la jefatura del Ejército.
La intervención militar en la supuesta “lucha contra el narcotráfico” presenta el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales, almirantes y brigadieres narcos.
Denunciamos el decreto de emergencia de seguridad y de derribo por su carácter reaccionario y represivo.
Gabriel Solano
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