Segunda entrega sobre la nefasta historia de la institución. Las prácticas que se volvieron habituales en la fuerza que se integrará a la Metropolitana: gatillo fácil, infiltraciones y zonas liberadas.
El historial delictivo de la Federal cuenta con muchos escándalos relacionados a la corrupción, la brutalidad policial, las estafas y la impunidad. Fundada en 1943, sus integrantes protagonizaron innumerables delitos y violaciones a los derechos humanos.
En la primera entrega de esta serie se trataron los casos del secuestro de Mauricio Macri en 1991 y la estafa del Hospital Churruca. Aquí se suman cuatro ejemplos que demuestran algunas prácticas que son moneda corriente entre los agentes de “sangre azul”. Gatillo fácil, espionaje, infiltraciones y la liberación de zonas para defender los intereses de la clase a la que responden.
El crimen de Walter Bulacio
Año 1991. Las razias policiales son el accionar habitual de la Federal. El 19 de abril el jefe de la comisaria 35°, comisario Miguel Ángel Espósito, preparó un enorme operativo alrededor del Estadio Obras Sanitarias, donde miles de jóvenes iban a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Walter y otros 73 jóvenes, antes de que comience el show, fueron detenidos y llevados a la 35°. Allí los identificaron, los separaron por sexo, les adjudicaron al azar causas de detención y los encerraron en calabozos. “El oficial me decía ’a este ponele por ebriedad, a aquel para identificar´ era un ping pong”, “contaría luego un agente”, según relata el periodista Rolando Barbano en su libro Sangre Azul.
Había once menores, entre ellos Walter de 17 años. Tras registrarlos en el libro de entradas los llevaron al calabozo “Sala de Menores”. En el trayecto Bulacio sufrió los golpes que el 26 de abril le causarían la muerte. A empujones lo hacían caminar un agente y un sargento. En eso apareció Espósito, quejándose por que la seccional “era un despelote”. Le arrebató el machete a uno de los agentes y golpeó varias veces a Walter en la cabeza.
La Policía no avisó de la detención de los 11 chicos ni al Juzgado de Menores ni a las familias. Se amparó para ello en la “Memo 40”, una orden policial interna dictada durante la dictadura de Onganía y vigente en 1991. Según esa orden, si los oficiales que detuvieron a menores de 18 años consideraban que no era necesario notificar al Juzgado, podían hacerlo. El “Memo” fue derogado luego del caso Bulacio.
Los responsables. El caso Bulacio estuvo plagado de condenas revocadas, paso por diversos juzgados, por la Corte Suprema, por la Corte Interamericana y hubo causas que se perdieron en el camino. El 8 de noviembre de 2013 (22 años después del crimen) y sólo como producto de la lucha encabezada por Mary, la abuela de Walter, su familia y los organismos de derechos humanos la Justicia resolvió una condena irrisoria y cínica: tres años de prisión en suspenso para Espósito por privación ilegítima de la libertad de Walter, obviando las denuncias por su muerte y por la detención de otros 73 jóvenes.
El documental “Yo sabía”, producido por el colectivo TVPTS y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), aborda el caso en profundidad.
La Masacre de Floresta y el caso Ezequiel Demonty
Roberto Eduardo Giacomino asumió como jefe de la Policía Federal el 26 de diciembre de 2001, bajo la breve presidencia de Adolfo Rodríguez Saa. El entonces gobernador bonaerense Carlos Ruckauf promovió el ascenso de su gran amigo y jefe de su custodia cuando era vicepresidente de Carlos Menem.
Cuando asumió dijo ante los medios que él no sabía lo que era la mano dura. Pero sus primeras medidas se dirigieron a fortalecer el poder de fuego de la fuerza que días antes había asesinado a parte de las 42 víctimas que dejaó la represión de las jornadas del 19 y 20.
Las medidas. Omitiendo la brutalidad policial desplegada en Plaza de Mayo, Giacomino rejerarquizó los cuerpos de Infantería y Montada, devolviéndolos a la órbita del Departamento Central. También pidió 5 mil nuevos agentes, más equipos antidisturbios y penas más duras para quienes asesinaran a policías. Su afán represivo lo llevaría, incluso, a reclamar la restauración del nafasto “Memo 40”.
A su vez Giacomino puso al frente de Asuntos Internos al comisario Jorge Alberto Bortoloni, el Director General de Comisarías durante la represión del 19 y 20. Una decisión muy cuestionada porque en su nuevo cargo a Bortoloni le tocaba armar el sumario disciplinario por esa masacre. Giacomino se defendió diciendo que a él no le constaba que las muertes en pleno centro porteño “hayan sido producidas por policías. No conozco ninguna prueba que indique eso”.
Esas declaraciones y medidas de Giacomino fueron la impronta de su mandato al frente de la Federal.
Gatillo fácil. Durante la “gestión” de Giacomino ocurrieron varios casos de gatillo fácil. Uno fue en la madrugada del 29 de diciembre de 2001 y el asesino fue el suboficial auxiliar Juan de Dios Velaztiqui, quien en 1977 había completado el 7° curso de Instrucción Contrasubversiva. Las víctimas fueron Cristián Gómez (25), Adrián Matassa (23) y Maximiliano Tasca (23), quienes estaban en una estación YPF del barrio de Floresta e hicieron algunos comentarios contra las fuerzas represivas por la represión del 19 y 20. Un cuarto joven, Enrique Díaz (20), logró escapar al fusilamiento.
Velaztiqui fue condenado en 2003 a reclusión perpetua. Desde 2012 goza del beneficio de la prisión domiciliaria.
Riachuelo. Otro caso de brutalidad policial en tiempos de Giacomino terminó con la vida del joven Ezequiel Demonty (19). Fue la noche del 13 de septiembre de 2002, cuando junto a sus amigos Julio Ismael Paz y Claudio Maciel fueron en busca de un remis tras salir de bailar. Al encontrar la remiseria de la esquina de La Constancia y Cruz cerrada, golpearon la persiana. Minutos después cuatro patrulleros los rodearon. A cargo del “operativo” estaba el oficial subinspector Gastón Javier Somohano. Tras revisarlos, golpearlos y robarles dinero los separaron y los subieron a cada uno a un patrullero. En caravana se dirigieron al Riachuelo.
“Ahora vas a aprender a nadar. Ahora vas a saber qué es ser hombre, negro de mierda”, los amenazaban en el viaje. Los bajaron a un costado del Puente Uriburu y los empujaron hacia la barranca del Riachuelo. Paz y Maciel salieron vivos del río. Demonty no. Su cuerpo fue hallado ocho días después a metros del puente Victorino de la Plaza.
En octubre de 2004 Somohano, un oficial y un suboficial fueron condenados a cadena perpetua por torturas seguidas de muerte y privación ilegítima de la libertad. Otros seis policías que estaban esa noche tuvieron penas menores, de entre 3 y 5 años, por “omitir” haber evitado esos delitos.
Pese su prontuario, Giacomino fue reconfirmado en su cargo en 2003 por el presidente Néstor Kirchner. Pero duraría poco, ya que terminó destituido. Su carrera terminó por una causa penal por cuestiones económicas, convirtiéndose en el primer jefe de la Federal removido por corrupción.
Vigilados desde adentro: el caso Balbuena
Rodolfo Grinberg, cofundador de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, conocía a Balbuena desde niño. Desde la adolescencia habían perdido contacto, pero se reencontraron a mediados de los 90, ya adultos, en la escuela de periodismo Santo Tomás de Aquino de San Martín.
El reencuentro decisivo fue en julio de 2002, cuando Balbuena “casualmente” se cruzó con Grinberg y le comentó que había dejado de trabajar en FM La Tribu (luego se sabría que su partida de la radio fue porque allí comenzaron a sospechar de que fuera un “buchón”). Ver a su exvecino desocupado conmovió al fundador de la Walsh. Y como en La Tribu Balbuena hacía un trabajo similar al de la agencia lo invitó a sumarse como movilero. Durante los más de diez años compartidos allí, Rodolfo y Américo se hicieron grandes amigos.
Pero en abril del 2013 la amistad se acabó, cuando una tarde llegó a la oficina de la Walsh una “fuente” de la Federal con documentos reservados: un listado interno con decenas de nombres del Cuerpo de Inteligencia entre los que figuraba Américo Alejandro Balbuena. Sí, el periodista mediocre, conocido de la infancia y gran amigo de Grinberg era un infiltrado.
Quién recibió la información fue de inmediato al Ministerio de Seguridad, se entrevistó con un funcionario cercano a la entonces ministra Nilda Garré y confirmó la veracidad de la información. “Balbuena pertenecía -pertenece- a la Sección Reunión de Información, una oficina de la División de Análisis de la Policía Federal. La estructura funciona dentro de la Superintendencia de Interior, el nombre con el que tuvo que ser rebautizada la dependencia más sucia de la dictadura: la Superintendencia de Seguridad Federal. Su único objetivo oficial declarado es ’hacer inteligencia criminal’”, relata Barbano en Sangre Azul.
Los integrantes de la agencia Walsh presentaron la denuncia penal en mayo de 2013, con el patrocinio de la abogada de CeProDH y diputada nacional Myriam Bregman (PTS/FIT). La causa judicial aún no tiene resolución. La lentitud de la Justicia parece indicar que el caso puede quedar impune, como tantos otros.
Ilegalidad “legalizada”. El decreto ley secreto 9021 de 1963 (y su reglamentación de 1967), fue creado por el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal. Establece que sus integrantes son agentes secretos y que sus tareas serán “todas aquellas correspondientes a la especialidad de informaciones y sus coadyuvantes necesarias al cumplimento de la misión asignada a la jefatura de la Superintendencia de Seguridad Interior”. El caso Balbuena demuestra que ese decreto sigue vigente. Habrá que ver si cuando la Justicia falle lo tiene en cuenta para justificar la ilegalidad.
Los diputados del Frente de Izquierda, con Nicolás del Caño a la cabeza, presentaron en octubre de 2014 un proyecto para derogar esos dos decretos. Proyecto que no tuvo, hasta el momento, tratamiento. Al igual que el pedido de informe presentado por los mismos diputados pidiendo se informen cuantos agentes de la Federal provienen de la dictadura.
Mariano Ferreyra: acción y omisión
Lo ocurrido el 20 de octubre de 2010, cerca de la estación Avellaneda del ferrocarril Roca, se convertiría en bandera de lucha para quienes militan del lado de los trabajadores. El crimen del joven militante del Partido Obrero fue cometido por una patota de la Unión Ferroviaria de José Pedraza. Pero contó con la complicidad de funcionarios del gobierno kirchnerista, socios de la burocracia sindical pedracista y de los empresarios que entonces gerenciaban el ferrocarril Roca. Y con la ayuda inestimable de las policías Federal y Bonaerense.
Los hechos. Un grupo de ferroviarios tercerizados, junto a organizaciones solidarias, planeaban cortar las vías en reclamo del pase a planta permanente. Tras toparse en la estación Avellaneda con 150 personas de la Unión Ferroviaria, otras ajenas al ferrocarril y un escuadrón de Infantería de la Bonaerense, decidieron marchar hacia el lado de Capital. Del otro lado del Riachuelo quisieron cortar las vías pero no lo lograron, atacados nuevamente por la patota y la Bonaerense.
Los manifestantes optaron por retirarse tras reponerse de la represión. En la esquina de Luján y Santa Elena (Barracas) definieron dar por terminada la acción. Entonces, desde el terraplén de las vías apareció a las corridas la patota liderada por Pablo Díaz, quien recibía órdenes de Juan Carlos “Gallego” Fernández desde el celular. La patota estaba conformada por miembros de la UF, trabajadores que habían sido liberados de sus tareas y convocados a la acción y barrabravas de Defensa y Justicia, entre ellos Cristian “Harry” Favale, el asesino de Mariano.
Lo que sigue es historia más conocida. La patota avanzó y confrontó con el cordón de seguridad armado por los manifestantes para permitir una retirada segura. Comienzan los piedrazos y, del lado de la patota, los tiros. El saldo del ataque fue la muerte de Ferreyra, otros tres heridos de bala y varios con heridas menores.
Acción y omisión. “El hecho de que la Policía se comunicara con teléfonos no autorizados para que sus conversaciones no quedaran registradas, que le abriera paso a los agresores y luego protegiera su retirada, al punto de ni siquiera llamaron a una ambulancia para atender a los heridos, indica que la Federal no se limitó a ‘liberar´ la zona para la agresión; además, les dio a los atacantes cobertura y protección”, afirma el periodista Alejandro Guerrero en su libro La Federal.
- Las comunicaciones desde el lugar de los hechos, al menos por parte del comisario Rolando Garay, se hicieron desde un teléfono PoC, que no deja registro alguno de las llamadas. Su uso por arte de las fuerzas represivas está prohibido. La Policía, o al menos el comisario, sabría que en sucedería algo que no debía quedar registrado.
- El comisario inspector Luis Mansilla, jefe de Control de Líneas de la Superintendencia de Transporte de la PFA, fue quien informó desde esa esquina a la Central que la patota había bajado del terraplén y se acercaba a los manifestante. Dijo que lo hacían pacíficamente. Raro, ya que el grupo avanzaba a los piedrazos, con armas y barras de hierro. Mansilla completó el “engaño” cuando poco después, desde su oficina, informó al comisario Eduardo Innamorato (jefe de la Dirección General de Seguridad de Investigación de los Medios de Transporte) que todo había terminado con normalidad.
- Los dos patrulleros que cortaban la esquina, trompa contra trompa, cuando bajó la patota cambiaron su ubicación, quedando estacionados a 45° para abrirle el paso. Nelson Acosta, uno de los manifestantes heridos, dijo en el juicio que “cuando aparece la patota, los patrulleros desaparecen”.
- El video policial de los hechos “mágicamente” tiene un “bache” entre las 13.33 y las 13.39, justo cuando se produjo el ataque. La filmación estaba a cargo del cabo David Villalba, de la División Exteriores de Video de la PFA.
- Cuando la patota retrocedió los manifestantes avanzaron y lograron golpear a varios agresores. En ese momento reaparecieron los patrulleros, que volvieron a estar trompa contra trompa, y la Federal formó un cordón para proteger a los atacantes.
Las condenas de la Federal. Además de Pedraza y sus patoteros, fueron imputados, procesados y sometidos a juicio oral los comisarios Hugo Lompizano y Luis Mansilla, los subcomisarios José Ferreyra, Rolando Garay y Luis Echeverría; el principal Gastón Conti y el cabo David Villalba. “Abandono de persona agravado” fue el cargo. No “homicidio”, como pidieron las querellas. Fueron todos condenados.
“La Policía, con balazos o sin ellos, conocía el ataque que se preparaba y fue parte del plan criminal urdido por la cúpula de la Unión Ferroviaria. Por eso la fiscalía, en su dictamen, señaló: ‘La Policía tomó partido por los atacantes’. ¿Fue como se decía en el pasado, un error, un exceso? Por lo menos, el ministro de Justicia de ese momento, responsable político de la Federal, creyó que no. “La Policía hizo lo que tenía que hacer”, declaró Aníbal Fernández”, sentencia Guerrero dejando en claro lo que denunciamos al inicio de este apartado sobre el entramado de complicidades entre la burocracia, las policías, los funcionarios y los empresarios.
Florencia Sciutti
@FlorSciutti
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