La crisis política por la fuga de los tres detenidos por el triple crimen de General Rodríguez, se extiende. El gobierno provincial: del optimismo a las dudas. Las complicidades policiales y un mar de rumores.
En la tarde del 31 de diciembre las autoridades del Gobierno provincial presentaban la resolución como inminente. Alrededor de 700 policías bonaerenses, más el resto de las fuerzas de seguridad, la Agencia Federal de Inteligencia, el GEOF y hasta el grupo especial 1 de Infantería, tenían presuntamente "acorralados" a los tres fugados de la cárcel del General Álvear el domingo pasado.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que encabeza Cristian Ritondo, dejaba trascender un excesivo "optimismo" sobre la eventual captura de Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci.
Al día siguiente, primó la cautela entre las autoridades que aseguraban que "no había tiempos" para la captura de los prófugos.
Las noticias y rumores un poco extravagantes se multiplicaron. Además de la "visita" que los tres fugados habían hecho a un amigo el mismo domingo, uno de los Lanatta (Cristian) habría ido a ver ese mismo día a su ex-suegra en Berazategui. Lo llamativo es que tres días después y en el momento en que supuestamente estaban rodeados en la localidad de Ranchos por el ejército de fuerzas de seguridad, Cristian Lanatta habría vuelto a la misma casa, esta vez para amenazar y extorsionar a su ex-suegra.
Otras de las tantas intrigas de la búsqueda y la fuga es que las tres personas siguen juntas, lo cual evidentemente facilita su localización, visitan a personas conocidas, mantuvieron en su poder el celular que usaban en la cárcel y que permitió, según la policía, obtener su ubicación cuando fueron a la casa de su amigo que los "ayudó" mientras brindaba una fiesta para 100 personas.
Mientras tanto, en la investigación judicial, el Gobierno bonaerense sube la vara de las eventuales responsabilidades. Las autoridades le pedirán al fiscal que investiga la fuga, Cristian Citterio, que tome distintas medidas para que se concrete la detención del jefe de seguridad del penal de General Alvear, subprefecto César Luis Tolosa, señalado como principal sospechoso de facilitar la evasión de los tres condenados.
El ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, explicó que del "sumario administrativo surge que el (guardiacárcel tomado de) rehén (por los tres evadidos) dijo en su declaración que uno de los fugados hizo alusión directa a la complicidad o intervención del jefe de seguridad del penal" en la fuga.
Durante la tarde del viernes 1 de enero, el ministerio de Seguridad bonaerense resolvió fortalecer la búsqueda con mayor presencia policial, sumando más fuerzas federales a la investigación. Así lo acordaron Ritondo y Bullrich en una reunión llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.
Los hermanos Lanatta y Schillaci se escaparon de la Unidad Penal 30, de General Alvear, el domingo pasado a las 2.30, con la supuesta "complicidad de parte del Servicio Penitenciario", según la gobernadora María Eugenia Vidal.
Al sexto día de la "fuga", las autoridades llegaron a la brillante conclusión de que los prófugos podían estar contando con protección de un sector de la policía; ya que desde siempre llevaron adelante delitos en sociedad con sectores de la Bonaerense.
A una semana del escape, cada hecho que se conoce demuestra que es una crisis política de magnitud para el Gobierno de Vidal, que necesita mostrar "avances" que no se producen y que la realidad desmiente hasta por el lado del absurdo. Pero además, queda más que confirmado desde la "fuga" de la cárcel, hasta los posteriores escapes de los "acorralados" no fueron magia, sino una consecuencia de el alto nivel de descomposición de las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires, a las que María Eugenia Vidal quiere fortalecer.
Redacción LID
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