Cientos de miles de usuarios se quedaron sin luz este viernes. La explicación del ministro Aranguren lindó el ridículo. Así evita cuestionar la falta de inversiones por años.
Más de 800.000 hogares y oficinas se quedaron sin luz durante el día de ayer en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, mientras una fuerte ola de calor no daba tregua y agobiaba a porteños y bonaerenses, así como a habitantes de numerosas provincias del país. Uno de los informes del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) daba cuenta que alrededor de 90.000 usuarios permanecían sin servicio eléctrico al caer la noche, con centro en algunos barrios de CABA y los municipios de Quilmes, Polvorines, Hurlingham, Tapiales, Boulogne y Ciudadela.
Al mediodía el ministro de Energía Juan José Aranguren afirmaba que “’dentro de una semana o diez días podrían conocerse los aumentos en las tarifas de energía, y la quita de subsidios’. (…) Aranguren admitió que los cortes de luz ‘van a seguir’ durante el verano. ‘Nuestra obligación es informar los cortes, como estamos haciendo, y tratar de hacer que las empresas prestatarias del servicio mejoren el mantenimiento, (en) algunas pueden observarlo, a otras les falta’, manifestó”.
Mientras tanto, el ministro sigue focalizando el problema en el consumo realizado por los usuarios y les pide utilizar menos el aire acondicionado, justo cuando en el área afectada la población se ve reducida significativamente por las vacaciones, es decir que hay muchos menos usuarios haciendo uso de la red. Este tipo de argumentos suena tan ridículo como el esgrimido por el gobierno kirchnerista cuando en 2013, ante idéntica situación, explicaba que los cortes eran producto del crecimiento económico por el cual la gente ahora podía comprarse un split… Lo que evitaban decir es que mientras entre 2003 y 2012 la economía creció 82 %, la expansión en la potencia instalada para generar energía fue de apenas el 21 %.
El viernes por la tarde Aranguren sumó más desconcierto aun afirmando en una entrevista que uno de los grandes problemas del día de la fecha es que los camalotes acumulados en la Costanera Norte de CABA habían obstruido la generación de vapor que, a su vez, genera electricidad en la subestación emplazada en esa zona. Si esto fuera cierto, es una clara demostración de que se permitió a las empresas no realizar un mínimo de inversión para impedir que plantas acarreadas por el agua dejaran miles de usuarios sin electricidad. En la misma conversación confirmó que los aumentos en luz y gas tendrán vigencia desde febrero, aunque volvió a evitar referirse a los porcentajes de aumento.
Cabe recordar que hace poco más de un mes el gobierno decretó el estado de Emergencia del Sistema Eléctrico Nacional hasta diciembre de 2017, plazo en el que planean “resolver la situación”. Refiriéndose al problema actual, el ex CEO de Shell devenido ministro, aclaró que "vamos a hacer frente al mismo con un poco más de energía importada, con una reserva rotante que es siempre de emergencia".
Algunos “detalles” parecen complicar los planes del macrismo en este tema, ya que ayer mismo se conocían declaraciones del jefe de gabinete de la Presidencia de Paraguay Juan Carlos López Moreira explicando que no realizarán las obras que pretende el gobierno argentino en la hidroeléctrica binacional Yacyretá hasta tanto el gobierno no pague lo que adeuda por energía que fue provista desde el país vecino.
Business are business
Detrás de la obra que busca concretar el macrismo en Yacyretá hay importantes intereses comerciales, como no puede ser de otra manera cuando la obra pública es un coto de caza para los negocios empresariales.
La instalación de nuevas turbinas sobre el brazo Aña Cuá estaría a cargo de IMPSA (Industria Pescarmona Sociedad Anónima), cuyo titular, Enrique Pescarmona, se encuentra en Davos acompañando a Mauricio Macri en el foro donde se cocinan grandes negociados a nivel geopolítico. Quienes buscan garantizar los beneficios para Pescarmona son los dirigentes misioneros del PRO Humberto Schiavoni y Martín Goerling.
Pero todos estos negociados alrededor de la energía eléctrica datan de mucho tiempo atrás, y se sostuvieron incorporando nuevas truchadas y actores en el camino. Ya durante la dictadura genocida se intentaron aplicar medidas de corte neoliberal en este terreno (al igual que en gran parte de los servicios públicos), cuestión que bajo el gobierno de Alfonsín se profundizó llevando más allá la desinversión y el abandono. Esto significó un recrudecimiento en la cantidad de cortes de luz, preparándose el terreno para que durante el menemismo se desguazaran las principales empresas energéticas estatales, otorgando porciones del negocio a distintas empresas privadas: la generación de energía, su transporte y finalmente su distribución quedaron libradas a la anarquía de los negocios empresariales.
Lejos de terminar con esto, el ciclo de gobiernos kirchneristas redundó en aun mayores beneficios para las empresas concesionarias de los servicios públicos mediante subsidios millonarios, como salió a la luz en el caso del transporte al producirse la masacre de Once. Las empresas del sector eléctrico como Edesur, Edenor o Edelap también fueron parte del festival de subsidios durante todos estos años; toda esta política de generación de ganancias sin inversión en infraestructura contó con la anuencia de la dirección de sindicato Luz y Fuerza, que permitió además el retroceso en las condiciones de trabajo de quienes operan en el sector, donde actualmente abundan los terecerizados y precarizados que son quienes pagan con su salud y sus vidas la desidia consciente y criminal de empresarios y funcionarios.
Ahora el macrismo planea realizar un cambio en el sistema de subsidios pero, lejos de implementar alguna medida progresiva, va a llevar a que el costo lo paguen los consumidores finales, los usuarios, quienes sufrieron un pésimo servicio por parte de estas empresas cuyos accionistas se hicieron millonarios.
Energía en manos de usuarios y trabajadores
Al igual que las empresas que operan los demás servicios públicos, las operadoras del sistema eléctrico no buscan dar un buen servicio sino ganar dinero. Esas concesiones deben anularse inmediatamente sin indemnización, estatizando el servicio eléctrico y formando una única empresa a nivel nacional.
El control sobre dicha empresa estatal única debe quedar en manos de quienes más entienden acerca del funcionamiento del sistema: sus trabajadores, quienes trabajando junto con los usuarios en comités zonales podrán planificar la realización de las obras más urgentes. Estos mismos comités deben analizar la conducta de las empresas y exigir la devolución del dinero que recibieron y no fue invertido en obras, así como definir que ciertos gastos energéticos actuales completamente innecesarios sean eliminados hasta tanto no se resuelva la situación de emergencia (como por ejemplo la iluminación de monumentos o edificios públicos durante la noche, entre otros). Una utilización racional y planificada de la energía de acuerdo a los intereses populares y no a los fines empresariales es la única forma de superar la actual crisis en la que nos han sumido décadas de gestión al servicio de capitalistas.
Verónica Zaldívar
@VeruSing
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