Operación chantaje

La inflación se come el salario mientras Gobierno y empresas quieren condicionar las paritarias con cesantías y amenazas de despidos masivos. Mienten con la inflación, como el kirchnerismo. Los dirigentes sindicales sólo hablan, pero deberían encabezar un plan en defensa del salario y el empleo.

En la edición de ayer de La Izquierda Diario dábamos cuenta de que en menos de un mes de gobierno, la política económica del macrismo ya provocó los primeros despidos masivos, sobre todo en el Estado con miles de cesantías.
Con el correr de los días aparecen nuevos casos en todo el país de contratos no renovados y hasta cierres de dependencias públicas, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. Y aunque aún en las corporaciones periodísticas que “le hacen el aguante” al gobierno de Macri el tema aparece a cuentagotas, la incertidumbre sobre las consecuencias del ajuste en curso sobre miles de puestos de trabajo invade las dependencias estatales y también las empresas, tanto de la industria como de los servicios.
En ese marco, el escenario de las próximas paritarias aparece como tema de preocupación, sobre el que ya comenzaron a pronunciarse funcionarios, empresarios y dirigentes sindicales.

Empezó el chantaje

Mientras las "paritarias" empresariales se desarrollan todos los días con la libre remarcación de precios, decretos que sacan retenciones, suben naftas, prometen tarifazos en gas y electricidad, con devaluaciones que aumentan los ingresos de las grandes exportadoras agrarias e industriales, quien pretendió marcar la cancha fue nada menos que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, inaugurando la “Operación chantaje”.
El lunes el ministro dijo en una entrevista que “cada paritaria discute lo que puede discutir y acá no es solo la dimensión del salario sino también cuidar el empleo”, agregando que “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”.
En la misma entrevista el ministro afirmó que para el gobierno la inflación del año pasado fue de alrededor del 30 % y que la estimada para este año estará entre el 20 y el 25 %. En ese sentido admitió que los próximos acuerdos salariales deberían estar “un poco por encima de la inflación proyectada”.
Parte del chantaje es aspirar a aumentos de sueldo que no superen ese 25 % mientras los salarios de conjunto se depreciaron brutalmente en los últimos dos meses, teniendo en cuenta los aumentos de precios de noviembre y diciembre y la fuerte devaluación del peso generada con el fin del cepo al dólar.
En ese contexto, las palabras del presidente de la Coordinadora de Industrias de productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, aportaron un tono aún más oscuro a los dichos de Prat Gay. El empresario dijo que "no hay ninguna posibilidad de que todos los precios de la economía que aumentaron desde octubre último vuelvan atrás". Así, plantó la bandera patronal ante el intento del gobierno de incluir una rebaja de precios de los productos de la canasta básica en el marco del pacto social tripartito que se convocaría para mediados de enero, junto a cámaras empresariales y sindicatos.

Dichos y hechos

Ante el panorama de los primeros despidos masivos y frente a las próximas paritarias, algunos dirigentes sindicales lentamente van rompiendo el silencio que mantenían desde hace meses.
El titular de una de las CGT, Hugo Moyano, afirmó ayer que lo que dijo Prat Gay es “una forma de pretender limitar los reclamos, los porcentajes de la discusión paritaria”. Pero alertó que cuando empiecen las negociaciones desde su sector van a pedir “lo que corresponda. No vamos a permitir que se pierda el poder adquisitivo del salario... por lo menos los camioneros no lo vamos a permitir”.
Consultado por el intento oficial de “negociar” salario por empleo, Moyano dijo que “no tiene que haber despidos. Se pasaron toda la campaña hablando de la ampliación de puestos de trabajo y ahora están diciendo que quieren despedir. Es una contradicción total”. Agregó que “no nos van a presionar, ni a extorsionar ni a asustar con decir que se van a perder puestos de trabajo”. Pero lejos de hablar en nombre de todo el movimiento obrero, Moyano acotó sus afirmaciones a su sindicato: “No se van a perder puestos de trabajo, porque la actividad del transporte no tiene ese problema. Algunos problemas existen con los empleados del Estado”.
Otro que calificó de “chantaje” los dichos de Prat Gay fue Rodolfo Dear, el titular del Sindicato de la Alimentación, alineado con la CGT que conduce Antonio Caló. En referencia a las paritarias Daer dijo que “todavía no manejamos ningún número, pero tenemos que defender el poder de compra de nuestro salario”.
El exsecretario general de la CGT menemista agergó que Macri “todavía no dio señales a los sectores mayoritarios de la sociedad argentina”. Y fiel a su panquequismo político dijo que “la gente se saturó de las conductas de Cristina Kirchner, pero hablando de propuestas concretas, ni Vidal ni Macri hicieron ninguna”.
Si faltaba la palabra de algún dirigente que durante los últimos años hizo “la plancha” dejando en banda a miles de trabajadores y trabajadores, apareció Hugo Yasky. El líder de la CTA kirchnerista dijo que el gobierno de Macri quiere “el orden de los cementerios” ya que mientras “le entregó a todos los poderosos de este país, a los de la timba financiera y a los grandes exportadores, todo lo que pedían”, a los trabajadores sólo les ofrece “despidos y amenazas. Entonces, si ese es el orden, estamos jodidos”.
Como si no hubiera sido un entusiasta defensor de los gobiernos de Néstor y Cristina, Yasky recordó que si hoy se producen miles de cesantías en la administración pública es porque está “en vigencia una ley económica que obliga a tomar bajo la figura del contrato a los trabajadores del Estado, no hay otra manera de ingresar al Estado que no sea a través de un contrato”. Vale preguntarse por qué justamente, la “década ganada” no tuvo entre sus “logros” la eliminación de esa ley flexibilizadora y precarizadora.
Los burócratas sindicales salieron a rechazar los despidos y el chantaje del gobierno y las patronales. Sin embargo, ni una sola palabra dicen sobre medidas concretas a tomar para poner un freno al ajuste y evitar que sus consecuencias sean pagadas por los trabajadores.

Un aporte para “negociar”

Ayer se supo que el gobierno devolverá a las obras sociales unos 26 mil millones de pesos que están acumulados en un fondo constituido con aportes de los propios gremios. Un largo reclamo de los dirigentes sindicales que Cristina de Kirchner ninguneó durante varios años.
Con esa restitución de dinero (que no es otra cosa que porciones de salarios de los trabajadores retenidas por el Estado) Mauricio Macri buscará “encarrilar” las paritarias. El gobierno supone que con esa plata en los bolsillos, los burócratas sindicales aceptarían bajar las pretensiones salariales.
Un dato no menor es que quien será el ancargado de devolver esos fondos es el superintendente de Servicios de Salud, Luis Scervino. Se trata, ni más ni menos, de quien hasta hace dos semanas fue director médico de la obra social de Obras Sanitarias, el poderoso sindicato conducido por José Luis Lingeri.

La verdad de los trabajadores

Si, desde diferentes lugares, Prat Gay y Moyano reconocen que la inflación del año pasado rondó el 30 %, evidentemente el alza de precios provocó un aumento mucho mayor del costo de vida de los trabajadores. Al mejor estilo kirchnerista, el gobierno de Macri miente con la inflación para intentar planchar los reclamos salariales en favor de las ganancias empresarias.
La carestía de la vida es mayor, obviamente, para aquellos que, tanto en el sector público como en el privado, se encuentran precarizados (contratados, tercerizados y en negro) con salarios que están muy lejos de cubrir la canasta básica. Un sector que hoy está sufriendo los primeras consecuencias del ajuste encarado por el gobierno nacional.
La gran mayoría de los precarizados no tienen el "beneficio" de las paritarias. Incluso aun peor están los que miran las paritarias bien de lejos. Ahora no habrá estadísticas del INDEC por un buen rato, pero los últimos datos dibujados por el kirchnerismo decían que al menos un tercio de la fuerza de trabajo está en negro. El trabajo en negro no está entre las "variables" que quiere sincerar el macrismo.
En este contexto, cualquier aumento salarial que mínimamente se plantee como recomposición frente a la inflación y, a su vez, como forma de anteponerse al futuro aumento de los precios y las tarifas, no debería estar por debajo de un 40 %.

Un plan contra la inflación y en defensa del empleo y el salario

Frente al chantaje del macrismo y la tibia reacción (por ahora sólo discursiva) de los dirigentes sindicales, se impone la necesidad de poner en pie un plan de lucha en serio para frenar, antes que nada, los despidos masivos en curso y para defender el salario del conjunto de la clase trabajadora.
El pase a planta permanente de todas y todos los contratados que dejó la administración kirchnerista es una prioridad. Pero a su vez en todos los lugares de trabajo, públicos y privados, deberían desarrollarse asambleas de efectivos y contratados para discutir medidas de conjunto que permitan enfrentar el ajuste en curso.
La discusión democrática de las bases debería incluir no solo las demandas planteadas por las cúpulas sindicales sino los reclamos de todos los trabajadores, por paritarias libres y sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar y una “cláusula gatillo” que actualice el salario ante la inflación, por la anulación del impuesto al salario, la lucha contra la precarización laboral, el fin del trabajo en negro, el ajuste de las jubilaciones garantizando el 82 % móvil y el apoyo a todas las luchas de los trabajadores que enfrenten el ajuste.
Hoy los trabajadores del Subte de Buenos Aires comienzan un plan de lucha para recomponer el poder adquisitivo deteriorado con la inflación y la devaluación. Al paro entre las 5 y las 7 de la mañana le seguirán, seguramente, nuevas medidas. El miembro del Secretariado Ejecutivo de la AGTSyP, Claudio Dellecarbonara, informó al respecto: “Los trabajadores del Subte hemos votado en asambleas reclamar un bono de fin de año para tratar de recomponer nuestro poder adquisitivo”. Luego de días de espera, “la responsabilidad de estas medidas es de Metrovías y SBASE, que se niegan a dar respuesta al justo reclamo de los trabajadores”, sentenció. Por la tarde, a las 16 horas, estatales convocan a las puertas del Centro Cultural Kirchner para rechazar los despidos. La clase trabajadora va dando muestras de su predisposición para pelear por sus derechos.
Si los dirigentes sindicales dicen que a las paritarias hay que llegar con fuerza, entonces los trabajadores que participen de ellas deberían ser delegados elegidos en asambleas. Sólo así los acuerdos que se firmen serán verdaderamente representativos y no serán producto de negociados a espaldas del conjunto de los asalariados.

Daniel Satur
@saturnetroc