En poco más de un mes de gobierno, Cambiemos dejó en claro que su plan económico es inviable sin represión y criminalización de la protesta social. De Cresta Roja a la detención de Milagro Sala, de La Plata al traspaso de la Policía Federal, mientras anuncian un protocolo para cercenar el derecho a reclamar.
A la inversa de la célebre fórmula de darle 90 días a un gobierno que recién comienza, 40 jornadas ya fueron suficientes para ver el sentido general de la gestión de Cambiemos en el poder. Las promesas de campaña rápidamente quedaron en el recuerdo. El “diálogo entre los argentinos”, la “pobreza cero”, y el “respeto a las instituciones” tuvieron fecha de caducidad el día del balotaje del 22 de noviembre, para dar lugar a los decretazos, las medidas a favor del gran capital, el empeoramiento de las condiciones de vida de millones por medio de inflación y despidos, y represión al que se oponga.
Dado que en la capacidad y la fortaleza para aplicar el plan económico reside uno de los interrogantes centrales para la nueva administración (aunque no el único), el gobierno usa cada hecho de estas primeras semanas para intentar aleccionar y dar un mensaje firme al movimiento obrero sobre lo que cabe esperar de Cambiemos en el poder.
En diciembre, la represión a los obreros de Cresta Roja fue reivindicada desde el macrismo, aprovechando para dejar en claro que no se permitirán los cortes totales, en los mismos días en los que anunciaba la intención de hacer un protocolo para cercenar el derecho a la protesta social. A su vez, el despido de miles de trabajadores estatales acusados de “ñoquis”, y la represión a los municipales de La Plata, fueron seguidos de las declaraciones del ministro Prat Gay chantajeando: si quieren trabajo, resignen el salario, una idea funcional a la política de ajuste fiscal, pero también como mensaje a todos los trabajadores, de cara a las paritarias. En estos días, la detención de Milagro Sala por “instigación a cometer delitos” y “tumulto en la vía pública” es un ataque directo a la protesta social en la provincia del gobernador de Cambiemos Gerardo Morales. Por último, el tratamiento express de la ley de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires fue denunciada por el legislador del Frente de Izquierda Patricio del Corro como un intento de controlar las calles para blindar el ajuste, en un contexto en el que salió un fallo de la Corte de la Ciudad que habilita a la Policía a pedir documentos sin motivos claros.
La contradicción del gobierno reside en que el plan económico, implementado por representantes directos del gran capital, como los gerentes que son parte del gabinete, implica necesariamente asestar derrotas a la clase trabajadora, que no están garantizadas. La devaluación, el ajuste fiscal, la llegada de inversiones y el endeudamiento sólo conformarán un plan exitoso desde el punto de vista capitalista si logran bajar salarios, aumentar la productividad y hacer pasar despidos.
Un informe de Alberto Bernal, publicado ayer por Ambito Financiero, estima que, si bien no es el escenario más probable, este plan se puede complicar: “Si estamos errados y el gobierno de Mauricio Macri no consigue aprobar en el Congreso las medidas necesarias para avanzar en un ajuste fiscal y se complica el panorama político, el Gobierno podría no terminar su mandato”, a la vez que señala que “si el dólar llegara a fortalecerse a nivel internacional a un ritmo similar al observado el año pasado, entonces las presiones para una devaluación mucho más rápida del peso no tardarán en reaparecer”.
El analista toma dos de los puntos oscuros del plan macrista: el contexto adverso de la economía internacional, y las debilidades políticas del macrismo, que no tiene mayoría propia en el Congreso Nacional.
No señala el informe otro de los elementos centrales, que es la necesidad de “hacer pasar” el ajuste contra la resistencia de los trabajadores. A diferencia de otros momentos históricos, la clase trabajadora no llega a esta situación luego de una derrota (como la hiperinflación o la hiperdesocupación) que haya actuado de forma disciplinadora, sino que persiste la aspiración a no retroceder en lo conquistado.
El kirchnerismo ya enfrentó esa contradicción para pasar sus planes de ajuste, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Fernández, ciclo durante el cual hubo 5 paros generales y duras luchas que a veces fueron contestadas con represión, como en Lear, la Línea 60 o Emfer. El macrismo hereda, también, esa contradicción, pero a un nivel mayor, de cara al plan de ajuste que ha comenzado a aplicar.
Se suma a esto el nuevo rol opositor del kirchnerismo. No es un dato menor que Daniel Scioli haya obtenido casi el 49% de los votos en el balotaje en base a una demagogia antiajuste (aunque sus asesores como Mario Blejer dicen por estos días que ellos hubieran hecho un plan económico similar al de Macri), y que Cristina Fernández haya convocado en el día de ayer a pelear para defender los puestos de trabajo. Si bien el kirchnerismo no pasa de las palabras a los hechos (por ahora su resistencia es testimonial en las plazas, mientras le vota al macrismo presupuestos de ajuste como el de la Provincia de Buenos Aires y sus dirigentes sindicales no convocan a un paro nacional contra el ajuste), sus declaraciones son parte de un clima en el que millones no están dispuestos a pagar los costos del ajuste.
En las próximas semanas terminará de verse qué rol juegan en este tablero de ajedrez las cúpulas sindicales, que hasta ahora dejan pasar el ajuste sin oponer resistencia, aunque puede haber mayores fricciones por la presión del descontento obrero, de un lado, y la dureza del gobierno de los CEO, del otro. Las paritarias y las luchas contra los despidos serán un test decisivo para el futuro del gobierno que recién comienza. De cara a lo que viene, el macrismo afila las armas de la represión. La izquierda convoca a organizar en todo el país la resistencia contra el ajuste, dentro de la cual la lucha contra la represión y la criminalización de la protesta es una de sus principales banderas.
Fernando Scolnik
@FernandoScolnik
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