Tarifazo: premio a los vaciadores

El gobierno oficializó el tarifazo energético y la quita de subsidios que había anunciado desde diciembre. Un premio a los vaciadores, para que ahora sí inviertan. Se prevé un fuerte impacto en el costo de vida. La amenaza de que esto “recién empieza” exige una respuesta obrera contundente al ajuste.

La publicación de la Resolución 6/2016 en el Boletín Oficial firmada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, dio comienzo a una nueva página del ajuste que el gobierno está aplicando a pasos acelerados sobre los trabajadores: el de las tarifas de servicios públicos. Las subas son de hasta 350 % en el mercado mayorista; se verán reflejadas a partir del próximo lunes 1 de febrero y regirán por ahora sólo por tres meses, entre febrero y abril. Sumados a las posibles subas en el precio del gas y sin considerar cambios en el transporte, se estima un impacto inflacionario de entre 7 y 9 %.
La Resolución aclara que el precio estacional para el período es “sensiblemente menor al costo de abastecimiento” de la energía eléctrica, una clara señal de que continúan los planes de nuevos ajustes hacia el futuro. La eliminación de los subsidios impactará especialmente a los habitantes de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, aunque se mantienen los planes de estímulo para quienes reduzcan el consumo y se establece la denominada “tarifa social”. La misma será “cero” para aquellos hogares que utilicen menos de 150 kilovatios. Afirman que significaría un 20 % de los usuarios. No obstante una familia tipo consume alrededor de 500 kWh. Por otra parte, muchos sectores de bajos ingresos no cuentan con instalación de gas y utilizan en su lugar electricidad, por lo que serán altamente perjudicados por el ajuste tarifario.
Si bien aún no se dieron a conocer los precios que deberán pagar los usuarios residenciales y la norma es para el mercado mayorista, se especula que, en muchos casos, la suba para el próximo trimestre podría superar el 300 %. La precisión sobre los aumentos finales queda a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre), que publicará el nuevo cuadro tarifario.
La Resolución toma como referencia la resolución 1301 del año 2011 para los nuevos precios que deberán pagar las distribuidoras y desde esa base se observa que los valores presentan aumentos desde 200 hasta 345 por ciento, de acuerdo a consumos de más o menos 300 kilovatios.
Así, el precio de referencia pasa de 320 a 1.427 pesos por megavatio/hora, equivalente a un aumento del 345 %. Para las horas pico el aumento es de 204 %, para el resto de las horas un aumento de 208 % y para las horas “valle”, un aumento de 211 %. De esta forma se unifica el precio a nivel nacional al que las distribuidoras compran en el mercado mayorista, luego éstas son las que trasladan los aumentos al consumidor final.

Elevar la rentabilidad de los vaciadores

La eliminación del subsidio eléctrico, excepto en la Tarifa Social o los estímulos, genera un ahorro neto al fisco de 2.000 millones de dólares o 0,4 % del PBI, deducidos los efectos de la devaluación y un posible incremento del gas que pagan los generadores, según un informe elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).
Considerando la meta autoimpuesta por el gobierno de reducir los subsidios el 1,5 % del PBI, el estudio Bein concluye un impacto de 9 puntos en los precios, basado en aumentos estimados de 1200 % en tarifas de luz y 250 % en el gas. También el estudio Ferreres indica que la quita de subsidios podría agregar 7 puntos adicionales a la inflación, suponiendo inalteradas las tarifas del transporte.
Es decir que no sólo se espera que el ajuste tarifario sea aún mayor, como ya adelanta el ministro de Energía Aranguren –que además tiene un currículum especializado en políticas antiobreras–, sino que la reducción del déficit fiscal se apoya en la reducción del bolsillo popular, con un efecto directo en los costos de mantener el gasto de los hogares y uno indirecto en los precios de artículos de consumo.
Además de reducir el costo de subsidios, los ajustes tarifarios apuntan a incrementar el flujo de caja de las empresas, para financiar las inversiones. Que paguen los usuarios para que las empresas pongan la plata que se negaron a desembolsar durante estos años. La falta de inversión de las empresas que durante años amasaron ganancias al amparo del gobierno kirchnerista es, por el contrario, justificada por el ministro Aranguren al aducir que se debió a la “distorsión de las señales económicas”. Pero “los mercados” a quienes gusta referirse el equipo macrista como símbolo de transparencia, ya mostraron sus propias conclusiones sobre el negocio al elevar inmediatamente las cotizaciones en la Bolsa de las acciones eléctricas en el día de ayer. La única opción seria ante el descalabro energético sería la expropiación sin pago de las empresas de todo el sistema, desde la generación a la distribución, para ponerlo a funcionar bajo control de los trabajadores. En las antípodas de esta salida, el gobierno de los CEO premia a los vaciadores con un tarifazo.
El gobierno plantea que estas medidas incentivan la inversión de las empresas en el sector y que tras un lapso de tiempo el servicio se verá normalizado. Sin embargo, no hay en vistas ningún tipo de regulación ni obligación sobre las empresas a invertir, sino que por el contrario, la solución esperada vendrá por el lado del “enfriamiento de la demanda”. Esto es, que el ajuste sobre el pueblo trabajador y los incrementos de tarifas reduzcan la demanda de luz, ergo, no será necesario mejorar la oferta. Por ello se explica también el énfasis en difundir los “planes de estímulo” para reducir el consumo.
Después del golpe que significó la devaluación de la moneda sobre el salario de la clase trabajadora, llega este tarifazo. Por el momento afecta solo al área metropolitana de Buenos Aires, pero en provincias como Santa Fe y Córdoba se empieza a analizar cómo se trasladarán estas subas.
Mientras esto ocurre, las direcciones sindicales burocráticas mantienen un silencio de radio, Solo una respuesta contundente de la clase trabajadora puede frenar el ajuste en curso.

Lucía Ruiz