Pese al brutal ajuste de Macri, la dirigencia de las centrales sindicales y los principales gremios, habla poco y hace menos. Moyano es “duro” en el diagnóstico pero apuesta al “pacto social”. De medidas de acción, ni hablar.
Hablan poco. Y hacen menos. Esa podría ser la caracterización del momento de la dirigencias sindicales burocráticas de la Argentina. Una actitud que, cuanto menos, es una más que generosa “tregua” al gobierno de Mauricio Macri y al conjunto de las patronales en un marco de inflación galopante, depreciación de los ingresos por la devaluación, anuncios de aumentos de tarifas en los servicios y miles de despidos y suspensiones, tanto en el sector público como privado.
El año comenzó con miles de despidos y suspensiones, tanto en el Estado como en empresas privadas.
En el sector público, vía la no renovación de contratos, se calcula que entre dependencias nacionales, gobernaciones e intendencias hay más de 23 mil cesantías. En ese marco, algunos sindicatos que nuclean a empleados públicos salieron a denunciar el atropello de la gestión macrista. Incluso hubo algunas movilizaciones por sector en la Ciudad de Buenos Aires, en La Plata, en Mendoza y otras ciudades.
Pero hasta el momento ningún dirigente de peso lanzó un llamado al paro y la movilización general del sector para frenar el brutal ataque a miles de trabajadores. A lo sumo a alguno se le escuchó decir por ahí que, si esto sigue así, habrá que “hacer algo”.
Cada cual atiende su juego
Esta semana, desde las dos CGT que conducen Antonio Caló y Hugo Moyano empezaron a romper el silencio que habían mantenido durante “el mes de furia” de Macri y Prat-Gay.
Desde la central que encabeza el secretario general de la UOM hicieron público que, según sus cálculos, los despidos en el sector público llegarán a 65.000 en todo el país. “Los cálculos no son antojadizos, abarcan la administración nacional, las provinciales y municipales. Van de la mano con el impacto de la devaluación del 42% de piso, el consiguiente deterioro del poder adquisitivo, que son ácido sobre el escenario laboral”, dijo al diario BAE el aliado de Caló y dirigente de Sadop, Horacio Ghilini.
Desde la misma CGT, el líder del sindicato de curtidores y referente de la Juventud Sindical Peronista Walter Correa denunció “una clara intención del Gobierno para depreciar salarios a costa de cesantías en la administración pública, esto quedó a la vista de todos”. Y agregó que desde esa central (que fue ferviente kirchnerista hasta el 10 de diciembre) están “junto a todos los trabajadores, porque es el mandato que honramos. Acá no hay lugar para techos, trucos ni magia, venimos de 12 años de recuperar y sumar derechos. No hay lugar para un paso atrás”.
Por su parte, la CGT que conduce Hugo Moyano hizo público ayer un documento titulado “Emergencia estadística y Pacto Social”, donde lanza una serie de duros conceptos sobre la situación actual. Entre otras cosas el documento dice que la realidad está “marcada no solo por lo que para las nuevas autoridades constituye la ’herencia’ del gobierno anterior, sino por las medidas que vienen implementando desde su asunción”.
A su vez presenta algunos números de la economía nacional, según las propias estadísticas de la CGT. Una inflación que ascendió al 90 % sumando los últimos tres años (con fuerte incidencia de la canasta básica). Un 38 % de empleados irregulares, esclavos del “trabajo en negro”, más un 8% de desempleados y otro tanto con empleos precario o trabajando pocas horas, hacen que “el 50 % de los trabajadores en la Argentina está en esa situación a la que, de una vez por todas, hay que solucionar”.
El Observatorio Social de la CGT agrega que en el país 12 millones de personas (28 %) son pobres y 2 millones (5 %) son indigentes.
El diagnóstico de la central moyanista se completa con datos sobre la “distribución de la riqueza”. “El 70 % del Producto Bruto Interno de nuestro país sigue yendo a parar a las clases propietarias de la tierra, la renta y el capital. Los dueños de la fuerza laboral, los trabajadores, solo participamos en un 30 %”, remarca el documento y plantea que es necesaria una “corrección, para lograr un modelo de país en el que la Justicia Social se haga ’realidad efectiva’”.
Todos los caminos (peronistas) conducen al pacto social
A renglón seguido de estado de situación, Moyano se pregunta por la respuesta que hay de parte de las nuevas autoridades a esta situación. E inmediatamente sugiere que “es posible llegar a un acuerdo”.
En ese sentido confronta la idea del “pacto social” que propone el macrismo con el que sería un verdadero acuerdo entre empresarios y sindicatos que ayude a mejorar la vida de los asalariados.
La CGT que conduce el camionero denuncia que el gobierno viene tomando medidas en favor “del sector agrícola-ganadero y, por extensión, de la agroindustria (…) al igual que los sectores industriales independientes del complejo rural”. A su vez marca que “una devaluación violenta produjo una transferencia de recursos causando un deterioro mayúsculo en los ingresos de los trabajadores”. Y “como si esto fuera poco”, critica la “explosión de precios en todos los rubros que componen el consumo popular” y “los anuncios de fuertes ajustes en las tarifas de servicios públicos”. En cambio, dicen, el Estado “no se priva de decirnos que seamos ’cuidadosos’ con nuestras demandas salariales porque peligra el empleo”.
Todos estos elementos son, según Moyano, contrarios a cualquier intención oficial de propiciar un pacto social como el que desearía la CGT, donde el Estado “arbitre” entre patrones y obreros con su norte puesto en “el interés de la clase trabajadora y, en especial, de los sectores más humildes”, sin “soluciones libradas al mercado o a promesas de derrame de la riqueza”.
Ante todo lo dicho, remata con la idea de que si el gobierno “realmente lo que se busca es un genuino pacto social, siempre nos encontrará abiertos a la discusión franca y superadora”.
“La unidad de los trabajadores como respuesta”
Con ese subtítulo, el documento firmado por Moyano realiza una serie de reflexiones sobre los “antagonismos”, tanto del pasado como del presente, que impidieron al movimiento obrero alcanzar la “unidad” que permita marchar juntos y que no sea “la derrota de nadie, sino el triunfo de todos”.
En ese marco asegura que es necesario alcanzar la unidad “por nuestro interés, por nuestras bases, por nosotros mismos y, sobre todo, porque nuestros adversarios están seguros de que no lo haremos. En eso, en que no hagamos la unidad, ellos basan sus planes de triunfo, que no sería más que nuestra triste y estrepitosa derrota”.
Sin embargo, el documento carece de toda referencia a medidas concretas y planes de acción que permitan pensar al conjunto de los trabajadores cómo desarrollar esa elemental “unidad” que pregona. Por el contrario, no se mencionan siquiera los conceptos fundamentales que son parte de la tradición de la clase trabajadora mundial en sus luchas para obtener sus derechos y demandas. Ni “paro”, ni “huelga”, ni “asamblea” ni “movilización”. Nada que permita saber hacia dónde está pensando parte de la dirigencia sindical apuntar sus cañones, si es que efectivamente se proponer no avalar el ajuste.
Tampoco hablan de medidas concretas los dirigentes que hasta hace poco más de un mes estaban enfrentados a Moyano. Ni Caló ni ninguno de sus socios, ni mucho menos la CTA que conduce Hugo Yasky están planteando cómo encarar seriamente un proceso de resistencia al ajuste en curso y defensa del empleo y del salario. Tampoco lo hacen, pese a sus discursos un poco más combativos y sus llamados a movilizar de forma sectorial y parcializada, los dirigentes de la CTA que lidera Pablo Micheli.
Sin lugar a dudas las burocracias sindicales de todo color y pelaje, fieles a sus métodos conciliadores y negociadores con el Estado y las patronales, están quedando muy por detrás de las necesidades del conjunto de la clase trabajadora en estos momentos.
Sólo una voz se alza planteando la necesidad de organizar la pelea contra el ajuste y los despidos de Macri. Es la de los dirigentes combativos y de la izquierda, quienes comparten cotidianamente la realidad que viven millones de trabajadoras y trabajadores, tanto en el Estado como en las empresas, tanto en la industria como en los servicios.
En una entrevista con este diario, el delegado del Subte Claudio Dellecarbonara hizo uso de las excusas oficiales y afirmó que “si tomáramos como reales las proyecciones que hace Prat Gay, en las paritarias tendríamos que pedir, como mínimo, una suba del 40 % para compensar todo lo que perdimos desde noviembre en adelante y ganarle a esa inflación proyectada del 2016”.
En la misma entrevista Ana Laura Lastra, delegada de ATE-INDEC, manifestó que “la dirigencia sindical burocrática no hace nada. Solo menciona el ajuste, pero sin llamar a una sola medida de lucha para frenar estos ataques”.
Por eso cobra fuerza la exigencia del referente del Frente de Izquierda y ex candidato presidencial Nicolás del Caño, quien hizo público su llamado a un paro nacional, “como primera medida para enfrentar este ajuste”. Llamado que se convierte en exigencia a todas las direcciones sindicales del país, empezando por los líderes de las CGT y las CTA. Quienes, hasta el momento, no saben y no contestan.
Daniel Satur
@saturnetroc
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