Sobre la detención de Milagro Sala

Este sábado se produjo la detención de Milagro Sala, a causa del acampe que mantienen las organizaciones sociales que le responden en la Plaza Belgrano desde la primera semana de gobierno radical, en reclamo de presupuesto para la Red de cooperativas. La detención se produjo bajo la figura de “instigación al delito y tumulto”. Esta medida configura un ataque y un precedente contra todo tipo de manifestación pública.
La organización de Milagro Sala se ha convertido en una suerte de gerenciadora sobre la base de un manejo discrecional de millones y millones de pesos sin control del presupuesto del estado, lo que la convirtió en un “estado dentro de un estado”. Nunca antes una organización social manejó tantos recursos por parte del estado como la Red de Milagro Sala. A través de ella el Estado Nacional tercerizó la obra pública y otras funciones del Estado.
El gobernador Gerardo Morales ha declarado repetidas veces que no va a permitir “intermediarios” entre la gente y los recursos del Estado. De todas las denuncias que tiene Sala, el gobierno ha elegido detenerla por manifestarse.
Busca, a través de un personaje controvertido y con “mala prensa”, castigar a todos los que quieran reclamar. Es de destacar también esta nueva muestra clara del carácter absolutamente servil de la justicia con el poder político. Hasta diciembre, Milagro venía siendo sobreseída, las causas quedaban prescriptas o no se avanzaba en ninguna investigación en las más de 60 causas que tiene en contra. Un cambio de signo de gobierno hace que la justicia busque acomodarse con el poder de turno y actúe con celeridad en una causa que busca de fondo la regimentación de la protesta social.

Morales y la protesta social

Desde su asunción, Gerardo Morales ha planteado que en la provincia se acaban los cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas, inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna medida de lucha.
En el marco del acampe, el gobierno de Morales ha anunciado la suspensión de las personerías jurídicas y la inhabilitación de las cuentas bancarias de las organizaciones que permanezcan en la Plaza después del 14 de enero.
Al suspenderles la Personería Jurídica, las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de los bolsones alimentarios, viviendas y entrar en el programa de reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente.
Esta política produjo una división al interior de la Red, que hasta hoy recibía sus prebendas a través de Milagro sala y que con la pérdida de su poder, busca reacomodarse junto a los “nuevos poderosos”.

El derrotero de Milagro

El gobierno aprovechó para la detención, una seguidilla de golpes contra la Red de Organizaciones Sociales. El 14 de enero una conferencia con unas 15 organizaciones sociales y cooperativas que se retiraban del acampe y se ponían a disposición del gobierno para seguir trabajando en las cooperativas bajo las nuevas disposiciones.
Pero el golpe más fuerte lo recibió el 29 de diciembre, cuando se retiró del acampe la ODIJ, una de las organizaciones sociales más grandes de la Red de Milagro Sala, que cuenta con el concejal por San Salvador, Bejarano y un diputado provincial, Cayo. La ODIJ se retiró de la Red de Organizaciones Sociales, Bejarano se retiró del bloque parlamentario y armará un monobloque en el Concejo, y Emilio Cayo renunció a la ODIJ para permanecer junto a Sala.
La Tupac Amaru enfrenta fuertes cruces al interior de su movimiento sobre cómo seguir, y fuertes presiones hacia sus dirigentes que se han movido con criterios clientelares en favor de sus propios beneficios, reflejo de esto fueron estas rupturas desde “arriba”, con acuerdos de sus dirigentes con el gobierno radical.
A la defensa de las conquistas de las organizaciones sociales frente al ajuste del gobierno, se debe plantear un balance de lo actuado por parte de estas organizaciones cooptadas por el gobierno de turno, por su programa y sus métodos antidemocráticos, de presiones y de abuso y explotación de las necesidades de los trabajadores.
Es necesario volver al control de los recursos por parte de las bases de las organizaciones, la elección y revocabilidad de delegados, volver a las asambleas y los debates democráticos entre los trabajadores. En definitiva volver a las tradiciones del movimiento obrero combativo.
Desde el Partido Obrero denunciamos la detención de Milagro Sala como un intento de regimentar la protesta de todos los trabajadores pertenezcan o no a sus organizaciones. El ajuste está en marcha y los recursos del gobierno y también de sus opositores, como ocurre en Santa Cruz son los mismos, golpear al pueblo y regimentarlo para evitar su reacción.

Iñaki desde Jujuy