El fiscal de Estado declaró que la dirigente solo será liberada cuando se levante el acampe en la Plaza Belgrano. La diputada Myriam Bregman (FIT) calificó la decisión como un “secuestro judicial ilegal”.
La detención de Milagro Sala constituye una verdadera extorsión hacia los integrantes de las organizaciones sociales que protestan en la Plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy desde hace más de 30 días. Un apriete en toda la línea destinado a que se levante la medida de fuerza.
Gerardo Morales, una de las principales espadas nacionales de Cambiemos, está demostrando que el nuevo oficialismo reprime de manera “federal”, desde La Plata y el Gran Buenos Aires hasta la Quiaca. El ajuste se desarrolla de la mano con la represión de la protesta social.
El fiscal de Estado Mariano Miranda –quien además es apoderado provincial de la UCR- hizo explícito el mensaje al señalar a todos los medios de comunicación que Milagro Sala seguirá detenida hasta tanto “cese la comisión del delito”.
Lo paradójico –o no tanto- es que el juez Gutiérrez que ordenó la detención no emitió palabra en la jornada. En su lugar habló el Fiscal de Estado indicando como seguiría la detención. Así, mientras Gerardo Morales se muestra “preocupado” por la división de poderes, son sus funcionarios quienes salen a decir que actuará la “justicia”.
El “delito” por el que se acusa a la dirigente de la Tupac es la "instigación a cometer delitos" –valga la redundancia- y “tumulto en la vía pública”. Es decir, se la acusa de encabezar una protesta social. Ergo, “la protesta es delito”. Los días de la “revolución de la alegría” quedaron ya demasiado atrás en el tiempo.
Contradiciendo en parte al fiscal, hace minutos el gobernador Gerardo Morales señaló al canal Todo Noticias que él “no va a negociar la liberación del acampe a cambio de la libertad de Milagro Sala”. Más temprano el ministro de Seguridad provincial, Ekel Meyer, había hablado en el mismo sentido afirmando que la liberación de Sala será “una disposición absolutamente independiente de la justicia; nosotros lo único que hicimos es cumplir con la orden judicial”. Ambos, para reafirmar la política represiva, reiteraron que “la comisión del delito” no cesó.
La detención de Sala culmina una escalada de aprietes y amenazas. Durante los días previos Morales había amenazado con retirarles la personaría jurídica a las organizaciones sociales y con multarlas si persistían en el acampe. Eso finalmente ocurrió. Así lo informó en la mañana de hoy el gobernador en su cuenta de Twitter.
Ayer por la tarde se había conocido la resolución de una jueza de menores que intimaba a “retirar los niños del acampe”. El gobierno provincial, evidentemente, no quería pagar el alto costo político de reprimir con niños en el lugar.
Desde hace varias horas el acampe esta rodeado por las fuerzas policiales. Aún no se puede descartar que decidan acudir a la represión abierta para lograr el desalojo.
Cuando el discurso del fiscal Miranda empezó a circular por los medios, la diputada del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman calificó la detención como un “secuestro judicial ilegal”. No es preciso aclarar a que se refería.
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