Nisman: un año de la trama oscura de la política y los servicios de inteligencia

El 18 de enero de 2015 se conocía la muerte del fiscal que había acusado a la presidenta y al canciller de encubrimiento del atentado de la AMIA. Un caso que destapó la podredumbre de un régimen político común a todas las fuerzas patronales.

La muerte de Albero Nisman sorprendió a todo el país en la madrugada del lunes 19 de enero del año pasado. Aunque se desempeñaba como fiscal de la causa AMIA desde inicios del gobierno de Néstor Kirchner, Nisman había llegado a ocupar el centro de la escena política en las horas previas a su muerte. Su acusación contra la presidenta y algunos de sus principales funcionarios por encubrimiento del atentado de la AMIA significaba un enorme golpe político hacia el gobierno nacional.
Nisman debía declarar pocas horas más tarde en el Congreso de la Nación, para defender la acusación llevada a cabo. Había sido citado por presión del bloque oficialista que tenía mayoría en ese momento y que se proponía demostrar que la acusación del fiscal era falsa.
La acusación de encubrimiento se basaba en la firma del Memorándum con Irán, que el gobierno nacional había implementado en 2013 bajo el argumento de intentar llegar a la verdad. Ese Memorándum era cuestionado por la oposición política patronal pero también -como quedó en evidencia en los días previos y posteriores a la muerte de Nisman- por sectores de los servicios de inteligencia del Estado que se hallaban alineados con sus pares de EEUU e Israel.
El nombre de Antonio “Jaime” Stiuso -que había ocupado los titulares de los medios por su desplazamiento de la cúpula de la Secretaria de Inteligencia pocas semanas antes- saltó nuevamente a la escena. Lo hizo precisamente por esos vínculos y fue ligado inmediatamente a la muerte de Nisman por el gobierno nacional. El entonces jefe de las fuerzas de inteligencia, Oscar Parrilli, lanzó un pedido de captura que no logró nunca dar con el paradero del ex jefe de los espías.

¿Suicidio o asesinato?

El cuerpo sin vida fue encontrado por la madre y los custodios que tenía el fiscal durante la madrugada del lunes 19 de enero. El arma de la que salió el disparo había sido provista al fiscal por Diego Lagomarsino, uno de sus empleados en la Unidad AMIA que, luego se descubrió, cobraba una enorme suma por la tarea de “servicios informáticos”.
El lugar de la muerte de Nisman –las Torre Le Parc en Puerto Madero- en la misma madrugada de su muerte tuvo la presencia de la fiscal Mónica Fein, del (ex) secretario de Seguridad Sergio Berni y de sectores de las fuerzas de seguridad.
Inmediatamente se desató una guerra de interpretaciones sobre la muerte. Guerra que tenía, claramente, un trasfondo político. La hipótesis del suicidio ayudaba a exculpar al gobierno nacional mientras que la del asesinato iba en el sentido de ponerlo como culpable.
Después de un año, la investigación oficial sigue caratulando la causa como “muerte dudosa”. La querella, encabezada por la familia del ex fiscal, afirma que se trató de un asesinato. Para eso se basa en indicar que el cuerpo de Nisman fue movido después de su muerte. Lo hace en base a que las fotografías de la Policía Federal Argentina -que arribó al lugar casi dos horas después de encontrado el cuerpo- no coinciden con lo que vio el primer médico en llegar, de la empresa Swiss Medical.
En base a esa hipótesis, los peritos de la querella señalan que Nisman habría sido asesinado por un atacante que se encontraba junto a él en el baño de su departamento y que habría realizado el disparo.
Abonando esta hipótesis la querella señala que, según sus peritos, el cuerpo tenía un hematoma en el cráneo y una lesión en la pierna izquierda que serían compatibles con las producidas cuando alguien es reducido por la fuerza y por detrás. Junto a eso, afirma que, al no haberse encontrado residuos de pólvora en la mano de Nisman, esto indicaría que él no disparó.
La fiscalía que estuvo a cargo de la investigación desde el primer momento nunca estableció si se trataba de asesinato o de suicidio. Sin embargo, muchas de sus definiciones conducen a la segunda hipótesis. El hecho de que el arma no haya dejado residuos de pólvora en la mano de Nisman no indica que no haya disparado, dado que –afirman- en el caso de armas pequeñas como la usada esto puede ocurrir.
En opinión de la fiscal el cuerpo no fue movido y el hematoma detectado es resultado del golpe que tuvo el cuerpo cuando cayó al piso. Si se hubiera movido, según la hora de la muerte, la rigidez cadavérica habría producido desgarros o desprendimientos óseos. Además la fiscalía sostiene que Sandra Garfunkel, la madre de Nisman, siempre estuvo presente en el lugar.

Crisis política

La muerte de Nisman desató una enorme crisis política nacional. El gobierno de Cristina Fernández quedó en el centro de la escena. Las acusaciones y las miradas se posaron inmediatamente sobre él. El acusado se convirtió en el primer sospechoso. Las acusaciones previas, con la muerte del fiscal, parecían implicarlo aún más. Buscando lograr aire, el gobierno intentó de contragolpe instalar la hipótesis del suicidio, basándose en los datos que se fueron conociendo en las primeras horas y los días posteriores a la muerte del fiscal.
La crisis política le dio aire a la oposición patronal y fue usada por los medios opositores para seguir desgastando el kirchnerismo. Pero a medida que se conocían los elementos en los que se había apoyado Nisman para hacer la acusación, más claro quedaba lo endeble de la misma.
El gobierno pudo demostrar que las acusaciones de complicidad que se hacían en base al Memorándum carecían de sustentabilidad. Las escuchas que se fueron conociendo y sobre las que parecía edificarse la causa, no demostraban nada muy evidente, salvo que Luis D’Elía tenía vínculos con sectores del gobierno de Irán.
A favor del gobierno nacional jugaron además dos elementos. El primero fue el hecho de que se conocieran que en la oficina del mismo fiscal fue encontrado un documento que mostraba un Nisman reivindicando abiertamente la política llevada adelante por el gobierno en la causa AMIA. Señalamos en ese momento que “ese expediente fue firmado en los últimos días del 2014 y sus fojas rubricadas en enero de 2015 cuando Nisman ya estaba en Europa. En menos de 12 días y de vacaciones, el giro fue total y un nuevo expediente estaba listo. Se fortalece la hipótesis de que el fiscal era cómplice de una mera operación política y a la vez, víctima de otro “carpetazo” de su socio Stiuso que llamativamente no atendió ni devolvió sus llamadas”.
El segundo elemento que jugó a favor del gobierno fue la creciente aparición en los medios de comunicación de la vida privada del fiscal fallecido: imágenes de sus múltiples viajes al exterior, vacaciones permanentes junto a modelos y amigos, participación constante en fiestas, cuentas secretas en EEUU -junto a su ex empleado Lagomarsino- entre otras cosas. Esto significó un golpe a la imagen pública del fiscal, poniéndole un techo a la “popularidad” que la causa podía tener.
Eso quedó en evidencia el 18 de febrero del año pasado, cuando se cumplía un mes de la muerte de Nisman. Ese día decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo justicia y reivindicándolo como una suerte de “mártir” de la justicia. Sin embargo, se trató esencialmente de los mismos sectores que habían protagonizado los cacerolazos en 2012 y 2013. Es decir franjas de clases medias medias y altas, ampliamente refractarias al kirchnerismo y parte central de la base social más firme del macrismo.
Con el correr de los meses el escándalo siguió como una suerte de novela donde lo central pasó por las críticas de la querella -encabezada por la ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo de Salgado- hacia la fiscal Fein y las respuestas de ésta. La muerte de Nisman quedó como un resabio sin resolver, pero sin consecuencias importantes sobre la vida política nacional.
En el marco del escenario electoral, los sectores que fueron fervientes defensores del fiscal eran ya, desde hacía tiempo, opositores al gobierno nacional y parecen haberse inclinado por el voto a Macri desde un primer momento.

Los "sótanos" de la democracia

La muerte de Nisman volvió a poner en el centro de la escena a un actor oculto del régimen político argentino: los servicios de inteligencia.
Lo que algunos autores definieron como “los sótanos de la democracia” subió a la planta baja para ser conocido por todos. Quedó en evidencia que la estructura de estas instituciones se mantiene casi intacta desde la dictadura militar misma y había funcionado sin grandes contradicciones bajo el amparo de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner y Cristina Fernández.
El mismo “Jaime” Stiuso, desplazado de la Secretaria de inteligencia en diciembre de 2014, revestía en la fuerza desde 1972, evidenciando la continuidad de un aparato putrefacto, puesto al servicio del espionaje a sectores populares, pero también al servicio del poder de turno para tirarse “carpetazos” por la cabeza y crear operaciones políticas.
Como escribía Fernando Rosso en ese momento “El poder de los espías se nutre de los secretos de la democracia. O mejor dicho, son los gestores de los secretos de una casta política, judicial, empresarial y hasta sindical, que tiene mucho que esconder y todavía más para perder si sus privilegios se hacen públicos. Las operaciones y los “carpetazos” sacan a la luz grandes privilegios y ventajas que pasadas a valores suman millones de pesos o dólares. Contubernios, corruptelas, estafas y maniobras legales o ilegales; entre la casta política y judicial y los poderes fácticos de los dueños del país. Su poder se basa en las mil traiciones que se cocinan en la trastienda de los grandes discursos sobre la lealtad y el honestismo”.
El Relato del gobierno kirchnerista quiso en ese entonces mostrar un intento de reforma de las fuerzas de inteligencia, poniendo a Oscar Parrilli a su cabeza. Sin embargo, ese intento llegaba 12 años tarde y, además, se hacía dentro de los limitados marcos del Estado burgués, donde los servicios de espionaje son fundamentales para la continuidad de la dominación política y social de la clase capitalista. El aparato putrefacto de la inteligencia argentina se mantuvo intacto en la llamada “década ganada”.

El nuevo gobierno y la causa Nisman

El cambio de gobierno significó una vuelta a la escena de la causa Nisman. Ayer domingo Mauricio Macri recibió a la ex esposa y a las hijas del fiscal fallecido, prometiéndoles justicia.
En el mismo sentido en la semana que pasó se conocieron dos resoluciones gubernamentales que aportarían a la investigación. La primera releva de secreto a los agentes de inteligencia que puedan aportar información a la causa. La segunda ordena la desclasificación de todo el material en poder de los servicios de inteligencia y de diversas fuerzas represivas relacionada con el caso.
Junto a estos avances, con el cambio de gobierno la jueza Fabiana Palmaghini desplazó de la dirección de la investigación a la fiscal Mónica Fein, haciendo lugar a un pedido largamente reiterado por la querella.
La causa Nisman podría convertirse en un ariete que permita avanzar sobre ex funcionarios del gobierno anterior. En ese marco, Macri permitió la caída del Memorándum con Irán, un reclamo largamente planteado por los sectores más conservadores de la comunidad judía.
A un año de la muerte de Nisman, el caso sigue sin resolución. Los “nuevos datos” que puedan conocerse serán usados –seguramente- en pos de golpear sobre la anterior administración nacional. El gobierno de Macri necesita, mientras avanza en el ajuste, reafirmar su relación con los sectores más marcadamente derechistas que lo votaron. La causa Nisman puede ser un factor en ese juego político.
Mientras tanto, lo que dejan los 365 días transcurridos es la certeza de la impunidad y la podredumbre que anidan en un régimen político y social que tiene por función esencial mantener y perpetuar el dominio social de esa minoría que constituye la clase capitalista.

Eduardo Castilla
@castillaeduardo