Crecen los rumores sobre la privatización de ARSAT y se abre una nueva discusión: ¿Servicios públicos privados o estatales? La necesidad de la gestión de los trabajadores junto con un comité de usuarios como alternativa para brindar servicios de calidad y con tarifas acordes a las necesidades de los trabajadores y sectores populares.
ARSAT es una empresa del Estado Nacional, creada en 2006 con el objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales. La puesta en órbita de los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2 permitió que Argentina sea capaz de ofrecer servicios de comunicaciones en todo el territorio nacional. También se avanzó en el despliegue de la plataforma tecnológica del Sistema Argentino de Televisión Digital Abierta, que permite que más del 80 % de la Argentina tenga cobertura de Televisión Digital Terrestre y, en caso de no estar en el radio de cobertura, con la posibilidad de acceder a la Televisión Digital Abierta a través del ARSAT 1.
Hoy se estima que más de 11,7 millones de argentinos ya usan al menos un servicio de ARSAT. Esta importante inversión, debe estar puesta al servicio de cubrir las necesidades de los trabajadores y sectores populares, y no para que sean utilizadas por ningún grupo empresario, como por ejemplo Clarín o las telefónicas, estas últimas las más beneficiadas en la era K.
Hasta hace muy poco, la empresa dependía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A su vez, su gestión, así como la de la Secretaría de Comunicaciones (Secom), la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el Correo Oficial y Argentina Conectada, era absorbida por la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC).
A fines de diciembre, el gobierno de Macri anunció la creación, mediante uno de sus tantos DNU, del Ente Nacional de Comunicación (Enacom), que sería presidido por Miguel de Godoy, y bajo el cual quedarían fusionadas la AFSCA y la AFTIC. A su vez, el gobierno nacional nombró como titular de ARSAT al yerno de Oscar Aguad, actual ministro de Comunicaciones, el radical Rodrigo de Loredo, quien tras su arribo, despidió a 21 trabajadores.
El día 16 de diciembre pasado, se realizó un plenario de delegados del gremio telefónico FOETRA Bs As, en el cual se votó en forma unánime la defensa de ARSAT como empresa estatal, ante trascendidos de una posible privatización por parte del gobierno de Macri. Si bien no está confirmado, los rumores indican que los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2 pasarían a control de la empresa francesa Talent, que a su vez está ligada a Clarín mediante contratos para la distribución de la señal de internet local.
En dicho plenario, uno de los oradores fue el delegado de Telecom y dirigente de la Agrupación Violeta, Carlos Artacho, quien centró su intervenciónen, además de la defensa de ARSAT como empresa estatal, la necesidad de que sea gestionada por sus trabajadores, al igual que todas las telecomunicaciones y el resto de los servicios públicos, en sintonía con lo que en su momento afirmara Myriam Bregman, el 19/03/15 durante la segunda audiencia por el proyecto de ley de los bonos de participación a las ganancias planteando la necesidad de empezar a discutir cómo sería si “en lugar de ganar unos pocos a costa de un servicio público, fuese manejado por sus propios trabajadores”.
La estatización del conjunto de las telecomunicaciones implicaría que no sean un negocio para el lucro de un grupo empresarial, sino que beneficiaría a millones de usuarios, haciendo posible que se brinde un servicio de calidad, y con tarifas acordes a las necesidades de los trabajadores y sectores populares, pudiendo ofrecer, por ejemplo, telefonía e internet gratis para escuelas, universidades y hospitales públicos, espacios culturales, así como para jubilados y desocupados. Pero para que esto sea posible, no alcanza sólo con que sea una empresa estatal, sino que hay que discutir, además, quién la gestiona.
Durante los duros años neoliberales, vimos como las empresas estatales en general se transformaron en empresas defectuosas y profundamente endeudadas. En el caso de las telecomunicaciones, la intervención de María Julia Alsoragay fue un factor indispensable para que pasara a funcionar bajo manos privadas. Durante su gestión, el menemismo profundizó las condiciones pésimas que la empresa arrastraba, para ayudar crear un consenso social favorable a la privatización.
Así, los telefónicos y los usuarios vimos cómo ENTel aumentaba enormemente su deuda, cómo se instalaba, por ejemplo, un 70 % menos de líneas que bajo la gestión anterior, o cómo se retrasaban todas las tareas de mantenimiento esenciales para brindar un servicio de calidad. Esto, a su vez, permitió que se profundicen la flexibilización laboral y la tercerización, que siguió aumentando en La década ganada, así como que se avance en la política de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas hacia los trabajadores del sector, dejando a miles de trabajadores y sus familias en la calle.
Todas acciones que llevaban deliberadamente al detrimento de ENTel para avanzar en su privatización, y luego con el resto de las empresas del Estado.
Aquí se nos abre, entonces, la cuestión de quiénes son los realmente interesados en un servicio público y de calidad para el conjunto de los trabajadores y los sectores populares. Por eso es que creemos que una gestión de los propios trabajadores, con un comité de usuarios, es la única alternativa posible para que las telecomunicaciones sean un derecho para millones y no un negocio para pocos.
Lorena Billone
Delegada FOETRA Agrupación Violeta | @LorenaBillone
Soledad Domenichetti
Delegada FOETRA Agrupación Violeta | @soledome1
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