Un enorme movimiento popular recorre México en reclamo de la aparición con vida de 43 estudiantes del magisterio rural de Ayotzinapa, un pequeño pueblo del estado de Guerrero. "Con vida los llevaron, con vida los queremos", corean los manifestantes. El hallazgo de fosas clandestinas, donde presumiblemente se encuentran los cadáveres de muchos de los jóvenes desaparecidos, desató una conmoción internacional y movilizaciones en 25 estados, incluyendo protestas de miles en varias ciudades de Guerrero.
Los estudiantes del combativo liceo habían arribado a fines de septiembre a la ciudad de Iguala, en el departamento de Guerrero, con el propósito de recaudar fondos para participar de la movilización del 2 de octubre en el Distrito Federal, donde se conmemora y aún se exige justicia por la masacre contra cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. Como represalia por intentar protestar en un acto político promovido por el intendente, los estudiantes fueron atacados –en un operativo concertado de la policía y un cartel del narcotráfico- con disparos de ametralladora, con el saldo de tres jóvenes muertos. El resto fue secuestrado y torturado, y aparentemente fueron rematados en los montes próximos a Iguala, y enterrados en fosas comunes.
Poder político y narcotráfico
El alcalde de Iguala, al que se señala como autor intelectual de las desapariciones, se fugó. Integrante del PRD, tiene vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva y está acusado de la tortura y posterior asesinato de al menos tres militantes de su propio partido. Toda esta información estaba en conocimiento de los servicios secretos federales y también de la Procuraduría General de la República. El gobernador, Angel Aguirre (un histórico del PRI que pasó recientemente al PRD), prometió que los 81 alcaldes de la región y sus policías serán investigadas. Pero el propio Aguirre no es un hombre de fiar: hasta hace poco impulsaba “colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala” (Página 12, 7/10), o sea, una consolidación del poder de los cárteles. El centroizquierdista PRD, como se ve, no es ajeno al régimen político narco: de hecho, su dirección nacional ratificó su apoyo político al gobernador (La Jornada, 10/10).
Las vinculaciones entre el narcotráfico y todos los poderes del Estado han quedado ilustradas en la amenaza con la que los narcos de Guerreros Unidos (GU) recibieron a las fuerzas federales: “gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”. (El País, 7/10). Como si hubiera tomado nota del mensaje, la Cámara de Diputados nacional se limitó a formar una comisión para investigar el tema.
Desintegración
Como en Tamaulipas y Michoacán recientemente, el Estado federal ha enviado a la policía del Distrito Federal y a la Gendarmería a recuperar el monopolio de la violencia en el estado de Guerrero. En Tamaulipas, estado lindante con Estados Unidos, y que vio nacer a los carteles del Golfo y de los Zetas, se dispuso recientemente la división del territorio en cuatro cuadrantes bajo el control del Ejército y la Armada. En Michoacán, intervinieron en el verano para evitar que se desmadrara por completo un enfrentamiento que involucraba a varios grupos narcos y a las denominadas Autodefensas Unidas. En el caso de Guerrero, la intervención obedece también al temor a la autoorganización de las masas, en un estado que es el más pobre del país, y que en 2013 “tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de México y tres veces mayor a la media nacional”. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en la región, caracteriza a las fuerzas que masacraron a los estudiantes como grupos paramilitares, y denuncian en un comunicado que “los alumnos desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina” (Página 12, 8/10).
El fracaso de la estrategia de militarización de Calderón (PAN), que dejó 60 mil muertos, no parece haber encontrado una alternativa por parte de las fuerzas políticas patronales. El gobierno del PRI avanza en la misma línea, con el apoyo del centroizquierdista PRD. Su dirigente, Carlos Navarrete, ha dicho que “entendimos que, mientras no hubiese una gendarmería capacitada, era necesaria una intervención temporal del Ejército. Pero esto ya lleva ocho años” (El País, 6/10). Todos los partidos, cámaras empresarias y estamentos del Estado están perforados por el narcotráfico. En los últimos ocho años se han encontrado más de 400 fosas clandestinas por todo el país, pero la Procuraduría General de la República hizo escasas 34 averiguaciones sobre el tema.
Respuesta Popular
Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. Los familiares de los estudiantes, organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, se movilizan en reclamo de justicia. El movimiento estudiantil, del que formaban parte los estudiantes masacrados, vive un particular proceso de efervesencia: los estudiantes del Instituto Politécnico frenaron con una movilización al Zócalo de 50 mil estudiantes (un tercio de la matrícula del Instituto) los intentos del gobierno federal de cambiar el plan de estudios, que planteaba menos horas de clase y la reducción en la calidad de la currícula.
Exigimos la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, y el esclarecimiento de la masacre. Desarrollemos la denuncia y movilización internacional por estos objetivos.
Gustavo Montenegro
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