El anuncio de “democratización de las telecomunicaciones” efectuado el miércoles 29 con la presencia de Capitanich, Kicillof y De Vido se vio, literalmente, pasado por agua.
Mientras la plana mayor del gabinete nacional celebraba la llegada del 4G y la eliminación del concepto de larga distancia, el agua sacaba a flote todo lo que una década de anuncios rimbombantes no pudo tapar.
Si la inversión en infraestructura urbana y obra pública era una deuda arrastrada por todos los gobiernos democráticos, la situación pegó un salto en calidad en los ’90 con la privatización de los servicios públicos y su virtual entrega al mejor postor para gestionarlos en pos del beneficio empresarial. La situación de degradación no solo no se revirtió durante la llamada “década ganada”, sino que se siguió profundizando: un festival de subsidios a las privatizadas, sin control de que se realizaran las obras necesarias, derivó sólo durante los últimos dos años y medio en más de un centenar de muertos , considerando para empezar los crímenes sociales de Once y Castelary el de las inundaciones de abril de 2013. A esto se suma la decadencia creciente de las condiciones de vida de sectores cada vez más amplios de la población, que vieron empeorar paulatinamente su situación en lo que respecta a vivienda, transporte público, acceso a servicios como luz, agua potable y cloacas, por mencionar algunos aspectos. La enorme cantidad de fotos y denuncias recibidas desde el martes a la noche por La Izquierda Diario constituyen un testimonio vivo de la situación en distintas ciudades y de la indignación que genera en los vecinos volver a pasar por momentos de angustia e incertidumbre ante cada temporal. Trabajadores de Kraft y Donnelley, del Hospital Alende, telefónicos, docentes y estudiantes de distintas localidades actuaron como verdaderos corresponsales mostrando su realidad.
Inundaciones: nada nuevo bajo el sol (o las nubes)
En lo que se refiere a la infraestructura urbana, ya durante el año pasado las inundaciones que afectaron centralmente La Plata, otras localidades de la provincia de Buenos Aires, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las ocurridas este año en el noreste del país, dejaron claro que la deuda en materia de infraestructura pluvial e hidráulica es enorme: significó la muerte de decenas de personas, además de pérdidas materiales irreparables para los sectores más postergados de la población, aquellos que justamente habitan las zonas más desfavorables de las ciudades.
Muchas de las casas devastadas en las cercanías del arroyo El Gato de La Plata, por ejemplo, habían sido construidas en terrenos cedidos por el gobierno local, que con completo desparpajo había aprovechado para su propia campaña el otorgamiento de títulos de propiedad en un área que se sabía peligrosa para ser habitada. Las inundaciones de esta semana, al igual que las mencionadas anteriormente, no se deben a desconocimiento ni a fenómenos naturales fuera de control: numerosos estudios y denuncias realizados por especialistas, asociaciones de vecinos y universidades alertan permanentemente sobre la situación de riesgo en determinadas zonas y la falta de obras necesarias, pero son también permanentemente ignoradas por los distintos gobiernos, dedicados a inaugurar obras más superficiales que muestran una cara “más linda” de las ciudades y que dan rápido rédito político. Todo lo que se puede prevenir, entonces, deja de justificarse en nombre del “desastre natural”; por eso se habla de crímenes sociales en estos casos.
Obras que no se concretan y negocios redituables
La falta de obras responde a varias razones, entre ellas la decisión política de priorizar la inversión en otras áreas; un ejemplo claro de esto es que tanto el gobierno nacional como el bonaerense, por mencionar dos de los que poseen un mayor presupuesto, asignan fondos cada vez más cuantiosos a las distintas fuerzas represivas, lanzando operativos que llenan de gendarmes, prefectos y policías las zonas más pobres del país y se utilizan para reprimir a los trabajadores que salen a luchar contra despidos y suspensiones. Por otra parte, la planificación urbana, que debería responder a las necesidades de los habitantes de las ciudades manteniendo una armonía con el entorno natural, está, muy por el contrario, sujeta a la lógica del mercado y a la especulación.
Constructoras y desarrolladoras inmobiliarias están lejos de perder dinero en esta situación. Los arreglos entre el kirchnerismo y el macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, por mencionar un caso, han significado durante toda la década la concesión de obras y beneficios fiscales a las principales constructoras, quienes además facturan cifras exorbitantes. Un claro ejemplo de los grandes negocios de las constructoras que no paran de facturar e incumplen los plazos son los siete “hospitales del Bicentenario” cuyas obras se encuentran paralizadas, y donde constructoras como Caputo y Creaurban vienen realizando beneficiosas “readecuaciones de precios” a lo largo de los seis años desde que fueron anunciados por la presidenta Cristina Fernández por primera vez. Esto vale también para las obras viales: según un informe de la Auditoría General de la Nación, el 60% de las programadas desde 2003 no se ejecutó o sufrió demoras de años.
Un verano que pinta candente
Antes de este último temporal, los primeros picos de calor ya venían mostrando que la crisis energética será otro actor privilegiado de la temporada estival. Tanto en Córdoba como en la Ciudad de Buenos Aires y distintos distritos del conurbano bonaerense los cortes de energía eléctrica vienen siendo frecuentes y cada vez más extendidos, situación agravada con el temporal que dejó decenas de miles de hogares más sin luz. El corte de suministro, además de los lógicos problemas de no tener luz, no poder aliviar el calor ni conservar los alimentos refrigerados, genera que en muchos casos se corte además el suministro de agua. En este contexto, las inundaciones vienen a empeorar un panorama que hace prever un difícil tránsito del último tramo del año, sobre todo para los sectores de la población que viven en zonas donde el acceso a los servicios básicos se logran mediante mucho esfuerzo de sus habitantes, ante la desidia de las empresas y los funcionarios.
Verónica Zaldívar
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