La Justicia no es ni lenta ni rápida, es de clase

El martes a la noche Cristina Fernández de Kirchner anunció por cadena nacional que presentará en el Congreso un proyecto para reformar el actual Código Procesal Penal, que es la serie de normas que rigen el procedimiento con el que deben manejarse jueces y fiscales en el ámbito de la justicia federal y nacional para investigar, enjuiciar y dictar sentencias. La iniciativa cumple con un pedido insistente del Poder Judicial, que lleva años reclamando el fin del sistema (levemente) mixto, pasando de “inquisitorio-acusatorio” a directamente “acusatorio”. La Justicia no es ni lenta ni rápida, es de clase

Es prematuro, sin haber estudiado a fondo el proyecto, hacer una crítica pormenorizada de su contenido. Pero sí podemos analizar el sentido político con que se presentó el martes esta reforma. No es casual que el gobierno nacional intente mostrarse más duro en cuestiones penales, cuando de conjunto está teniendo desde hace tiempo un pronunciado giro a la derecha expresado en un mayor ajuste sobre las condiciones de vida de los asalariados, una mayor criminalización de la protesta social tratando de cautivar a un electorado que sigue disputado por tres candidatos conservadores y reaccionarios como Scioli, Massa y Macri.
El nivel discursivo utilizado no es inocente. Uno de los puntos más controvertidos con que se eligió presentar la reforma se refiere a la posibilidad de expulsar del país a los “extranjeros que cometen delitos” e impedirles que vuelvan por 15 años. Desde ya que cuando habla la presidenta no se refiere a extranjeros como Franco Macri (que fundió el Correo Argentino cuando Menem lo privatizó) o como los gerentes de las multinacionales Donnelley y Lear, que cierran empresas e incumplen leyes y fallos judiciales. Ella habla implícitamente, de una forma totalmente estigmatizadora, de los pobres del que cometen delitos. Eso es lo que quiso decir en su cadena nacional y lo que viene diciendo desde hace tiempo su secretario de Seguridad Sergio Berni. Recordemos que el mismo Berni tuvo su pico de fiebre xenófoba después de pasar con las topadoras sobre las casillas precarias del asentamiento “Papa Francisco” de Villa Lugano, en un operativo conjunto con el macrismo para escarmentar a los “delincuentes usurpadores”, entre los que se encontraban muchos inmigrantes pobres.
Por eso, con este discurso no sorprende que horas después de la cadena nacional de Cristina quienes salieron a respaldar el proyecto oficial fueron nada menos que opositores de derecha como Sergio Massa y el dirigente de la UCR Mario Cimadevilla, quienes están totalmente de acuerdo en “expulsar a inmigrantes que cometen delitos” y aplauden la iniciativa del kirchnerismo ya que “en este tema de los extranjeros” está bien orientado.
Por otro lado el proyecto propone el paso de un sistema “mixto” a uno directamente “acusatorio”, como si fuera la salvación de todos los males de la Nación. Pero sin ir más lejos ese sistema ya existe hace años en la Provincia de Buenos Aires y los resultados están a la vista. Nadie puede decir hoy que la provincia sea “más justa” que antes ni muchos menos. Que un Código sea “acusatorio” o “inquisitivo” no resuelve el problema de una justicia profundamente clasista.
Otro argumento de la reforma es que se busca que la Justicia sea menos lenta. ¿Pero a qué se refieren con “justicia lenta”? Nos preguntamos si se modificarán las condiciones que permitieron juzgar una decena de años después a Domingo Cavallo por el “Megacanje” o a Fernando De La Rúa por los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 dejándolos impunes. Que esos juicios se haya realizado tanto tiempo después de los hechos, ¿es un problema del Código Procesal o de impunidad de la clase política? Hablan de lentitud de la justicia pero hoy más de la mitad de la población carcelaria del país está condenada “de facto”, pasando varios años tras las rejas a la espera de sentencia, empezando por la provincia de Buenos Aires donde rige nada menos que el sistema acusatorio. Y obviamente esos miles de presos pertenecen a los sectores populares. Está claro que mayor “celeridad” no significa mayor “justicia”.
Ahora vendrá el debate parlamentario sobre esta reforma. Pero el objetivo político ya está puesto de manifiesto. El PTS en el Frente de Izquierda enfrentará con total firmeza cualquier norma que tienda a endurecer la acción penal de este Estado capitalista y señalaremos la impunidad de las clases dominantes y sus fuerzas represivas. Y para luchar contra esa política llamaremos al más amplio frente único.

Myriam Bregman