La pista de los penitenciarios

Los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira pidieron que se indague a siete miembros del Servicio Penitenciario Federal. Sostienen que cometieron irregularidades que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino de López.

La unidad que investiga los crímenes del terrorismo de Estado en La Plata busca retomar la pista de los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la causa que investiga la segunda desaparición de Jorge Julio López. Tras permanecer seis años desactivada, los fiscales Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira solicitaron al juez que subroga el Juzgado Federal No 1, Adolfo Gabino Ziulú, que indague a siete funcionarios del SPF por haber cometido irregularidades en sus funciones que habrían derivado en el desvío de la investigación sobre el destino del militante, cuyo paradero se desconoce desde septiembre de 2006. “La conducta desarrollada por los imputados entrañó consecuencias que, en el contexto aquí expuesto, revisten suma gravedad, como es la imposibilidad de desarrollar diversas líneas de investigación verosímiles en la desaparición de Jorge Julio López”, señalaron los fiscales en su pedido.
En los días en los que Julio López volvió a desaparecer –entraba en su etapa final el juicio del que fue testigo fundamental contra los verdugos que lo habían desaparecido y torturado durante la última dictadura cívico militar, entre ellos el ex bonaerense Miguel Etchecolatz–, Diego González, Rubén Medina, Aníbal y Marcelo Cuenca, Héctor Altamirano, Carlos Grassini y Diego Díaz trabajaban en el penal de Marcos Paz. Desde aquel septiembre y hasta 2008 estarían bajo la lupa de la Justicia, enredados en la investigación por el paradero de López. Disfrutaron de la falta de mérito con los que el ex juez Arnaldo Corazza les dio aire hasta la semana pasada, cuando los fiscales Molina y Nogueira decidieron que algo en sus comportamientos como funcionarios públicos no había estado bien por aquellos años.
Los fiscales buscan consultar a estos ex funcionarios del SPF por algunas “diferencias” que detectaron entre los libros de visitas de Marcos Paz y del pabellón donde están alojados los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. “Las discrepancias no sólo son numerosas, sino también de una profunda gravedad. Existe una gran cantidad de inexactitudes entre los registros aportados por el SPF, que van desde simples diferencias en los nombres o número de documento, hasta personas que aparecen ingresando al pabellón sin haber sido registradas al ingreso del penal”, argumentaron Molina y Nogueira en el pedido enviado a Ziulú. Incumplimiento de funcionario público fue la imputación que les dedicaron para requerir sus indagatorias.
Por estas diferencias entre los registros de visitas de 2006, pero además por serias irregularidades en la actuación del SPF respecto de la información que le solicitó la Justicia sobre líneas telefónicas utilizadas por acusados y condenados por violaciones a los derechos humanos, estos y otros funcionarios de la institución fueron investigados. El penal, incluso, fue requisado y allanado en 2007: en su libro Los días sin López, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot detallan que el juez a cargo, por entonces, de la investigación, Corazza, notificó de la primera medida al Ministerio de Justicia nacional y la información llegó al SPF, mientras que el segundo allanamiento, con previo aviso sólo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria –por entonces a cargo de Marcelo Saín–, tomó por sorpresa a Marcos Paz. Los datos obtenidos, sumados a un informe de la Secretaría de Derechos Humanos elaborado en aquel año en el que acusaba a los penitenciarios en la mira de tratar con privilegio a los genocidas permitió encender la alarma: ¿estaban los carceleros queriendo protegerlos de la investigación por la desaparición de López? El entonces fiscal del caso, Sergio Franco, pidió la indagatoria de los penitenciarios, pero la ansiedad duró poco. Corazza durmió la causa un año y, cuando despertó, dictó la falta de mérito y desactivó la línea.
Ahora, la unidad especializada en los delitos del terrorismo de Estado, busca retomarla a partir de una relectura de todo lo actuado: intentan determinar la “posible responsabilidad de fuerzas de seguridad en mecanismos que tienden a impedir el accionar de la Justicia sobre los delitos de lesa humanidad”, destacaron los fiscales.

Ailín Bullentini