La Afip desmiente infructuosamente la sociedad de la Presidenta con Lázaro Báez. Temen por las consecuencias penales que podrían tener las demandas de los holdouts en juzgados criminales de los Estados Unidos.
El esfuerzo del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por desvincular a la Presidenta de Lázaro Báez, ese gran beneficiario de la "década ganada", se pareció al del gato entre la leña del dicho popular. "No son socios", dijo enfático el lunes 20. "Hay un vínculo comercial", admitió vacilante el martes 21. Entre el énfasis del lunes y la vacilación del martes puede haber mediado alguna advertencia: no es sencillo soltarle la mano al prototipo de la "burguesía nacional reconstruida" del kirchnerismo. Mucho menos cuando otro de los grandes ganadores de la década, Cristóbal López, también está en la cuerda floja y ambos son investigados en juzgados de los Estados Unidos por denuncias de los buitres. La admisión de los “vinculos comerciales” ha sido interpretada de distintos modos. Según algunos, es una echada de lastre de los K, que abrirían el paraguas frente a revelaciones inminentes que mostrarían lazos muchos más estrechos que unas relaciones comerciales. Para otros, el propio Echegaray estaría extorsionando a la camarilla, de cara a la guerra abierta que ha estallado al interior del gabinete en las últimas semanas.
Como quiera que sea, la anunciada negociación y capitulación ante los buitres, que el capital financiero reclama por distintas vías, está impuesta también por una necesidad mafiosa: detener el riesgo penal de las investigaciones judiciales que esos buitres promueven para chantajear el gobierno.
Paul Singer, del fondo NML, ha presentado una demanda para que se investigue la radicación en el estado de Nevada de 123 empresas fantasma vinculadas con Báez, cuya función es lavar dinero mal habido. El del juez Cam Ferenbach, en cuyo despacho se sigue el trámite de esas causas, es ahora un nombre mucho más temido en la Casa Rosada que el de Thomas Griesa. Ferenbach, en un dictamen, habló de "trío siniestro" para referirse a Néstor y Cristina Kirchner y a Lázaro Báez. Sustentados en investigaciones del fiscal porteño José María Campagnoli, se detectaron maniobras de Báez para lavar dinero en entidades de Zurich, Ginebra y Liechtenstein. Sin embargo, ello sólo sería la punta del ovillo de nuevas revelaciones: la más importante es el destino de los centenares de millones de dólares que los K fugaron de Santa Cruz en los años del menemismo, y que la provincia había recibido a modo de “contraprestación” por avalar la privatización de YPF.
Vínculos de hierro
Echegaray, que fue en el pasado abogado de una de las empresas de Báez, intentó además salvar su propio pellejo en el caso de las facturas fraudulentas que el empresario K utilizaba para estafar al fisco. Echegaray aseguró que él y otros funcionarios de la Afip no ejercieron "ningún grado de interferencia" sobre los técnicos de la filial Bahía Blanca, donde se cometió el fraude. Luis Serra, dirigente sindical y concejal peronista de Bahía, lo desmintió de inmediato: "La gente que investigaba fue desplazada. Quedó trabajando, pero sin cargo" (La Nación, 21/10).
Los buitres no persiguen en vano a Lázaro Báez para extorsionar al gobierno. Denuncian que los K comparten con el ex empleado bancario, y ahora gran burgués nacional el condominio de 87 mil metros cuadrados de terreno en El Calafate, negocios inmobiliarios y la administración de emprendimientos hoteleros, entre los rubros más conocidos. Y, según los buitres y el juez Ferenbach, Báez es un testaferro de los K que ha lavado dineros del Estado, por lo cual sus empresas en el exterior podrían ser embargadas. El monto dinerario que se ha detectado hasta ahora es escaso (65 millones de dólares) en comparación con la deuda reclamada, pero no es ese el propósito de esas acciones judiciales sino la extorsión que significarían las consecuencias penales y políticas del escándalo.
Por eso Jorge Capitanich, con aval de la Presidenta, negocia reservadamente con el buitre Jay Newman, del fondo Elliott, y propone pagarle a todos los holdouts, aun a los que no demandaron ante el juez Griesa. Es una transacción de mafiosos, en medio de la descomposición del gobierno K.
A. Guerrero
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