La fallida investigación

Habían pasado dos meses de su desaparición cuando su hermana, Vanesa Orieta, le decía a Página/12 que lo buscaban con vida, pero “conscientes de que quizá ya no se apunte a eso”. Ya había empezado su peregrinar por las instituciones exigiendo respuestas sobre el pibe que para ese momento, marzo de 2009, ya habría cumplido 17 años, que era solidario con los chicos de la calle, trabajaba en una fundición y cartoneando, le gustaba escuchar cumbia y reggaeton, y era fanático de River. Fueron años de bregar en soledad y juntar bronca e impotencia por la inacción policial, judicial e institucional. Los ocho policías implicados en el caso jamás fueron indagados y siguen en actividad. A pocas horas de que fuera aumentada a un millón de pesos la recompensa por información sobre el paradero de Luciano, quienes siguieron la investigación desde la primera hora comparten las mismas dudas y sospechas de la familia y sus abogados, y sostienen que el hallazgo del cuerpo no completa el rompecabezas que se desarmó, probablemente, cuando Arruga se negó a delinquir para los policías bonaerenses que lo hostigaban en el barrio 12 de Octubre, partido de La Matanza.
El 21 de septiembre de 2008 Luciano fue llevado al destacamento ubicado en Indart 106, de Lomas del Mirador. “¡Vanesa, me están pegando!”, gritó mientras su hermana esperaba que lo liberaran. Cuando salió señaló uno a uno a los golpeadores, pero se negaron a darle sus nombres. “Acá no te hicimos nada. Negrito de mierda, te vamos a llevar a la 8ª para que te violen, o terminás en un zanjón”, lo amenazaron. En el policlínico de San Justo verificaron los golpes, y, según relató Orieta en aquella entrevista con este diario, lo volvieron a parar cada vez que andaba por la calle.
Ese destacamento, que parece un chalet de familia más que una unidad policial, había nacido al calor del reclamo de mano dura impulsado por un grupo de vecinos luego de ocurridos un par de casos resonantes de “inseguridad”, entre ellos el asesinato del florista de Susana Giménez. Años más tarde los familiares y amigos de Arruga tuvieron que dar otra larguísima batalla para lograr su desafectación y la creación de un espacio de memoria, pero también de “contención para que los pibes y pibas del barrio tengan una alternativa ante el acoso policial”, según decían.
Luciano vivía con su madre y sus hermanos menores. Vanesa, hija de diferente padre, contaba que cuando cartoneaba la policía lo paraba acusándolo de robo, que ella lo iba a buscar a la comisaría y preguntaba a los policías si el móvil para robar era el carrito de cartoneo. “Hubo dos semanas de incertidumbre, y por un llamado extorsivo la DDI de San Justo intervino teléfonos y apretó a amigos de mi hermano en la brigada. Era una pantomima, no lo estaban buscando”, decía la hermana.
El sábado 31 de enero, cuando su mamá, Mónica Alegre, se levantó temprano Arruga ya no estaba. Así comenzó la búsqueda por comisarías y hospitales. Junto a Pablo Pimentel, de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza, presentaron un hábeas corpus que fue rechazado. En esas horas fue cuando, según explicó Horacio Verbitsky en la conferencia de prensa de ayer, en el hospital Santojanni le negaron información.
A las dos semanas, un chico del barrio se quebró y contó a la familia que un compañero de secundaria había estado detenido junto a Luciano, y que ambos habían sido “reventados a palos”. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación, y por eso estaba muy asustado. “Nos mataron a golpes, a Luciano lo vi muy mal”, había dicho. Se habría cumplido la amenaza que recibió en septiembre, cuando lo detuvieron y lo llenaron de moretones. Ya por entonces Pimentel aseguraba que “en la causa hay testigos que declararon que la policía lo levantó de la calle”. Ya por entonces Pimentel aseguraba que lo de Luciano no había sido un hecho aislado. “En varios barrios humildes los policías reclutan pibes chorros y les liberan zonas”, describía.

Jueces y fiscales, no sabe no responde

Ante la inacción de la UFI 7, a cargo de Roxana Castelli, acudieron a la Fiscalía General, que pasó el caso a la fiscal Cecilia Cejas (UFI 1), que tampoco activó la investigación. En mayo de 2011, en plena movilización para lograr el cierre del destacamento policial, los familiares y amigos de Arruga denunciaron que seguían recibiendo amenazas. “Mientras la causa principal siga siendo por ‘averiguación de paradero’ (N.d.R. el expediente aún estaba en la Justicia provincial), como si Luciano estuviera vivo, y los policías sospechados sigan en funciones nosotros debemos soportar las amenazas, porque esas personas sienten que tienen la libertad de amedrentar”, se lamentaban.
En enero de 2013, a instancias del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la causa pasó al fuero federal para investigar la desaparición forzada de Arruga. En abril pasado, la madre y hermana del joven, patrocinadas por Juan Manuel Combi y Paula Litvachky, presentaron por segunda vez un recurso de hábeas corpus que, al igual que el primero, fue rechazado, esta vez por el juez federal de Morón, Juan Pablo Salas, y por la Cámara Federal de San Martín. De no haber sido admitido por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal ninguna instancia judicial se hubiera ocupado de cotejar las huellas de Arruga con los cuerpos NN. En cambio, con ese fallo se tuvieron que poner en acción todas las agencias del Estado para llegar a este resultado.
Los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky tomaron en cuenta que los familiares de la víctima “oportunamente denunciaron que policías bonaerenses detuvieron ilegalmente a Luciano Arruga, que tenía 16 años, el 31 de enero de 2009”, y que “existe una relación causal entre la desaparición, hostigamiento constante y amenazas que sufría Luciano desde 2008, principalmente las dos detenciones efectuadas por agentes del destacamento policial de Lomas del Mirador, donde fue severamente golpeado el 22 de julio y el 22 septiembre de 2008”. La familia precisó que “esa persecución comenzó cuando se negó a ‘trabajar’ para el destacamento, cuyos efectivos le habían ofrecido un arma y ‘garantías’ para robar”. El fallo de Casación también tuvo en cuenta las “serias y reiteradas irregularidades en la investigación”: la fiscal Castelli “delegó la investigación en la misma fuerza policial sospechada”, y luego la fiscal Cejas tampoco hizo avance alguno en el expediente. La familia terminó impulsando el jury de enjuiciamiento contra ambas funcionarias y contra el juez Gustavo Banco.
Para Vanesa Orieta y Mónica Alegre aún no hay una respuesta definitiva para su tragedia familiar, que con los años transformaron en militancia contra esa práctica sistemática de la policía de reclutamiento de jóvenes pobres para obligarlos a delinquir. “Recién con las pruebas de ADN voy a cerrar este capítulo, pero habrá que iniciar otro más para saber la verdad”, dijo ayer Orieta sobre la etapa que se abre tras el hallazgo del cuerpo de Luciano Arruga.

Adriana Meyer