Está acusado de varios crímenes de lesa humanidad en Jujuy
Noticia de Casapueblos-AEDD
La ficha que faltaba en Jujuy
Lo buscaban desde hacía tres años. Fue arrestado en Buenos Aires. Está acusado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad en la provincia.
Los organismos defensores de derechos humanos jujeños festejaron públicamente ayer la captura de Juan Carlos Jones Tamayo, un ex miembro del área de Inteligencia provincial del Ejército argentino que aparece como secuestrador o verdugo en la mayoría de los testimonios de sobrevivientes del terrorismo de Estado locales. El “eslabón que faltaba en la cadena del terror de la provincia”, según la identificación de Mariana Alvarez García, integrante de Madres y familiares de ex detenidos desaparecidos de Jujuy, permaneció prófugo durante tres años. Fue detenido en Buenos Aires y recién el jueves llegará a la provincia norteña, en donde será indagado por los secuestros de La Noche del Apagón y en varias otras causas que investigan delitos de lesa humanidad. La agrupación Hijos-Jujuy y la Asociación Jujeña de Ex Presos Políticos (AJEP) informaron ayer de la buena nueva, que en realidad sucedió hace una semana. Jones Tamayo fue detenido en el barrio porteño de Belgrano el 10 de octubre. Integraba la lista de genocidas buscados por el Ministerio de Justicia de la Nación, que prometía recompensar con 100 mil pesos el aporte de datos que ayudaran a dar con su paradero.
Juan Carlos Jones Tamayo llegó a ser capitán del Ejército. Sin embargo, para el momento en que dejó su marca en decenas de sobrevivientes del terrorismo de Estado en Jujuy se destacaba en Inteligencia de la fuerza. Entre 1975 y 1976 fue jefe del sector en el área 323 de la provincia. “Después de (Carlos) Bulacio, fue quien más responsabilidad tuvo en la represión en la provincia”, indicó Eva Arroyo, de Hijos. En paralelo, también aportó al Destacamento de Inteligencia 143, con base en Salta. Se le perdió el rastro entre 1976 y 1980, cuando volvió a la provincia.
El genocida participó de numerosos casos de violaciones a los derechos humanos. Algunos sobrevivientes de lo que se conoce como “La Noche del Apagón”, un operativo de secuestros en Ledesma, el pueblo en donde la azucarera dirigida por Carlos Blaquier –quien no hace mucho fue procesado por ese hecho– es dueña y ama, lo señalaron como quien recibía a los trabajadores del ingenio, militantes y dirigentes políticos del pueblo secuestrados en el centro clandestino de detención conocido como Guerrero. En uno de sus testimonios, Raúl Bartoletti, un psicólogo víctima de aquel operativo, identificó a Jones Tamayo como quien lo golpeó con un látigo de hilos de acero a modo de bienvenida a Guerrero: “Así se recibe aquí”, contó que le decía, mientras tanto.
El represor también está involucrado en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los mineros de la mina El Aguilar y de militantes del PC en la ciudad jujeña de Tumbaya, así como los cometidos contra los dirigentes gremiales azucareros y docentes, todos aún desaparecidos. Cuando llegue a al provincia será indagado por la primera de las causas en la que se lo imputó: el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. Desde Hijos solicitarán que la Justicia dé, luego, prioridad a las causas que ya están elevadas a juicio.
“Era la ficha que faltaba en el rompecabezas de los crímenes de lesa humanidad en Jujuy, es un personaje muy nefasto, de los más crueles de la represión en esta provincia”, lo identificó Alvarez García. Su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar quedó probada en la primera causa por delitos de lesa humanidad que se instruyó en la provincia, la que investigó el asesinato de la maestra Dominga Alvarez de Scurta. El dictamen fiscal de ese expediente, elaborado en 2006, pedía su captura y su indagatoria. Sin embargo, el depuesto juez Olivera Pastor le extendió todo lo que pudo su período de gracia. Para cuando dictó una orden de detención, Jones Tamayo ya no vivía en el domicilio declarado ante la Justicia. En marzo de 2011, la Fiscalía solicitó se lo declarara en rebeldía y en octubre de ese año el Estado lanzó un pedido de captura nacional e internacional.
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