Cambios en el Banco Central

Variados son los temas para comentar las novedades de la política económica de estas horas, y entre ellos destacan los cambios en el BCRA, con designaciones más funcionales a la lógica política emanada desde el Ministerio de Economía.
En los últimos tiempos, la prensa no oficialista daba cuenta de contradicciones entre los titulares del BCRA y de Economía, que terminó en denuncias de la Presidenta sobre informaciones surgidas del BCRA y utilizadas por la banca para sus negocios y rentabilidad. Finalmente renunció Juan Carlos Fábrega, titular del BCRA, quien tenía estabilidad asignada por el Senado durante 6 años, y no alcanzó a cumplir el primero en sus funciones.

Hay equipo

Las nuevas designaciones son movimientos desde el interior del propio gobierno, en lo que aparece un intento por homogeneizar el equipo al frente de la política económica en torno del Ministro. La novedad en el ciclo kirchnerista es la aparición de un equipo en el área de la economía.
Hace mucho tiempo que no se veía un equipo de gestión armado con antelación a la función en el gobierno. Es lo que resulta de la gestión Kicillof. Sus principales colaboradores fueron compañeros de militancia y actividad universitaria antes de la gestión gubernamental, lo que otorga sentido de pertenencia y lealtad a los objetivos propuestos desde el gobierno, más allá de los acuerdos que se tengan de los propósitos y medidas que se adopten.
La afinidad ideológica de un equipo de gobierno constituye un elemento a destacar para un proyecto político en el gobierno, algo que se verificó al comienzo de la dictadura con el equipo de Martínez de Hoz y luego en los 90´ con el equipo de la Fundación Mediterránea liderada por Cavallo.
Con los equipos de Martínez de Hoz (1976-1981) y con los de Cavallo (1991-1996 y 2001) se consolidó una nueva institucionalidad para la liberalización y transnacionalización de la economía local. ¿El actual equipo económico se propone desarmar las condicionalidades pensadas a mediados de los 70´ y construida en los 90´? La política económica puede estar orientada al cambio de la estructura económica y social, o a su mantenimiento y profundización.
El rumbo actual, favorable a la reinserción subordinada en el sistema financiero mundial, vía nuevo ciclo de endeudamiento parece sostener la lógica asociada de deuda pública para la dependencia; del mismo modo que la inserción industrial dependiente de la importación creciente de partes para el armado de productos finales (no solo en automotores); además de mantener un modelo productivo en el agro de subordinación al monocultivo hegemonizado por las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, junto a la búsqueda de inversores externos para la explotación mega minera a cielo abierto y de extracción de hidrocarburos no convencionales con la tecnología depredadora de la fractura hidráulica. Las críticas de las clases dominantes y sus expresiones ideológicas se sustentan en un discurso ortodoxo de no regulación estatal y absoluta libertad de mercado para los sectores hegemónicos, propio de los proyectos que asumieron la liberalización como objetivo asumido.
El nuevo responsable de conducir la política monetaria y crediticia desde el Banco Central es Alejandro Vanoli, más cercano a los propósitos del ministro de economía, quién actuaba desde la Comisión Nacional de Valores, CNV. Con el cambio de titular se completaron designaciones en el BCRA y en la CNV con funcionarios más afines a una orientación de política económica que busca atender desde la homogeneidad ideológica y programática los problemas de la coyuntura. Entre esos objetivos destaca el freno a la perdida de reservas derivados de la atracción inversora por el dólar y las divisas, con maniobras impulsadas desde la banca y el mercado de capitales. Las reservas vienen cayendo desde el máximo logrado en 2011 por 52.000 millones de dólares a los 27.800 millones actuales.

El objetivo es por la disputa de las divisas

Por ello es que la primera medida asumida por las nuevas autoridades del Banco Central promueve una mejora en las tasas de interés para los pequeños ahorristas del sistema financiero y alejar la tentación por la compra de dólares. En simultáneo se amplía de 120.000 a 350.000 pesos la garantía de los depósitos, cobrándole a los bancos una mayor comisión para la cobertura del fondo de garantía de depósitos. La preocupación es que las reservas bajaron de los 28.000 millones de dólares y una continua fuga de divisas complica la situación hacia el próximo periodo, especialmente por las obligaciones de cancelación de deuda y demandas de importadores.
No debemos olvidarnos que en el trasfondo de la coyuntura en estos días está la declaración de desacato del Juez Griesa, formulada la semana pasada, al tiempo que se realizaron los depósitos de los vencimientos de septiembre en la sede local vía Banco de la Nación, como nuevo ente fiduciario para cancelar deuda renegociada en el 2005 y 2010. Es un camino a transitar por lo menos hasta fin de año, fecha de vencimiento de la cláusula RUFO y la posibilidad de negociar y pagar (incluso con más deuda) a los acreedores de la sentencia de Nueva York, los fondos buitres.
El gobierno necesita del ingreso de divisas y por eso la política gubernamental promueve el ingreso de divisas y limita en lo posible la salida de fondos, por ahora con relativo escaso éxito, puesto que la salida de fondos es recurrente. Por eso se intentó eliminar obstáculos al ingreso de capitales, sea con el acuerdo con Repsol, con el Club de París, los pagos de sentencias del CIADI, aun profundizando el cáncer de la deuda pública. Así swe explica también el rápido acuerdo, secreto, con Chevron, y la búsqueda de inversores externos, especialmente para la producción energética, con fuertes expectativas en “no convencionales” (Vaca Muerta) y por ello avanza la modificación a la ley de hidrocarburos. En rigor, la estrategia fue obstaculizada por la sentencia Griesa y los avatares en la Justicia de EEUU.
Pese a todas las señales de pago y los intentos de cierre de conflictos externos, la dominación sistémica exige más señales de subordinación del país a la lógica del capitalismo global.

Señales por la alternativa

A contracorriente de la demanda de las clases dominantes y del accionar gubernamental, existen reclamos desde el movimiento popular para no continuar con las concesiones al poder económico mundial y particularmente en materia de endeudamiento suspender los pagos y avanzar seriamente en la auditoria de la deuda, sobre todo cuando la Ley de Pago Soberano incluyó la conformación de una comisión investigadora con mandato para un informe a corto plazo, en seis meses. Es la primera vez en tres décadas que se formula una propuesta legislativa en ese sentido, lo que supondría invertir el camino de pagar e investigar, por el de auditar primero, por lo que se impone la suspensión de pagos. Nada se conoce sobre la instrumentación de la Comisión investigadora, pero debería sustentarse en la sentencia Ballesteros de Junio del 2000 sobre el endeudamiento en tiempos de la dictadura, que denuncia 477 casos de fraude con asignación de responsabilidades concretas, además de considerar las investigaciones en curso de todos los canjes de deuda con procesos en la justicia.
Un dato relevante en la semana es el reconocimiento del Ministerio de Trabajo de la existencia de dos CTA, con implicancias muy importantes en materia de libertad y democracia sindical, con posibilidad de la CTA Autónoma que dirige Pablo Micheli para participar en ámbitos hasta ahora negados de negociación local y global, sea el Consejo del Salario o las delegaciones argentinas a la OIT, donde se procesan demandas desde hace años a favor de derechos sindicales y salariales de trabajadores en la Argentina, ente otros de estatales y judiciales quienes reclaman por la posibilidad de ser incluidos en las negociaciones de convenios colectivos de trabajo. Hasta ahora solo participaba la CGT oficialista y la ahora denominada CTA de los trabajadores.
La legalización del proceso de la CTA Autónoma, seguido de la fractura política y orgánica de la CTA en 2010 es producto de la lucha de los trabajadores por resolver la representación de un nuevo modelo sindical que vaya más allá de las restricciones de la flexibilidad y precariedad laboral, es decir, de los límites legales y políticos que imponen las patronales y el Estado del sistema capitalista. Al mismo tiempo, el gobierno legaliza un sindicalismo afín con la CTA de los trabajadores, de cara al próximo turno presidencial que puede encontrar al kirchnerismo afuera del gobierno nacional. La de-sindicalización fue un objetivo de la ofensiva del capital a mediados de los 70´ y la CTA fue una respuesta a comienzos de los 90´ para reagrupar la experiencia organizativa y de lucha de los trabajadores. Un proceso que pareció interrumpirse con la subordinación de un conjunto de dirigentes al proyecto del gobierno surgido en 2003. Una parte de la CTA mantuvo el proyecto autónomo de gobiernos, partidos y patrones y consolidó una nueva dirección en mayo de 2014, ahora con una concepción clasista, anticapitalista y antiimperialista, las premisas necesarias para pensar en una alternativa a la situación actual en la Argentina.
En definitiva, los cambios en las autoridades monetarias no son solo modificaciones de nombres y funciones, sino que pretenden orientar la política económica en el rumbo definido por los objetivos gubernamentales, que siguen privilegiando el ingreso de capitales externos, vía inversiones o créditos. La oposición sistémica coincide con los objetivos y descree de las medidas de regulación y por eso aspira a la disputa de la gestión en las próximas elecciones de renovación presidencial en el 2015.
El interrogante es si se puede constituir una lógica alternativa que no se sustente en la dependencia del ingreso de divisas para activar la economía, sino en una estrategia sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo que viabilice una integración no subordinada al orden capitalista. Sabemos que no es sencillo y que requiere de una base social amplia con disposición a confrontar con las clases dominantes y sus mediaciones económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales. No es distinta la encrucijada que atraviesa Nuestramérica en variados procesos electorales que discuten la gestión del capitalismo o la transformación social para la emancipación de los trabajadores y nuestros pueblos. La disyuntiva se define desde el poder popular y la construcción de un proyecto liberador, contra el capital, en defensa de los bienes comunes y por el trabajo asociado sin explotación

Julio C. Gambina