Intimidación y perturbación pública

El papel que mostró el represor al finalizar el juicio sobre los crímenes cometidos en La Cacha.

Los fiscales platenses Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira señalaron que el represor debía ser investigado.

El numerito que pretendió montar el genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz tras la lectura de la sentencia en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en el campo de exterminio La Cacha le salió caro. La unidad fiscal federal de La Plata pidió que el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense sea investigado por los delitos de intimidación pública y perturbación al ejercicio de las funciones públicas, luego de que el represor mostrara un pequeño papel en el que podía leerse el nombre de Jorge Julio López, el testigo de cuya desaparición él es uno de los sospechosos. Los fiscales Hernán Schapiro y Juan Martín Nogueira consideraron que ésa fue la intención de Etchecolatz al exhibir la nota manuscrita ante la lente de los reporteros gráficos. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había exigido a la Justicia que “este acto” sea investigado.
El genocida acababa de recibir una nueva condena a prisión perpetua cuando otro de los condenados, Héctor Acuña, intentó agredir al público que entonaba cánticos. En ese momento se levantó con la intención de entregar el papel al tribunal, pero los efectivos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se lo impidieron. Entonces, los fotógrafos de Infojus Noticias captaron las imágenes, y también la TV Pública.
En la presentación realizada en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Adolfo Ziulu, los fiscales sostuvieron que “la acción desplegada por Etchecolatz tuvo como fin poner en estado de alerta, temor y confusión al colectivo de víctimas y testigos que participan de juicios por delitos de lesa humanidad”. Schapiro y Nogueira analizaron en los videos del Tribunal Oral Federal Nº 1 la secuencia minuto a minuto del paso del genocida por la sala de audiencias el viernes pasado, cuando se leyó el veredicto del juicio por La Cacha, tomada por una de las cámaras ubicada de frente a los acusados. Ahí se lo observa con el papel en la mano en diferentes momentos de la audiencia y cuando intenta acercarse a los jueces pero sin éxito.
“Todo ello ocurrió mientras el imputado estaba en el estrado, junto con otros acusados y efectivos del SPF que lo custodiaban, en una posición en la que cualquier medio periodístico podía captar la secuencia”, señalaron los fiscales la indagatoria del multiprocesado represor, ex mano derecha del genocida Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires. Schapiro y Nogueira detallaron que “fue un hecho público y notorio, lo cual permite suponer válidamente que el imputado Etchecolatz se montó en dicha circunstancia y en la abundante cobertura periodística que tuvo la lectura del veredicto para generar un efecto intimidante y/o perturbar”. Y recordaron que durante el juicio por los delitos cometidos en el denominado Circuito Camps, algunos reporteros gráficos captaron un borrador de una carta abierta que el represor le estaba escribiendo durante el debate a María Isabel Chorobik de Mariani, en la cual intentaba sembrar la versión de que su nieta desaparecida, Clara Anahí, había muerto en el ataque a la casa de sus padres, en noviembre de 1976.
Fuentes judiciales consultadas por Página/12 aclararon que las fuerzas de seguridad, y en ese contexto el entorno de este represor, son una de las líneas de investigación de la desaparición de López, por lo cual no podría haber sido convocado por este hecho en ese expediente.
Etchecolatz fue condenado en 1986 en la causa 44, luego en 2004 por la apropiación de Carmen Sanz, en una causa iniciada por el fallecido legislador socialista Alfredo Bravo. El 20 de septiembre de 2006 fue condenado a prisión perpetua en la causa en la cual el testigo López lo había acusado (estaba desaparecido desde hacía dos días). También provocó incidentes en aquella oportunidad, al igual que al ser condenado, también a prisión perpetua, en 2012 por los crímenes del Circuito Camps, cuando levantó un cartel que rezaba “162 policías muertos, juicio y castigo a la Justicia corrupta”. Todo un estilo, o un modus operandi, podrían concluir quienes ahora lo juzguen en base a la denuncia de los fiscales.

Adriana Meyer