La amenaza de guerra en América Latina ya no es una ficción ante la inminente instalación de siete bases militares de EEUU en Colombia. Y desafía la capacidad política de UNASUR de impedir estos preparativos belicosos en la cumbre de Bariloche, casi un año después de sortear airosamente la crisis de Bolivia, en septiembre de 2008, y a dos meses del golpe en Honduras, cuyo gobierno de facto sobrevive en “stand by” gracias al apoyo encubierto de Washington.
Entre algunos socios de UNASUR predomina el “dejar hacer”, con la visión de que las bases en Colombia son un “asunto interno” del gobierno de Álvaro Uribe.
Las bases militares no son para la paz, definitivamente son para la guerra, y engrosan las 872 instalaciones belicosas que ya tiene EEUU alrededor del mundo. La oposición frontal a las nuevas instalaciones en el sur del continente proviene de Venezuela, Ecuador y Bolivia, mientras Perú, en cambio, expresa su apoyo abierto y procura distraer la atención aireando un poco creíble “conflicto” mediático tripartito con Bolivia y Chile. El resto de los países miembros expresa “preocupación” y “rechazo” con diferentes matices y cierto pragmatismo de Brasil, que no ha desempeñado un rol relevante en esta crisis.
La actual amenaza a la paz latinoamericana resulta la más peligrosa de las tres últimas décadas, desde que la Administración Reagan embarcó a EEUU en la guerra sucia de Centro América, que fue matizada por el financiamiento ilegal proveniente del tráfico de drogas orquestado por el coronel Oliver North y el escándalo “Irán-Contra”. La cuestión de fondo es que la guerra forma parte substancial de la política exterior del imperio estadounidense, bajo cualquier gobierno.
El gobierno y los medios de información de las grandes corporaciones entronizan a diario en la mente de los estadounidenses que la guerra es “natural” para su cruzada perpetua por la libertad, la democracia y el libre mercado. Bush llegó a proclamar “la guerra permanente”, cuando armó el incidente del 11 de septiembre y utilizó mentiras como las “armas de destrucción masiva” para engañar a la opinión pública mundial con una justificación para invadir Iraq y Afganistán. Entonces, todos los grandes diarios de EEUU y del mundo mintieron sin rubor. Y no es relevante que las guerras se ganen o se pierdan, sino que existan y se alarguen el mayor tiempo posible.
La explicación del ánimo guerrero está en el poder real que por medio siglo ejerce en el gobierno federal el llamado “Complejo Militar-Industrial” (CMI), integrado por las mega corporaciones que producen bombas y armas las 24 horas del día, incluidos sábados y domingo. Y esta presión supera cualquier deseo pacifista que pudiera alentar Barack Obama, que ya ordenó extender la guerra en Afganistán y llevarla a Pakistán, mientras mantiene la guerra secreta contra el gobierno de Sudán alimentando a “los rebeldes” separatistas de Darfur para apoderarse del petróleo que acaba de aparecer en esa parte del mundo, al igual que los yacimientos explorados en la selva amazónica del Perú y otros países de América del Sur.
El CMI vende al gobierno federal sus artilugios bélicos, desde las bombas nucleares que fabrica la General Electric, a los “Abejorros Depredadores”, los pequeños aviones sin piloto manejados a control remoto por operarios de la CIA que hoy lanzan su carga mortal sobre civiles y niños “islámicos” de Pakistán y que son fabricados por la General Dynamic. Pero todavía las guerras necesitan “mano de obra”, es decir tropas, o carne de cañón. Y los combatientes de la libertad son reclutados entre los negros y latinos pobres, más algunos jóvenes blancos también pobres, todos sin acceso a la educación ni a un rol laboral en la economía estadounidense. A los jóvenes sin mayor futuro en su propio país se les paga para que vayan a la guerra y resuelvan así la situación propia y de sus familias.
La guerra, de paso, es un gran negocio para EEUU, porque estimula su economía perpetuamente deficitaria y restablece la “confianza” en el capitalismo. Hay crisis financiera, pero no importa, porque los bancos centrales de los países satélites, como Chile, a manera de ejemplo, tienen sus reservas en dólares invertidas en bonos del Tesoro que rinden apenas 1%, pero sirven para financiar la expansión militar del imperio, empeñado en cercar de manera hostil a los principales tenedores de esos bonos sin mayor valor, incluso China. El Pentágono, o ministerio de Defensa, “perdió” 3,4 millones de millones de dólares que se esfumaron durante la administración Bush sin que hubiera ningún culpable, pero ese es un detalle menor, porque el ministerio del Tesoro, o de Hacienda, tiene los dólares de los bonos comprados por países que con ese mal negocio conspiran contra su propia estabilidad futura. Y la Reserva Federal no tiene limitaciones para imprimir billetes, que ya no tienen respaldo en oro.
El Congreso de EEUU tampoco es un “tapón” para el ánimo bélico del gobierno-CMI, que también tiene inversiones en las grandes corporaciones dueñas de medios de información, diarios y televisoras, para dorar la píldora diaria que consume el público estadounidense desinformado. Entre las 25 noticias más censuradas por la gran prensa, el Proyecto Censurado 2009 revela que más de la cuarta parte de los 100 senadores y 435 representantes del Congreso tiene inversiones personales en las compañías proveedoras del Pentágono, cuyas acciones suben constantemente de valor con las guerras. En este negocio bipartidario participan incluso legisladores demócratas y republicanos que presiden o integran comités parlamentarios que “supervisan” los contratos con el ministerio de Defensa de Robert Gates. El principal inversionista, con la mayor cartera, es el senador demócrata John Kerry, quien fue candidato presidencial demócrata en 2004.
El guerrerista Álvaro Uribe es la carta perfecta para soplar los vientos de guerra, aliado incondicional de EEUU a pesar que en 1991 una de las cuatro agencias de inteligencia del Pentágono describió sus actividades ligadas al narcotráfico y las ejecuciones por encargo. Uribe ha sido un activo participante del negocio de la droga, a través del cartel de Medellín, con su amigo Pablo Escobar Gaviria, un capo de la droga que llegó a ser diputado y fue muerto en diciembre de 1993, según un informe secreto redactado en 1991 por la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por su sigla en inglés), que se dedica a recolectar inteligencia militar en el extranjero, y desclasificado en 2004 por el Archivo de Seguridad Nacional, entidad ligada a la Universidad George Washington, que dirige Peter Kornbluth.
En el acápite 82, en la página 10 del documento de la DIA, todavía se puede leer esto: Álvaro Uribe Vélez – Un político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín desde altos niveles del gobierno. Uribe fue vinculado a los negocios que involucran las actividades de narcóticos en EEUU. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un amigo personal muy cercano de Pablo Escobar Gaviria. Ha participado en las campañas políticas de Escobar para que Jorge (Ortega) ganara la posición de parlamentario auxiliar. Uribe ha sido uno de los políticos que de todas formas más atacó desde el Senado los tratados de extradición”. Si no lo creen, vean http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/ y http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB131/dia910923.pdf
Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)
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