El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió admitir los fondos derivados de la sociedad YMAD, pese al rechazo de estudiantes, docentes, organizaciones sociales, políticas y el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien envió un informe sobre la situación vivida en la casa de altos estudios.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aceptó recibir esos fondos manchados de sangre.
Sólo hubo tres votos en contra y una abstención. Diversas alternativas a la aceptación de los fondos ni siquiera fueron sometidas al voto. Entre ellas, un consejero estudiantil pidió que se organice un debate público incluya también a miembros de la sociedad civil: organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ambientalistas, asambleas ciudadanas y poblaciones afectadas.
Todo ocurrió el miércoles, cuando se reunió el Consejo Superior de la UBA presidido por el rector Rubén Hallú. Uno de los temas a tratar era la incorporación al presupuesto de la suma de más de 3,4 millones de pesos, fondos provenientes del emprendimiento minero Bajo La Alumbrera, de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), ubicado en la provincia de Catamarca.
En una carta enviada el 10 de junio de 2009 al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a los rectores de todas las universidades nacionales, el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pidió que se rechacen “esos fondos millonarios, por el hecho de que provienen de una actividad destructiva y contaminante, que genera cada día más violaciones a los derechos humanos de las poblaciones aledañas al mega-emprendimiento”.
Si bien esta distribución de utilidades líquidas y realizadas de YMAD se hace conformemente a la ley 14.771, el espíritu de esa norma sancionada en 1958 fue totalmente alterado por la reforma de su artículo 5 durante la última dictadura militar.
Además, la empresa Minera Alumbrera Ltd. que explota el yacimiento está actualmente procesada por delito ambiental por la Cámara Federal de Tucumán, imputada por tráfico documental y exportación ilegal de metales, contrabando de oro, uranio y torio, e investigada por lavado de dinero.
Por todas esas razones, repudiamos fuertemente la decisión tomada hoy por el Consejo Superior de la Universidad, de aceptar ese dinero manchado de sangre. Sólo hubo tres votos en contra (de Federico Schuster, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y de los dos consejeros estudiantiles presentes, Mariela Solesio y Mariano Blumenfeld), y una abstención (de Pablo Pazos, representante de los graduados).
Con esta decisión, las autoridades de la UBA prefirieron recibir fondos generados por una actividad que perjudica gravemente a las condiciones de vida de las poblaciones de varias provincias del norte argentino, en lugar de pronunciarse en defensa del interés del pueblo como debería hacer toda institución pública.
Más grave aún, el Consejo Superior se rehusó a todo debate abierto.
Por votación, se le negó la palabra a mi asesora que había ido a la reunión en representación mía, con la intención de informar al Consejo Superior sobre diversos aspectos relacionados a esta explotación minera, y presentar los argumentos en contra de la aceptación de ese dinero. También estaban presentes miembros de asociaciones estudiantiles y jóvenes investigadores de la UBA que tampoco pudieron hablar.
Por otro lado, cabe destacar que incluso los consejeros a favor de la aceptación de los fondos reconocieron que se necesitaba ampliar las informaciones acerca del impacto provocado por esa empresa minera, principalmente en cuanto a la contaminación ambiental que provoca.
Varios pidieron que la resolución vuelva a la comisión de presupuesto (proposición rechazada por 13 votos contra 9).
El decano de la Facultad de Ciencias Sociales propuso que se crease una comisión formada por investigadores de las distintas disciplinas, ya que la mega-minería afecta todos los aspectos de la vida del pueblo.
A través de la voz del consejero estudiantil, ampliamos la propuesta de Federico Schuster pidiendo que se organice un debate público, y que de formarse dicha comisión, que su composición incluya también a miembros de la sociedad civil: organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y ambientalistas, asambleas ciudadanas y poblaciones afectadas. Esas diferentes alternativas a la aceptación de los fondos ni siquiera fueron sometidas al voto.
Esta actitud de la gran mayoría de los miembros del Consejo Superior es altamente condenable. Recordamos que las universidades públicas deben actuar en defensa del bien público y estar al servicio de los ciudadanos. Las universidades públicas, y sobre todo una de gran renombre como es la UBA, tienen el deber de abrir sus puertas al debate de tales temas de suma importancia, para definir el modelo de país que queremos.
Reiteramos nuestro fuerte repudio a la aceptación de los fondos de YMAD por parte de la Universidad de Buenos Aires, y condenamos la actitud de su Consejo Superior de negarse al debate.
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Universidad Nacional de Salta. Una facultad salteña rechazó los fondos de la minería
Explicó que no podía avalar el ingreso de dinero proveniente de una empresa que genera “daños sociales, ambientales, económicos y políticos”.
"No queremos que la universidad sea cómplice de la depredación ambiental y social. Aceptar los fondos de la Alumbrera es encubrir y avalar este eco-genocidio", expresó Miryam Pagano, consejera estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.
Por su parte, el presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente, Raúl Montenegro, consideró “poco ético recibir dinero teñido de sangre y degradación ambiental”.
“Las universidades públicas no pueden desconocer que las tres empresas que administran Alumbrera -Xstrata Copper, Goldcorp Inc y Yamana Gold- han violado derechos humanos y deteriorado el ambiente, y dejan peligrosos pasivos ambientales", sostuvo Montenegro, impulsor de un rechazo similar en la Universidad de Córdoba tiempo atrás.
El presidente del Centro de Estudiantes de Humanidades, Arturo Borelli, sostuvo que "aceptar los fondos de la Alumbrera desnuda también la grave crisis presupuestaria que vive la universidad, pero la solución no es aceptar dádivas sino luchar por la triplicación del presupuesto sobre la base de no pagar la deuda externa ni subsidiar a empresas genocidas como La Alumbrera que, al día de hoy, recibe más fondos por parte del Estado que los que deja en el país".
"La plata que recién después de 10 años se dignó dar Alumbrera a las Universidades es parte de una política de legitimación de la empresa. Mientras es denunciada por científicos y juzgados federales, destruye el ambiente de manera irreversible y fuga capitales al exterior, intenta sobornar a la población con obras menores y limosnas para la universidad para callar voces críticas en su contra", sostuvo Elvio Reartes, Secretario de Antropología en el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta.
En el Artículo 1°, la Facultad de Humanidades decidió "repudiar públicamente los daños sociales, ambientales, económicos y políticos que ocasionan los Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y el modo extractivo a cielo abierto".
YMAD, Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, había transferido 50 millones de pesos de sus beneficios a unas 40 Universidades Nacionales en 2008. Lo hizo en el marco de la Ley Nacional 14.771.
Este año el monto alcanza los 36,8 millones de pesos "pero Adolfo Pérez Esquivel, nosotros y muchas otras personas e instituciones hicimos conocer las decisiones que tomó el Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, y se desató el escándalo. Muchas universidades querían recibir esos fondos en silencio aunque vinieran de una empresa minera que violó derechos humanos y degradó el ambiente, y cuyo vicepresidente está procesado en la Justicia Federal", indicó Montenegro.
Alumbrera es explotada por una unión transitoria de empresas integrada por YMAD (Yacimientos Mineros Agua de Dionisio) y Alumbrera Limited.
Minera Alumbrera Limited "opera desde 1997. Consume 4 millones de litros de agua por hora, es decir más de 65.000 litros de agua por minuto. Según el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad, la mina consume el 25% de la energía eléctrica suministrada a la Región del NOA y el 87% del consumo total de la provincia de Catamarca", señaló el Dr. Raúl Montenegro. Agregó que "ya en 1999 se detectaron drenajes ácidos mineros desde Alumbrera. Estos drenajes son la peor amenaza de la minería. No solo aumentan el contenido de sulfatos sino que solubilizan metales pesados y facilitan su dispersión aguas abajo".
FUNAM informó que la mina "no solamente contamina en Catamarca sino que ha exportado su contaminación a Tucumán, donde llega el mineraloducto de 316 kilómetros de largo. Allí el concentrado de mineral es secado, y los líquidos residuales se vuelcan al canal DP2 que descarga sus aguas en el río Salí y por lo tanto en el Dique Frontal de Río Hondo en Santiago del Estero".
La planta descarga gran cantidad de residuos sólidos con metales pesados y otras sustancias tóxicas.
Juan González, ex director de Ambiente del gobierno de Tucumán, indicó cada hora llegan a Tucumán "más de 70.000 Kg de material sólido, equivalente a 70 toneladas por hora. Este material sólido, con todos los contaminantes químicos asociados, se deposita en el fondo del canal DP2 y eventualmente en el dique de Termas de Río Hondo. Se debe aclarar que en estos sólidos también estarían incluidos elementos que nunca se han analizado, como tierras raras y radiactivos".
Fuentes: FUNAM y RENACE
No a la Mina | Agencia Walsh
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