El terror como política sanitaria

En los años previos al golpe, el Hospital Posadas había iniciado un proceso de inserción en los barrios empobrecidos de la zona.

La historia detrás del copamiento militar del Hospital Posadas, en 1976.
Por Laureano Barrera

lesahumanidad@miradasalsur.com

Las escenas de horror cotidiano se repiten, más o menos descarnadas, cada vez que la crónica en estas páginas recrea la crueldad desatada por la última dictadura militar. Pero la invasión del Policlínico Alejandro Posadas, en Haedo, al clarear el 28 de marzo de 1976, no fue un operativo más: camiones militares, tanques de guerra, helicópteros, y un número inestimable de soldados con granadas y fusiles, asaltaron el hospital con violencia, tomando rehenes y secuestrando a varios trabajadores previamente marcados. Comandaba el despliegue el general Reynaldo Benito Bignone: esa mañana, sus hombres sumergieron a los barrios humildes de Ramos Mejía en una versión suburbana y muy terrenal del Apocalipsis.
“En el hall central había una fila larga de todo el personal y otra fila larga que entraba al hospital. En ese momento vimos entrar al hospital a un militar que luego vi en fotos y supe que era Bignone”, declaró ante la Justicia Lidia Cristina Albano, una residente de pediatría que esa mañana estuvo secuestrada cuatro horas en su consultorio. Las listas negras, según documentos de inteligencia desclasificados en la causa, habrían sido provistas por civiles de la sección Personal.
Bignone dirigió en persona el operativo más arriesgado fuera de su escritorio, donde debió usar –por única vez– su ropa de combate y llevó armas cortas cruzadas en el cinto. “Basándome en información de Inteligencia dispuse intervenir y revisar militarmente el hospital Posadas (…) La operación se llevó a cabo sin novedad. Si hubo detenciones, éstas fueron escasas, con fines identificatorios y con la libertad inmediata de los afectados”, escribió Bignone 16 años después en su libro El último de facto. Pero las “detenciones escasas” de su “revisión militar” terminaron, ese día y los tres siguientes, con el secuestro ilegal de unos 40 “peligrosos” enfermeros, camilleros y médicos, que fueron llevados a dependencias de la Policía Federal o penitenciarias y permanecieron en cautiverio entre 5 días y 9 meses. Fue nombrado interventor Agatino Di Benedetto.
El Posadas estaba marcado hacía tiempo. El 14 de junio de 1973, a una semana de la masacre de Ezeiza, la asamblea del hospital inició una toma pacífica y forzó el nombramiento como director de Julio Rodríguez Otero, en reemplazo de un colaborador de la dictadura de Lanusse. Su gestión inició un proceso de inserción en los barrios empobrecidos de la zona: se organizaron eventos deportivos, programas masivos de vacunación, de educación sanitaria y saneamiento ambiental, y se abrieron a la participación de líderes de manzana las Mesas de Trabajo internas del hospital.
En esas jornadas, el batallón 601 de Inteligencia comenzó un informe sobre el proyecto social del Posadas, espantado por el pujo hacia “un nosocomio de puertas abiertas” a la comunidad, opuesto “a la idea de un centro de investigación de elite”, como los trabajadores caracterizaban entonces al policlínico. Nacía, tres años antes del golpe, la eficaz “información de inteligencia” que utilizaría Bignone para intervenir el hospital: versiones de postas sanitarias clandestinas para el ERP y Montoneros y depósitos de armas en la morgue. Pero en la causa judicial, el juez federal Daniel Rafecas concluyó que esas versiones “no pudieron ser confirmadas” por los propios espías del Primer Cuerpo de Ejército.

Un Swat devaluado.

“En mi piso no tocás a los pacientes ni decidís sobre los acompañantes”, le espetó Gladys Cuervo, la enfermera encargada de la planta, al hombre torvo que se paseaba por los pasillos desde noviembre del ’76 con el fusil colgado al hombro, y había sido denunciado por abuso deshonesto de una empleada del hospital.
–Soy el supervisor de seguridad de la Guardia Interna –le contestó Juan Copteleza, refiriendo al grupo Swat que él integraba–.
–Para mí sos un matón a sueldo –le dijo Gladys–.
Juan Máximo Copteleza, cuya prisión preventiva fue ratificada el martes pasado por la Cámara de Apelaciones, es uno de los imputados del juicio oral por los crímenes del Posadas –elevado a esta instancia en diciembre de 2008– que sustanciará el polémico Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) de Capital. Copteleza era el supervisor general de una veintena de sicarios que formaban la guardia blanca propia que el ex coronel médico Ricardo Esteves, con ínfulas feudales, había solicitado para su nosocomio, para repeler un ataque villero o montonero.
Ellos mismos se habían bautizado “los Swat”, como las fuerzas especiales de la serie norteamericana, pero no eran más que una patota de policías y coroneles retirados y agentes civiles que infundían el terror con el paraguas pseudolegal de un nombramiento del ministerio de Bienestar Social como guardias de seguridad. Incluso habían sido autorizados por una resolución ministerial a la portación de armas de fuego. El mando era de Ricardo Nicastro, un subcomisario retirado de la Federal. Sus hombres se paseaban con las itakas hasta cuando almorzaban, en el comedor del hospital.
Después de varios cruces con Copteleza, una tarde de noviembre de 1976 Gladys Cuervo fue secuestrada en el propio hospital y conducida al segundo piso del chalet, una construcción en el patio que había reacondicionada con la llegada de los halcones intrahospitalarios como centro de torturas. Estuvo una semana tirada en un placard. Luego la llevaron a una habitación donde la quemaron con cigarrillos y encendedores, le aplicaron picana, submarino y otras torturas. Fue liberada 56 días después desde una brigada de la Fuerza Aérea. Vio allí al médico Jorge Roitman –que permanece desaparecido–, desangrándose luego de que le introdujeron un palo en el ano, y a Jacqueline Romano, que fue liberada luego de una semana de torturas.
Los Swat secuestraban en pleno día dentro del hospital, o raptaban a los médicos por la noche de sus casas y se los llevaban tabicados. La Conadep probó que once trabajadores del hospital están desaparecidos. Se sospecha que fueron más. Muchos fueron torturados salvajemente en el chalet. Los sobrevivientes testificaron que los matones fueron detenidos en un procedimiento de la Fuerza Aérea en 1978, por una interna entre las fuerzas, y el centro fue desmontado.