La Argentina paga por intereses de la deuda externa ilegítima 3.400.000 pesos por hora. Aunque de eso no se habla, los gobernantes de turno abonan sin chistar agigantando una bola de nieve que incrementa ilegal e injustamente la hipoteca social existente y coloca un candado a la posibilidad de desarrollo nacional autónomo, integral y sustentable.
El Gobierno prevé este año el pago de unos 8 mil millones de dólares en concepto de ¿servicios? de la deuda externa que, multiplicado por el precio del dólar a valores de julio, equivale a una suma aproximada de 83,3 millones de pesos diarios. Resolver el pago de 30.400 millones de pesos anuales solamente para saldar intereses, constituye una afrenta a la Nación castigada por el hambre, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el saqueo de sus bienes naturales.
El problema de la deuda externa ilegítima no figura en la agenda de debate político. Incluso, en la reciente campaña que desembocó en las elecciones parlamentarias del 28 de junio, salvo honrosas excepciones, la mayoría de los candidatos no discutió el tema y, por el contrario, se manifestó proclive a no innovar en la materia.
Desde la dictadura militar hasta nuestros días, los que gobiernan se llenan la boca afirmando que el país “va a honrar los compromisos contraídos con nuestros acreedores” para garantizar la “seguridad jurídica” de los inversionistas. Pretenden imponer la idea de que es políticamente correcto recaudar recursos internos para pagar las deudas contraídas con el exterior. Abonan la teoría del “Estado bobo”, que siempre tiene que pagar sin importar los motivos, sin discutir, informar, ni buscar responsabilidades.
La deuda externa de los países de América Latina y el Tercer Mundo está catalogada de odiosa e ilegítima precisamente porque sus pueblos no saben cómo, porqué y con quiénes se contrajeron esos compromisos que, para el destino de nuestras naciones, es algo así como arrojarse al mar con botas de cemento. Un suicidio.
Lo primero que hay que honrar es la mayúscula e inmoral deuda interna, para que la mayoría de la población pueda zafar del cepo de indignidad al que es sometida por los grupos de poder que siguen medrando con la expoliación de nuestras riquezas y la fuga de capitales.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, elaborado a partir del ranking que elabora la revista Mercado con las 200 empresas que más facturan en la Argentina, indica que, entre 1997 y 2007, la cantidad de compañías extranjeras pasó de 104 a 128. Como consecuencia, su participación dentro de la facturación total de ese grupo pasó del 65,5% al 77,3% en esos diez años. El informe concluye que se profundizaron la concentración y la extranjerización y, por consiguiente, empeoró la distribución del ingreso.
Las ganancias extranjeras alcanzaron el año pasado los 7.418 millones de dólares, un récord histórico. Las empresas de capital extranjero giraron utilidades y dividendos a sus casas matrices o a sus accionistas radicados fuera de la Argentina por 3.552 millones de dólares el año pasado, casi el doble que en 2007 y el mayor monto desde, por lo menos, 2003. La información consta en el balance cambiario que elabora el Banco Central.
En 1975, durante el gobierno de María Estela de Perón, la deuda externa ascendía a 7.800 millones de dólares, cifra que trepó a 45.100 millones al retirarse la dictadura militar en 1983. Al finalizar el primer turno de gobierno democrático de Raúl Alfonsín, la deuda era de 65.300 millones de dólares; al cabo de dos períodos de Carlos Menem, en 1999, se situaba en 120.000 millones, monto que Fernando De la Rúa incrementó en 2001 a 146.219 millones de dólares.
Aunque no existen datos oficiales fiables, puede aseverarse con alguna certeza que, pese al pago al contado de casi 10 mil millones de dólares al FMI realizado en enero de 2006 por la administración de Néstor Kirchner, la deuda externa actual bajo el gobierno de Cristina Fernández supera los 180.000 mil millones.
El aumento incesante del endeudamiento externo no es ajeno al proceso de concentración y desnacionalización de la economía. Después de tanta ignominia, ya es hora de pueblo.
Juan Carlos Giuliani, Secretario de Comunicación y Difusión de la CTA.
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