La Unión Europea abre las puertas a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros, grandes y pequeñas, coticen o no en la bolsa. El Estado pasaría a tener una participación en el capital de las empresas.
Estamos frente a un giro respecto de la política que la Comisión Europea venía sosteniendo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.
Lo que explica este cambio es que el colapso ha terminado por superar holgadamente los primeros pronósticos. Estamos frente a una insolvencia de las empresas que se viene extendiendo con una velocidad sin precedentes y plantea la amenaza de una quiebra en cadena.
Una de las cosas que no puede pasar desapercibida es que quienes vienen motorizando este nuevo esquema son las naciones líderes, empezando por Alemania y Francia. Esto nos da una medida del alcance del derrumbe de la economía europea y -agregamos mundial- que están ingresando en una depresión, sólo comparable con el crack del ’29. La crisis financiera de 2008 fue severa pero no llegó tan lejos y afectó especialmente al eslabón más débil de la economía europea. Ahora ha estremecido a las principales economías del continente y está en juego la sobrevivencia de corporaciones estratégicas.
Este proceso de salvataje ya ha comenzado sin esperar la aprobación de la nueva normativa. Italia, junto a España, uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia.
El ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, lo llamó “bazuca”: 200.000 millones de euros en garantías del Estado que el banco público KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau -Instituto de Crédito para la Reconstrucción) ha puesto a disposición de las empresas en crisis por culpa del coronavirus, más otros 400.000 millones en avales. Adiós al schwarze null (rigor fiscal): Alemania ha dispuesto un programa de liquidez garantizada de hasta 1.000 millones de euros para cualquier empresa que terminara 2019 sin números rojos pero que haya resultado perjudicada por el coronavirus. El gobierno de Angela Merkel prevé que soliciten las ayudas unas 100.000 empresas. En cualquier caso, las patronales ya han pedido al Ejecutivo de Berlín que la garantía ascienda al 100% del préstamo e incluso que se les exima de devolverlo. También ha acudido al rescate de dos de las principales marcas de ropa deportiva del planeta, Adidas y Puma.
Por su parte, Francia, que ya es accionista de referencia en empresas clave de diferentes sectores estratégicos, como las energéticas Engie y AA, la teleco Orange, la automovilística Renault o la aerolínea Air France-KLM, ha reiterado que hará lo que sea preciso para salvaguardar a sus empresas más emblemáticas. La expansión de la epidemia no solo hundió en la tormenta a las pequeñas empresas sino también a los grandes grupos. Los gigantes de la industria automóvil, Renault y PSA (Peugeot), enfrentan serias dificultades, mientras Air France-KLM suspendieron la casi totalidad de sus actividades. Las capitalizaciones bursátiles sufrieron un serio repliegue y las caídas en las ventas de automóviles registraron niveles de hasta el 80% el mes pasado.
Una tendencia que abre el apetito de ciertos fondos de inversión extranjeros. Aquí mete la cola la guerra comercial, pues se abre el terreno para absorciones hostiles de las empresas europeas por parte de la competencia foránea. Esto incluye la amenaza que viene de las corporaciones norteamericanas, pero también de China. Por lo pronto, los países europeos han comenzado a dar marcha atrás con los compromisos para la instalación del sistema 5G en el continente por parte del gigante asiático. Las nacionalizaciones representan una acción preventiva para neutralizar ese riesgo.
La nueva normativa prevé que las naciones compren las acciones de las empresas en aprietos a precios de mercado, lo cual es engañoso, pues la decisión del Estado implica automáticamente una revaluación del capital corporativo que, sin ese socorro, se hubieran desplomado hasta llegar a precios de remate. El Estado apuntala una valorización ficticia de empresas con una inyección de fondos públicos sideral que es el que se sustrae y se niega a la hora de hacer frente en todos los planos la crisis sanitaria, económica y social. Si se examinan las ayudas que se han puesto en marcha, se advierte que los recursos destinados a la población más afectada (asalariados, precarizados, autónomos y cuentapropistas que están privados de ingresos a partir de la extensión de la pandemia) son residuales o marginales en relación con los que se aplicaron al salvataje empresario.
Viene al caso señalar que la emergencia del Estado no es inocua respecto de las condiciones laborales, pues va de la mano con avances en la flexibilización de las condiciones de trabajo e incluso de rebajas salariales. Ni siquiera se garantizan los puestos de trabajo. Las primeras víctimas son los trabajadores contratados y tercerizados, que se extiende, luego, a la planta principal, muchas veces en forma encubierta con retiros voluntarios. No se nos puede escapar que la crisis en curso, potenciada por la pandemia, es utilizada por las patronales europeas para avanzar en una reforma laboral en regla, que empieza, en muchos casos, aplicándose a través de convenios por empresa o gremio.
Esta racionalización es el punto de partida para luego proceder a una reprivatización de las empresas, una vez hecho el saneamiento a medida de las exigencias de los capitalistas. La Comisión Europea ha sido clara que la intervención del Estado sólo va a concretarse a pedido de los accionistas y que dicha participación tiene un alcance transitorio hasta que la situación se normalice y se recupere la empresa. “La Comisión advierte de que la presencia pública en el capital debería ser una opción de ‘último recurso’ dado su carácter ‘altamente distorsionador de la competencia entre empresas’. Bruselas también aboga por una permanencia temporal, lo más corta posible, del Estado como accionista”.
Disputas
Pero no todo lo que reluce es oro. En lo que se refiere al nuevo esquema, dista de haber una homogeneidad. Importa señalar que los fondos para este salvataje deben ser puestos por cada nación por cuerda separada.
Esto no es del agrado de España, pues quedaría relegada en la competencia desde el momento que no cuenta con los recursos ni la capacidad financiera de los países más poderosos. España, junto al pelotón de las naciones más frágiles, es partidaria de una respuesta a escala europea. La emisión de eurobonos, o coronabonos, respaldada por un fondo común de la Unión Europea, sin embargo, fue rechazada por Alemania, Holanda y las naciones más sólidas económicamente.
Alemania, Francia e Italia buscan ahora un margen mayor para recapitalizar a sus empresas sin pasar por el filtro de Bruselas, que fija en 100 millones de euros el umbral a partir del cual deben notificarse las inyecciones de capital en empresas individuales. Mientras que gobiernos como el francés defienden un incremento sustancial de ese techo, el Ejecutivo español no solo pide reducirlo aún más, sino también endurecer los requisitos para que las empresas accedan a la recapitalización.
Persiste, por lo tanto, una disputa por los fondos, por más que se pretenda exhibir un consenso y armonía que no existe. Los nuevos anuncios no disipan las violentas tensiones que se viven en el seno de la Unión Europea. Alemania no quiere asumir sobre sus hombros el costo del rescate de las naciones más débiles. No se priva de utilizar la emergencia actual para avanzar en una penetración y colonización mayor de las naciones del sur del continente. Ni qué hablar que estos enfrentamientos echan leña al fuego a las tendencias cada vez más agudas a la desintegración de la Unión Europea.
Perspectivas
En la crisis de 2008, la asistencia financiera se concentró en los bancos. Ahora el salvataje está dirigido a las empresas industriales y comerciales, pero eso no significa que el sistema financiero quede inmune. Por el contrario, está la amenaza latente de que este último sea arrastrado por el torbellino de la crisis mundial capitalista. Por lo pronto, el primer candidato en la materia podría ser la banca italiana, que cuenta con una elevada cartera de incobrables y morosos, que se ha multiplicado sensiblemente a partir de la pandemia. Por otro lado, la envergadura de la crisis en curso excede la capacidad de los Estados para hacerle frente, con lo cual no se está en condiciones de impedir un escenario de quiebras, aunque se lo está intentando neutralizar. Probablemente, asistamos en breve plazo -y ya está ocurriendo- a un encarecimiento del costo del endeudamiento de los eslabones más débiles de la cadena. El anuncio de la calificadora Moodys de bajarle la calificación a la deuda italiana es un anticipo de lo que se viene. La emisión del Banco Central Europeo no puede ser ilimitada y ya la ayuda de la Unión Europea, como acabamos de describir, dista de ser una canilla libre. Aún así, la emisión del BCE ya es gigantesca, de modo tal que no se podrá evitar una desvalorización el euro, que está llamado a provocar un descalabro en las relaciones económicas internacionales, en la medida que la divisa europea es reconocida como uno de los medios de pago a escala global.
A la política de rescate del capital a expensas de los trabajadores, que se pretende llevar adelante con los fondos públicos, es necesario oponerle las nacionalizaciones sin pago de la banca y de las corporaciones, garantizando la continuidad de su funcionamiento bajo control y gestión de los trabajadores, de modo tal de centralizar el ahorro nacional y los principales recursos y palancas estratégicas de cada país al servicio de las necesidades populares y de las prioridades que plantea la actual emergencia. Un planteo transicional que cobra especial relevancia en la actual coyuntura, como un aspecto de la lucha por la unidad socialista de Europa, a partir de gobiernos de trabajadores en todo el continente.
Pablo Heller
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