La marcha de la reestructuración de la deuda.
En relación a la negociación de la deuda con los bonistas hay tres cuestiones sobre las cuales no hay dudas: el gobierno tiene voluntad de llegar a un acuerdo, el kirchnerismo -y la propia CFK- juega un papel activo para ello y el conjunto de la burguesía (y sus partidos), la Iglesia, la burocracia sindical y, por supuesto, el FMI están presionando para que se concrete.
Sobre las consecuencias de este acuerdo mucho no se dice, es más, se oculta lo fundamental para dejar pasar la idea de que llegar un acuerdo es un beneficio para todos (capitalistas y trabajadores).
El acuerdo que se perfila
En principio el gobierno pasó de la “bravuconada” de que el 8 de mayo era el último plazo para aceptar o rechazar su propuesta a extenderla al 22 y su disposición a escuchar ofertas. Luego Guzmán fue más explícito y declaró al diario El País de España "queremos convertir a la Argentina en un buen deudor que pueda hacer frente a sus compromisos", y agregó: “trabajaremos hasta lograr un arreglo". Mayor explicitación de la voluntad de pagar una deuda, que según el gobierno es impagable y fue destinada a la fuga de capitales, es difícil de conseguir.
Convertirse en un “buen deudor” implica que el gobierno no pretende romper con los acreedores sino prolongar la relación. Es que la renegociación de la deuda con los bonistas está colocada en el interés de volver a propiciar un ciclo de mayor endeudamiento que viene acompañado de la consiguiente confiscación de la Argentina. Lejos ha quedado la política del “desendeudamiento” que fue bandera del kirchnerismo y con la cual metió sus manos en las cajas del Banco Central y la Anses, colocándolos al borde la quiebra.
Ahora bien, ¿sobre qué base se llegaría a un acuerdo? En principio, según los trascendidos, uno de los grupos de bonistas de peso en la deuda argentina, Greylock, habría acercado una propuesta que consistiría en adelantar en un año el pago de capital (2025 contra 2026 de la propuesta de Guzmán) aceptando el recorte del 5% del valor nominal (a lo que vale 100 se le reconoce 95) pero capitalizando los intereses pendientes hasta el 15 de mayo. El valor presente -valor que tiene al día de hoy- en la propuesta de Guzmán sería, promedio, de 39,97, los acreedores lo colocarían en 57,48%. El otro aspecto es que la oferta, que el gobierno estaría evaluando, le plantea comenzar el pago de intereses el año que viene y no en 2023 como quería Guzmán.
La diferencia entre la propuesta oficial y la de los acreedores está expresada en que “los expertos calculan que esta contraoferta supone para el Tesoro un ahorro de 23,6 miles de millones de dólares entre 2021 y 2030. La de Guzmán está en un rango de 42,4 miles de millones de dólares. En el total de la deuda, es decir, entre 2021 y 2117, el menú atribuido a Humes prevé un recorte de 12,1 miles de millones, y el de Guzmán, uno de 37,8 miles de millones” (La Nación, 15/5).
El resto de los grupos poderosos de bonistas (Blackrock, Templeton, Fidelity, Pimco y Gramercy) entrarán a tallar y ahí habría una oferta final.
Lo concreto es que el gobierno está dispuesto a entregarse a los bonistas en lo esencial. Luego de haber ido a buscar el apoyo de los “líderes mundiales” (Macron, Netanyahu, Merkel, etc.), Guzmán recibió el desplante del Club de París. Todos los apoyos que el gobierno ha recibido, tanto externos como internos, lo empujaron a ceder más, es decir, a buscar un acuerdo sobre la base de aceptar los requerimientos de los acreedores.
El gobierno mira impávido las maniobras y apretadas que le hacen para forzarlo a ceder aún más. Cuando a los funcionarios les preguntan qué hacer frente a la escalada del dólar, además de titubear medidas técnicas inocuas que ni siquiera se ponen en marcha, la minimizan o justifican señalando que es la consecuencia de las negociaciones de la deuda como si fuera gratuito que el dólar blue llegue a $ 140. La impotencia es una definición de la disposición a la entrega.
Las “garantías” del acuerdo: un ataque a fondo a los trabajadores
En esta política el gobierno actúa bajo la supervisión política del FMI con el cual tiene que acordar las “garantías” del acuerdo, o sea, la capacidad de pago. ¿Cuáles son estas? Proceder a un “ajuste” en regla.
La modificación del régimen previsional de conjunto está en la primera línea. La eliminación de la actualización de los haberes jubilatorios, medida impulsada por AF al asumir el gobierno, se colocó en el terreno de proceder a una reforma previsional que establezca una jubilación de asistencia, el aumento de la edad jubilatoria y la apropiación definitiva de los fondos de los trabajadores (Anses); en el camino también está la liquidación de los regímenes provinciales y especiales.
La pandemia ha sido usada para ir a fondo contra el salario, que es otro de los requisitos que pone el FMI. El acuerdo CGT-UIA-Came y el gobierno están colocados en este objetivo. Un sector al que apunta el Fondo es a los trabajadores estatales, a sus salarios y a su estabilidad. Melconian y Nadin Argañaraz,economistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Iaraf, se han colocado a la cabeza de una campaña en ese sentido, pero la “reforma del Estado” ya empieza a plantearse en las provincias. Es el caso de Catamarca -allí, la mayoría de los trabajadores son empleados públicos- donde se mandó un proyecto a la legislatura que abre el camino para los despidos, el cierre de dependencias y el traslado del personal, a la par de una modificación del Estatuto Docente. En términos más generales la pandemia también ha servido para avanzar en una reforma laboral de hecho. El FMI actúa como celestino para abrochar el acuerdo a costa de las condiciones de vida de los trabajadores. De hecho se está gobernando con el presupuesto que Macri redactó con el FMI en 2019, lo cual después de un 50% de inflación es un colosal ajuste, solo alterado por las urgencias de la pandemia.
AF y CFK a la cabeza de las negociaciones
Los planteos que han señalado que entre Cristina Fernández y Alberto Fernández habría una división en torno a la negociación de la deuda están desmentidos por los hechos. La hipótesis es que Cristina representaría el ala “bolivariana” (aunque recordemos que Maduro es pagador serial), dura, que rechazaría la negociación y AF el ala conciliadora del gobierno. Sin embargo el kirchnerismo es un sostén del gobierno de AF. Cualquiera que haya escuchado el discurso de Máximo Kirchner en el Congreso en la primera sesión virtual habrá tomado nota del apoyo explícito, pero hay más. El kirchnerismo retiró del temario legislativo su proyecto de un (limitadísimo) impuesto a las grandes fortunas para no perturbar las negociaciones con los acreedores.
Los contactos con el grupo más poderoso de los bonistas, Blackrock, que haría su oferta, vienen del lado del kirchnerismo “duro” y la propia CFK. Miguel Galuccio, expresidente de YPF, tendría contacto directo con Larry Fink -el capo de Blackrock- y es el que lo acercó a la negociación. Fink tiene una inversión -menor- en la empresa de Galuccio (Vista), pero además tiene una ligazón muy estrecha con la Reserva Federal de EE.UU. Por ese lado podría venir un aval, y apriete, del Departamento de Estado a la negociación.
Es reconocido que el ministro Guzmán es un hombre muy ligado a CFK, con la cual mantiene un contacto estrecho, es decir, que hay un monitoreo directo por parte de la Vicepresidenta de la acción del Ministro al cual se lo sostuvo al frente de las negociaciones contra viento y marea.
El acuerdo con los fondos tiene el propósito de abrir un nuevo ciclo de endeudamiento (el cual está cuestionado por la crisis mundial y el derrumbe de la economía argentina en particular), es decir, una nueva hipoteca, lo cual es imposible sin un salvataje de los acreedores. El costo de esta operación pretenden que sea pagado por los trabajadores con sus condiciones de vida. La deuda o la vida es la disyuntiva.
Eduardo Salas
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