Urgen testeos masivos, soluciones habitacionales y subsidios económicos, como plantea el Polo Obrero.
El coronavirus avanza de manera preocupante en las villas porteñas.
Ayer a la noche se conocía la octava muerte por este motivo, mientras que el informe publicado esta mañana en la página del Gobierno de la Ciudad releva 685 contagiados, de los cuales 69 fueron detectados en las últimas 24 horas.
El salto en los contagios se concentra en la Villa 31 con 511 casos, al que sigue la 1-11-14 con 143, y alcanza a todos los barrios.
Según los datos presentados a partir de los testeos realizados en los últimos días en la villa 31, el 60% de los casos dio positivo. Pero los vecinos denuncian que reflejan un número menor al que se llegaría si se realizaran en forma masiva, a todas las personas que presentan síntomas y estuvieron en contacto con infectados.
A veinte días del primer contagio en el barrio 31, y luego del revuelo mediático generado, sigue sin llegar una solución concreta para el resguardo sanitario de las más de 300 mil personas que viven en los barrios populares de la ciudad. En algunos casos, a los contagiados o sospechosos no se les garantiza el lugar de aislamiento y lo tienen que cumplir en los barrios, hacinados y sin agua potable, sin elementos de higiene y limpieza –ya que el Estado no los reparte a todas las familias-, y con los escombros de las obras de urbanización paradas, las cloacas rebalsadas y basura acumulada durante días.
Esto se suma a una problemática previa a la pandemia, el dengue, que ha seguido avanzando y frente al que tampoco se han tomado medidas de prevención eficientes, como lo sería una campaña de descacharrización y la provisión de repelente a las familias.
Según comentan vecinos y trabajadores de la salud de las salitas y centros de salud cercanos a los barrios, no cuentan con los insumos y el personal necesario. No hay transportes a las unidades febriles y estas no alcanzan para analizar a todos los casos sospechosos o con síntomas.
Con la flexibilización de la cuarentena, establecida por Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández a pedido de las patronales, la situación se agravará aún más.
Mientras el gobierno porteño hace votar una ley de emergencia para pagar deuda, congelar salarios y recortar fondos para las obras en los barrios, en éstos sigue faltando el agua potable. A esto se suma el ajuste de 800 millones de pesos a los comedores populares, desbordados con listas de espera enormes, de cientos de miles de familias que no pueden comprar los alimentos.
Desde el Estado se están impulsando los llamados "comités de crisis", que ponen en el mismo lugar a los gobiernos, que deben dar una respuesta, con las organizaciones y los vecinos. La Iglesia y los funcionarios de los ministerios, que integran dichos comités, son parte de los gobiernos responsables del hambre, del desastre sanitario y los resultados fatales.
Con el planteo de que los trabajadores de las barriadas populares sean quienes tomen en sus manos la lucha en defensa de la salud y la vida, desde el Polo Obrero se impulsa un protocolo de acción para los barrios. El mismo contempla testeos masivos a las familias y contactos estrechos con personas infectadas, acceso al agua potable las 24hs y en todas las manzanas, garantía de una vivienda en condiciones para transitar el aislamiento, desinfección, descacharreo y fumigación de los espacios comunes y reparto de kits de higiene a las familias, aumento del presupuesto y centralización del sistema de salud, subsidio económico y alimentario a las familias, que se garantice el resguardo de las víctimas de violencia de género, que se informe correctamente sobre el desarrollo de la enfermedad, y libertad para organizarse y reclamar, con las medidas de prevención y sin la intervención de las FF.AA. Impulsando, para ello, la conformación de comités de seguridad e higiene por barrio y manzana que tenga en sus manos el control del cumplimiento de estos reclamos por parte del Estado.
Iván BF
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