La insinuación de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos sobre un posible ingreso accionario del Estado a las grandes empresas que recibieron el ATP ha levantado polvareda.
El planteo de Vallejos tuvo lugar cuando se supo que las mayores corporaciones capitalistas del país habían utilizado los ATP para el pago de sueldos a altísimos directivos o, sencillamente, para la fuga de capitales. Pablo Busch, en Política Obrera, ha revelado cómo la industria de la alimentación, que trabajó a pleno durante la pandemia, pagó sueldos con estos subsidios estatales. El gobierno debió emitir una nueva reglamentación que vuelve incompatible percibir el ATP con la compra de divisas o remisión de utilidades al exterior. Simultáneamente, habilitó a un mecanismo de devolución del subsidio. En otras palabras: el pulpo empresario que quiera hacer otros negocios mientras se acoge a los fondos estatales, tiene la opción de devolverlos. Las nuevas disposiciones revelan el fracaso de las ATP y, en general, de los socorros al capital como mecanismo de relanzamiento económico. El capital se rescata a sí mismo, no a los trabajadores que soportan despidos o suspensiones con rebajas salariales.
Alcance mundial
Si la “alegría no es sólo brasileña”, la picardía patronal no es sólo criolla. Acaba de revelarse que una parte importante del megapaquete de Trump de préstamos a “pequeñas y medianas” empresas fue desviado a grandes corporaciones capitalistas. Una de ellas, la cadena de hamburgueserías Shak, acaba de devolverle los fondos al Estado, en medio de un gran escándalo. Con relación a la capitalización accionaria, por parte del Estado, de los fondos que recibieron las empresas durante la crisis del coronavirus, en Estados Unidos, una parte de las corporaciones beneficiarias la han preferido, para no cargar con una nueva montaña de deudas a los pasivos ya acumulados. La Comisión Europea acaba de darle el beneplácito al ingreso accionario del Estado a grandes empresas en dificultades. El comunicado de la CE aclara que la alternativa es plausible con el sistema de “libre empresa”, siempre que los estados compren las acciones a “precios de mercado”. Auspician, en definitiva, un megaoperativo de rescate del capital con fondos públicos. Los que propician esta salida rememoran las estatizaciones producidas bajo la crisis de 2007/2008, y la reprivatización posterior de bancos y compañías que fueron saneados con el patrimonio público. Los respiradores mecánicos faltan en los hospitales de todo el mundo, pero sus Estados están montando un gigantesco “respirador” sobre el capital en bancarrota. El rescate, en su reverso, es una expresión de la caducidad de las relaciones sociales capitalistas a escala mundial.
Y por casa
Este escenario internacional ayuda a entender las declaraciones “matizadas” de los jefes de la gran burguesía local frente a la propuesta de Vallejos. Varios de ellos señalaron que el planteo es “desproporcionado” – no se pueden pedir acciones por una asistencia circunstancial. Otra cosa, dijo el abogado ultrapatronal Funes de Rioja, sería un rescate consensuado, y reivindicó el “aporte” de capital que el estado alemán acaba de hacerle a Lufthansa.”. El dueño de Fate y Aluar, mucho más concesivo, saludó “la comunión de intereses entre el sector público y privado” y pidió discutir el tema con la “mente abierta” (La Nación, 22/5). En esta línea, el kirchnerista Recalde señaló que la propuesta de Vallejos sería viable “si son las empresas las que definen que quieren al Estado en su capital accionario” (id). Aunque los cristinistas han sido acusados de “socialistas”, no hacen sino empalmar con una tendencia general al rescate de las corporaciones capitalistas.
El estado argentino, sin embargo, no tiene la menor condición para “capitalizar”, porque él mismo está quebrado. Ya posee acciones en grandes empresas, por medio del Fondo de Sustentabilidad de Anses, que las heredó de las AFJP. Tiene directores en ellas, que sin embargo no ejercen ninguna función de dirección. En Japón, Europa y en Estados Unidos, los bancos centrales son accionistas “pasivos” de numerosas corporaciones, o sea que no cuentan siquiera con el número de directores que les acredita el capital que poseen. Las compañías que operan en Argentina se encuentran asimismo fuertemente endeudadas, que fue lo que buscaron hacer bajo Macri, con el argumento de ‘aprovechar’ los intereses bajos de los préstamos del exterior. La participación de un estado quebrado en una empresa semi-quebrada, no suena como una salida de conjunto.
La movida de Vallejos parece, más que nada, un escarceo con Techint, que agita el ambiente político con despidos, y que es quien más reclama el desmantelamiento de la cuarentena. Está golpeado por la crisis petrolera y por el parate de Vaca Muerta. La industria petrolera opera bajo un régimen de semiestatización, con tarifas congeladas de un lado y el fuerte subsidio del “barril criollo” a u$d45, del otro. La crisis mundial y la pandemia han colocado al capital bajo la tutela del Estado y de los bancos centrales.
Programa
El bloqueo de la acumulación de capital y el financiamiento de la economía por parte del Estado caracteriza una situación transicional – se procede a la expropiación del capital, que ha entrado en vida vegetativa o parasitaria, o el capital muta en un virus que condena a la mayoría trabajadora a una miseria de alcances históricos. La crisis de la humanidad no es la consecuencia del Covid-19 sino de la respuesta del capital en decadencia y de su Estado a esa pandemia.
Una ‘reapertura’ de la economía en las condiciones previas a la pandemia solamente agravará los enormes preexistentes. No recuperará el empleo ni los salarios, menos aún pondrá en pie un sistema previsional sólido. El rescate del sujeto capitalista constituye una sangría para la sociedad. Para disponer de los recursos acumulados por el capital para hacer frente a la pandemia y a sus consecuencias económicas es necesario centralizar esos recursos – financieros, sanitarios y sociales, o sea expropiar el capital. Esa tarea solamente la puede realizar la clase obrera.
Las primeras cien empresas del país (industrias, bancos, monopolios agrícolas y comerciales) deben ser colocadas bajo un plan único, debatido en un congreso de trabajadores. La emisión monetaria, que bajo la intermediación del capital se convierte en un instrumento de desorganización, bajo las condiciones de un plan unificado sería el instrumento complementario para la atención de las cuestiones más urgentes y de las más estratégicas.
Marcelo Ramal
22/05/2020
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