En los días de la pandemia, la intervención policial en el contexto de la cuarentena hace erupción en San Luis a su manera. Florencia Magalí Morales tenía treinta y nueve años, y vivía con sus hijos pequeños y su nieta de dos años en Santa Rosa de Conlara. El domingo 5 de abril por la mañana salió con la bicicleta a comprar alimentos. Versiones policiales encontradas refieren que la detienen por circular en contramano y no estaba autorizada a salir ese día de acuerdo a la terminación de su documento. En el medio, alegan los policías, hubo resistencia a la autoridad. Demorada, Morales fue enviada a revisión médica y luego al calabozo de la comisaría 25, donde horas más tarde la encontrarían supuestamente ahorcada por su propia mano. La primera autopsia no desdice la versión policial del suicidio. El abogado de la familia consiguió que se practicara una segunda autopsia, que arrojó lesiones que la revisión médica del hospital no había consignado, consistentes con autodefensa.
El 24 de abril, en Villa Mercedes, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años, lo levantó la policía a metros de la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena. No tenía consigo el documento, y por lo tanto no estaba habilitado para salir… ¿a la vereda? Dos horas después, a las diez de la noche, su madre (que recién llegaba del trabajo) se presentó a buscarlo en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), donde el chico se hallaba detenido. El personal policial presente le dio vueltas al asunto hasta pasadas las doce de la noche, en que le dijeron que Franco se había “suicidado”.
Si bien es cierto que el adolescente había tenido un intento de suicidio cinco meses antes, el caso está plagado de inconsistencias: lo detuvieron arbitrariamente, no lo llevaron al hospital antes de ingresarlo en la comisaría del Menor, no llamaron inmediatamente a funcionarios judiciales después del deceso, y hubo premura por enterrar el cadáver, entre otras irregularidades, todas muy graves. Le fue concedida a la familia la exhumación y una nueva autopsia por peritos ajenos a San Luis, medida que deberá esperar a una flexibilización de la cuarentena. Pero trascendió que el juez advirtió a la familia que ellos iban a tener que pagar la exhumación y la segunda autopsia, una cifra que ronda los doscientos mil pesos.
El cuadro puntano y su gravedad
Los trabajadores de esta región cuyana ven desmentida en las condiciones de vida de su familia la leyenda del paraíso puntano, regenteado por los hermanos Rodríguez Saá, desde 1983.
Con problemas de cobro en el trabajo privado, fuerte incidencia del trabajo precario o en negro, sueldos municipales de nueve mil a trece mil pesos desde hace años, muchos trabajadores sufren mil y un pequeños o grandes abusos. La miseria endémica de la vida del trabajador puntano se ve potenciada por la situación pandémica.
Es en este contexto que en toda la provincia proliferan casos de abuso policial, que se han multiplicado en todo el país desde que comenzó la cuarentena.
Los crímenes de Florencia y Franco son el resultado de un lumpenaje uniformado que, al amparo del control de la cuarentena, ha dado rienda suelta a sus bajos instintos y a su estupidez más violenta.
A todos los crímenes del capital le oponemos la organización de la clase obrera. En el caso del control social por la cuarentena contra la pandemia, la mejor respuesta es la formación de comités vecinales que, por definición, serán la mejor garantía contra cualquier tipo de abuso.
En el inevitable “mientras tanto”, debemos impulsar decidida y fuertemente la movilización popular por el castigo a los responsables de estos crímenes.
Planteamos el desmantelamiento de las mafias policiales y la designación de las jerarquías por voto electoral y la revocabilidad del cargo.
Juicio y castigo a los culpables y responsables políticos de las muertes de Florencia y Franco.
Desplazamiento de sus cargos a todos los implicados en lo que duran la instrucción de sumarios, las investigaciones y los juicios.
Organización barrial para atender las implicancias de la cuarentena y contra cualquier forma de abuso policial u otros.
Leonardo Portillo y Ceferino Cruz
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