Si algo no ha podido afectar la pandemia es a la deuda externa. Esta sigue su curso inexorable con oferta, rechazos, nuevas negociaciones y…pagos. En el horizonte cercano se perfilan tres escenarios: arreglo con los bonistas, default parcial o nuevo plazo.
Los tiempos han comenzado a correr aceleradamente. Los tenedores de bonos bajo legislación extranjera han rechazado la oferta del gobierno. ¿En qué consistía esta oferta? En un plazo de gracia de tres años para capital e intereses, una quita de capital simbólica de 5.24% y una de intereses de 62%, mayor a la esperada. A partir de los tres años los intereses comenzarían con una tasa muy baja pero en ascenso, promediando en todo el período de vigencia de los bonos un 2.33%. Tasa nada despreciable cuando en EEUU se obtiene como máximo el 1.5 y en Europa las tasas son cero o negativas.
Legalizando el fraude
Al aceptar reestructurarla como pidió el FMI el gobierno le ha otorgado legitimidad a una deuda que es ilegal, odiosa y fraudulenta por donde se la busque. Más aún, en lo que va del año el gobierno en medio de la crisis pagó ya más de 4000 millones de dólares, los últimos pagos fueron de 250 millones a los bonistas y de 320 al FMI, cuándo en medio de la pandemia en todo el mundo se acepta que se está en un estado de necesidad sin precedentes. Para completar el cuadro ha aceptado la cesión de soberanía jurídica a favor de los tribunales de NY, Londres y Tokio.
La deuda actual es del orden del 89-90% del PBI. En 20015 era del 52-53%, pero la emitida en moneda extranjera era de solo el 14%, ahora es el 70-80%. Si se despeja la deuda interestatal (ANSES, BCRA) el porcentaje no alcanza al 60% del PBI. Es decir en teoría es una deuda manejable. ¿Donde está entonces el problema que nos ha llevado a una nueva crisis de deuda? En que es una deuda de muy corto plazo. Aquí juegan los 100.000 millones que tomó la administración Macri. A tan corto plazo que batió el record de ser el primer gobierno que no pudo pagar su propia deuda.
Endeudamiento sistemático
Conviene recordar que la deuda argentina no es más que un eslabón en la cadena de endeudamientos que hoy recorre el mundo. Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) la deuda global, -pública y privada- era del orden de los $ 252 billones de dólares a fines de 2019 – unos 87 billones más que en 2008- un 322% del PBI mundial, en los que se destacan las deudas corporativas. Se espera que en el marco de la pandemia el endeudamiento global siga en ascenso.
Vista de conjunto resulta una suerte de ingeniería económica, una herramienta de dominación en torno a la cual se articula el capitalismo actual. Todo producto de un sistema que se perpetúa en el tiempo y que reaparece una y otra vez condicionando toda la política económica de los países endeudados. Son los excedentes dinerarios de los países centrales, que no encuentran donde invertir en la actividad productiva, los que fuerzan a los periféricos a tomar estos préstamos. A partir de esta mirada la definición de “mercados voluntarios de crédito” y la caracterización de “deudas soberanas” es una simple ficción. No hay nada de voluntario ni de soberano en nuestras deudas.
Nuestro país es un ejemplo apodíctico (tanto como para utilizar un término muy propio de Lenin, ahora que se cumplieron 150 años de su nacimiento). Es que esta secuencia se desenvuelve entre nosotros sin solución de continuidad desde la dictadura militar de 1976. El Plan Brady en los 80, luego el canje y el megacanje, después el blindaje en tiempos de De La Rua y el default en 2002, finalmente la reestructuración en tiempos de N. Kirchner. En cada oportunidad se daba como resuelto el problema de la deuda, y en cada oportunidad se dejaba pasar la oportunidad, valga la redundancia, de investigar y auditar la deuda.
Negociando entre presiones y apoyos.
El primer plazo fijado por el ministro Guzmán para que decidieran si acordaban o no con la oferta venció el viernes pasado. La aceptación fue muy baja, algo totalmente esperable ya que el ministro al presentar la oferta dejó en claro que era esa o nada, mientras que pocos días antes del vencimiento del plazo comenzó a decir que estaba dispuesto a seguir negociando y que escuchaba ofertas. Nadie tuvo entonces apuro por aceptar y todo se corrió hasta el próximo 22, que es cuando vence el plazo para pagar 503 millones de dólares de intereses, claro que todo podría postergarse una vez más.,.
Mientras esto se discute los empresarios, los gurúes de la City y los medios de comunicación hegemónicos han instalado una suerte de sentido común sobre la imperiosa necesidad de evitar el default, mientras presionan por mayores concesiones a los acreedores. Para contrarrestarlos el gobierno impulsó el apoyo de un numeroso grupo de reconocidos economistas internacionales, también de economistas e intelectuales locales y de un grupo de feministas. Estos apoyos parecen estar más destinados a consolidar fuerzas al interior del país que ha incidir en los bonistas, vulgares prestamistas a tasas usurarias que solo piensan y responden con sus faltriqueras.
La oferta en discusión es solo el 20% de la deuda total, falta resolver el 22% con los organismos internacionales (FMI, BM, BID, CAF, Club de París) y aquella emitida bajo legislación nacional, 18%. La deuda interestatal, 40%, va por otros carriles.
Escenarios
Tres escenarios se han abierto: a) Que se alcance un acuerdo. Es obvio que toda modificación sobre la propuesta original será a favor de los bonistas. b) Que se logre una nueva extensión, posiblemente hasta agosto, previamente el gobierno debiera pagar los 503 millones pendientes. c) Que no se logre acuerdo y finalmente Argentina vaya a un nuevo default,
En el primer, caso hay que agregar el resto del endeudamiento exigible –sin deuda interestatal- y mas allá de los plazos de gracia y quitas el país quedaría nuevamente atado al sistema de endeudamiento, con los resultados que ya conocemos de nuestra historia reciente. El alargue sería apenas un prolongamiento de esta situación, pendiendo de que se sigan dilapidando recursos escasos. En el tercer escenario no es de esperar un camino de rosas pero sí que se abriría una situación política diferente, como mínimo investigarla. Si se complementa la cesación de pagos con un programa en que el Estado intervenga fuertemente en el comercio exterior y en la banca, que acentúe la política de control de cambios y de administración de reservas, que modifique la estructura impositiva y aplique impuestos extraordinarios a los sectores de mayores ingresos e inicie una política redistributiva otro será el horizonte. Muy distinto de la mediocridad actual y a la que nos condenará una vez más la deuda reestructurada.
Eduardo Lucita, integrante del colectivo EDI – Economistas de Izquierda
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