La flexibilización de la cuarentena se produce en el momento preciso en el cual el virus comienza a expandirse rápidamente por las barriadas, donde es más difícil de controlar y sus efectos son más explosivos: los barrios populares de todo el país. En Capital hay 759 casos, con 571 en la Villa 31, pero el problema es nacional. El hacinamiento y las pésimas condiciones de vida y de salud en el barrio Toba de Resistencia ya generaron casi 100 casos. La situación es dramática y la “ayuda” estatal es totalmente insuficiente: 10.000 pesos de miseria, en un mes y medio de cuarentena. El hambre avanza. Lo que vale para la asistencia social, vale doble para las condiciones sanitarias: no hay cómo mantenerlas en barrios sin agua, donde no bajan elementos de limpieza ni alcohol en gel, y donde hay que elegir entre la lavandina o el vaso de leche.
Las movilizaciones del Polo Obrero y el Frente de Lucha pusieron esta realidad de relieve para todo el país con la consigna “con hambre no hay cuarentena”. No cabe duda de que la apertura de la cuarentena va a reforzar este progreso del virus en estas condiciones explosivas y en un marco en el cual el gobierno no ha aumentado prácticamente la cantidad de respiradores ni camas de terapia. No se abre la circulación por cuestiones sanitarias, sino por el enorme lobby patronal para salir de la cuarentena. Dicho de otro modo, los 55 días de cuarentena no fueron aprovechados para duplicar las camas ni mejorar las condiciones del personal de salud, que es de los más infectados del mundo.
La ofensiva antiobrera y las luchas
Pero la apertura es solamente un punto en la agenda para la burguesía. No podrá generar un cuadro de reactivación económica por largos meses, en el marco de la crisis mundial y bajo las medidas restrictivas actuales, porque ella misma promueve la depresión del consumo. En ese cuadro, las patronales tienen en agenda una reestructuración de fondo contra la clase obrera, abarcando cierres, despidos, flexibilidad laboral creciente y una poda al salario y las jubilaciones de grandes dimensiones.
El empleo registrado tuvo, en marzo, la mayor caída desde 2002 (0,5% en un solo mes). Las luchas van poniendo de manifiesto las condiciones reales que las patronales buscan imponer. En Fate hubo casos de cobro casi cero en la última quincena: los obreros se movilizaron, con el Sutna a la cabeza, defendiendo el pago íntegro de los salarios netos que ya habían logrado en Pirelli y Bridgestone.
La gran lucha de los mineros de Andacollo también pone blanco sobre negro esta situación: la patronal busca zafar de una situación de crisis de arrastre, recurriendo a la convocatoria de acreedores y no paga los sueldos. Los mineros también irrumpieron en Olavarría, contra la estafa de Loma Negra contra los salarios. Lo que correspondería es que todas estas patronales abrieran sus libros de contabilidad a los trabajadores, una exigencia que el gobierno ni de lejos se plantea, incluso cuando paga los salarios con la plata de la Anses.
El achique llega para quedarse en ramas enteras de la economía: los trabajadores de Starbucks y Burger King denunciaron que se despidió a todo el personal con menos de tres meses de antigüedad, como primer paso para un plan masivo de cierre de sucursales.
La industria petrolera es un laboratorio de todo ello porque, a pesar del barril criollo, las patronales van a una ofensiva en regla para adaptar la situación productiva a la caída de demanda interna e internacional. Sólo la nacionalización sin pago del conjunto de la industria petrolera podría revertir integralmente esta situación. Otro sector clave es la aeronáutica, donde la fusión de Aerolíneas y Austral amenaza con liquidar condiciones de convenio, introduciendo un ajuste generalizado contra los trabajadores.
Mientras los despidos se abren paso, la concesión a las patronales por parte de la burocracia de la CGT y el gobierno, con el pacto con la UIA de rebaja salarial al 75% por ciento (en realidad, al 60%) es gigantesca. El apoyo de la burocracia al gobierno, a cambio de que éste libere parte de los fondos de las obras sociales que nunca debió retener, le cuesta carísimo a las conquistas del movimiento obrero. Es importante que la directiva del sindicato del Subte y el cuerpo de delegados se hayan posicionado contra el pacto CGT-UIA. Muestra la hondura de la crisis y es un punto de partida para desarrollar una iniciativa de lucha para defender los salarios y los puestos de trabajo.
El movimiento obrero debe discutir a fondo esta situación en asambleas y plenarios de delegados. El planteo de realizar congresos de delegados de base para discutir medidas de lucha y un programa cobra todo su valor frente a la crisis y la ofensiva patronal. El Plenario del Sindicalismo Combativo ha definido iniciativas contra el pacto CGT-UIA-gobierno.
La deuda o la vida
¿Cuál es, de cara a todo este escenario, la importancia de la negociación de la deuda? En la negociación abierta, un punto clave es la política económica. El gobierno anunció que aceptará negociar su oferta inicial y postergó la vigencia de la oferta para llegar a un acuerdo. Pero los bonistas presionan para arrancar anuncios que aseguren los pagos a costa de un compromiso de ajuste a largo plazo. Esto haría subir el valor inicial de los nuevos bonos. En la mesa con los bonistas están en debate el salario docente y estatal que no se discute en paritarias y un ajuste contra las jubilaciones, cuyos reajustes siguen siendo por decreto. Además, presionan por la reforma laboral y las garantías en todos los terrenos para el gran capital. En un momento en el que correspondería tomar medidas de fondo para resolver la emergencia social y sanitaria, el gobierno se sienta a la mesa con los buitres para discutir el plan de ajuste.
Por lo tanto, no está solamente en juego el pago de una deuda usuraria, fraudulenta e impagable sino un acuerdo que refuerce el sometimiento nacional al gran capital en todos los aspectos, a contramano de los intereses de las masas.
Como sostuvimos en Prensa Obrera (en el editorial de Gabriel Solano, “Aflojan con los bonistas, ajustan los salarios”), el recule del gobierno es resultado de su propia política. Buscó ganar apoyo del FMI o el Club de París para la negociación y ahora estos sectores presionan para modificar las condiciones de la oferta y avanzar en un acuerdo. Lo mismo ocurre con la burguesía nacional y los gobernadores. Tanto la Provincia como la Nación han estirado los plazos de negociación para aceptar las condiciones de los acreedores del país y así buscan llegar a un acuerdo. Los sectores del movimiento de mujeres que llaman a “apoyar la posición argentina” en la negociación pasan por alto que el gobierno se mueve en esta dirección, de ninguna manera a una defensa de los intereses nacionales. Fernández no llegó al canje como resultado de una decisión soberana de desconocer los pagos de la deuda, sino que el canje es para volver a pagar una deuda con cuyos vencimientos no se puede cumplir. El “reperfilamiento” empezó con Macri.
La política de Fernández de rescatar a los bonistas condiciona toda su política. En materia de política exterior, el gobierno decidió allanarse a la política de apertura comercial del Mercosur de los Bolsonaro y Lacalle Pou. Antes la había rechazado por afectar la supervivencia de gran parte de la industria nacional. En la vuelta al Mercosur pesó una decisión el capital agropecuario, pero también la presión de la deuda, que depende de una orientación exportadora que asegure los dólares para poder cobrar, en un mundo en recesión.
La presión a la apertura comercial va de la mano con la presión por una devaluación de la moneda, en un cuadro en el que se reforzó la devaluación del real y el dólar paralelo se va por las nubes. El meneado “impuesto a la riqueza” de Máximo Kirchner y Carlos Heller ni figuró en la primera sesión de un Congreso cerrado. Los superpoderes son usados en función de la nave insignia de la política oficial: la reestructuración de la deuda.
Para la clase obrera, el desafío es reorganizarse para salir a defender los salarios y las fuentes de trabajo amenazados. La emergencia de la clase obrera en el escenario político va a colocar la necesidad de discutir un programa de reorganización social y económica desde el campo de los trabajadores. Este programa debe comenzar por el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, el impuesto progresivo a las grandes rentas y fortunas, para destinar esos recursos a resolver las necesidades sociales, sanitarias y de salud urgentes para los trabajadores.
Juan García
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