Se acerca el pico de la pandemia y no alcanzan las camas de internación.
La curva de contagios está en ascenso. Ya son 4.000 los infectados en la provincia de Buenos Aires sobre un total de 12.000 contagiados por coronavirus a nivel nacional. El sábado último el gobernador Kicillof reconoció que la situación sanitaria bonaerense es muy grave. Concretamente la “duplicación de camas” que informa el gobierno provincial no alcanza, por boca de Axel Kicillof, para hacer frente a un pico de contagios cuando ya tenemos una quintuplicación de los casos en la pandemia.
Kicillof, que se presenta como un defensor de la “cuarentena estricta”, confirmó la denuncia de Prensa Obrera. Con la “reapertura progresiva” se abrieron 500 industrias en la provincia que rompen el aislamiento social obligatorio bajo la presión de los intereses capitalistas, ampliando el número de trabajadores considerados “esenciales”. Espinoza, intendente de La Matanza, se apuró a flexibilizar la cuarentena siendo su distrito uno de los más afectados por el virus y el nivel de contagios. Los protocolos de “seguridad” firmados por las empresas y las burocracias sindicales tienen como antecedente la violación que hicieron los capitalistas de la prohibición de los despidos y suspensiones y la reducción salarial pactada por la CGT. Sin el control popular de la pandemia los protocolos son papel mojado.
Un día después de las declaraciones del gobernador Kicillof en la conferencia de prensa se hicieron públicos los 84 casos positivos de Covid-19 en Villa Azul (Avellaneda) donde viven 8.000 personas. Este barrio popular linda con Villa Itatí en Quilmes donde se concentran 40.000 habitantes en las mismas condiciones precarias, hacinamiento y falta de servicios. El peligro de extensión del virus es enorme. No se trata solo de la aceleración de la curva de infectados en paralelo con la Ciudad de Buenos Aires sino de la amenaza directa de contagios exponenciales en las barriadas del Gran Buenos Aires donde tardíamente el gobernador y el ministro Gollan comenzaron las pruebas del programa “Detectar”. Villa Azul, uno de los casi dos mil barrios “populares” más vulnerables a la circulación exponencial del virus, se ha convertido en un gueto donde se prohíbe el ingreso o salida de gente. En ausencia de una política de prevención y salud integral la cuarentena se reduce a un confinamiento cercado por la gendarmería.
Kicillof abrió el paraguas al denunciar el vaciamiento sanitario provocado por Vidal mientras oculta la responsabilidad de Scioli y la suya propia al prolongar el presupuesto de ajuste del macrismo. El proyecto de ley de “nuevo endeudamiento” en pleno default técnico de la provincia equivale a las partidas de salud de todo el año 2019 y oficia como garantía del pago de la deuda usurera y fraudulenta en la provincia. El gobernador Kicillof presentó como un éxito de su gestión las 1.700 camas de terapia a las que se llegaría para fin de mayo. Sin embargo, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Sati) cuestionó esta cifra por la ausencia de datos comprobables, lo que se suma al bajo número de testeos que subvalúa el número total de infectados por el coronavirus. Los testeos tienen que estar unidos a las medidas de seguridad, higiene, asistencia alimentaria y trabajo bajo el control de los comités de trabajadores.
El portal Chequeado.Com destacó que el incremento de camas no es acompañado por el necesario aumento de la dotación de trabajadores de la salud, en particular para atender a aquellos pacientes en situación crítica y con amenaza de vida. Si bien Alberto Fernández anunció la construcción de cinco módulos de emergencia en el conurbano para aumentar el número de camas de internación en Quilmes, Florencio Varela, Hurlingham, Moreno y tres de Febrero, de los 600 médicos que se sumaron al sistema de salud provincial la mayoría son clínicos, luego pediatras y sólo 43 son especialistas en terapias intensivas. Un problema extra es que la modalidad de Terapia intensiva en Enfermería es relativamente nueva en el país (la primera camada es del 2015) y los médicos especializados son alrededor de 1.350 en todo el país. Una cantidad insuficiente que retrata el vaciamiento del sistema público.
Axel Kicillof omitió informar en su larga alocución del sábado 23 la cantidad de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y si están plenamente equipadas para intervenir en el brote máximo de la pandemia. Se trata de una cuestión fundamental porque estas unidades de complejidad deben reunir elementos como la cama tecnológica, colchón con presión continua de aire, ventilador mecánico, bombas de infusión, oxigenoterapia, sistema de aspiración, monitor, generador eléctrico y desfribilador; como también el equipo humano de terapia en lo que constituye una unidad de trabajo indispensable . El concepto de “camas activas” va más allá de los “soportes de vida” (respiradores) e incluye a médicos, enfermeros y kinesiólogos.
Si se proyecta una ocupación de camas del 100% por el pico del coronavirus se necesitarían un médico y un personal de enfermería cada cuatro pacientes aproximadamente. La pandemia exige además una capacitación especial para los trabajadores de la salud y médicos de otras especialidades que deban diagnosticar la derivación de los pacientes con síntomas de Covid-19. Esta necesidad humana no está cubierta y un ejemplo es el San Martín de La Plata, un hospital clave, donde se incorporaron 30 enfermeros y un sólo médico. Volviendo a las camas de terapia si tomamos como válido el cuestionado dato del gobierno bonaerense, el sistema público incluyendo los hospitales nacionales en la provincia, los provinciales, municipales y centros de atención más la obra social de Camioneros (Hospital Antártida) totalizan 1.153 camas contra unas 2.000 de los sanatorios privados donde el costo de un día en terapia en carísimo. Ni siquiera en vísperas inmediatas del pico del coronavirus, Kicillof se atrevió a centralizar el sistema de salud para integrarlo en una política única bajo la dirección del Estado.
El kirchnerismo va a la saga de Alberto Fernández que reculó en chancletas frente a las presiones de los empresarios de la salud privada y monopolios farmacéuticos. Los informes del ministro de Salud bonaerense Gollan obvian la cantidad precisa de respiradores cuando el 50% de las camas de terapia está ocupado por pacientes con distintas patologías respiratorias y neumonías. La falta de camas y respiradores suficientes llevó a postergar cirugías programadas. A esto se refiere Kicillof cuando dice que no alcanzarían las camas en el pico de contagios. La falta de una centralización del sistema sanitario y de una nacionalización de la salud bajo control de los trabajadores incide directamente en la producción de respiradores que son monopolios de dos empresas en todo el país, Tecme SA y Leisteung, Si bien la Resolución 695 del Ministerio de Salud nacional establece que el gobierno nacional centraliza la comercialización de respiradores (antes de la pandemia se exportaba el 80% de los aparatos) las metas las fijan las empresas que tienen el monopolio de los precios en ausencia de un plan de producción estatal lo que retrata a un régimen capitalista semicolonial, atrasado y sometido al FMI, a los bonistas y al capital extranjero.
Esta nueva fase de la crisis sanitaria y social amenaza la vida de cientos de miles de trabajadores abandonados a su suerte por las burocracias sindicales. La CTA anunció el lanzamiento de comités mixtos de seguridad y trabajo en escuelas y lugares de trabajo con la participación de los sindicatos. Para la burocracia kirchnerista estos comités de la CTA deben ser tributarios de la política gubernamental que apoyan los Yasky y los Baradel. Estamos ante una variante “sindical” de contención de los reclamos populares y de integración de las organizaciones obreras en la cuarentena. Los límites de este asistencialismo de vacas flacas lo imponen el FMI y los fondos buitres que presionan por nuevas concesiones del gobierno peronista, ajuste y garantías de pago.
La defensa de la cuarentena exige la intervención de los trabajadores por medio de protocolos de seguridad e higiene bajo el control obrero. Esto vale para los trabajadores esenciales y para vetar la vuelta al trabajo en las industrias donde pretende imponerse la prioridad de las ganancias capitalistas por sobre la vida de la clase obrera. Los recursos para enfrentar la pandemia y el hambre imponen la centralización del sistema de salud y el no pago de la deuda externa confiscatoria.
Daniel Rapanelli
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