Las clases virtuales y la gran cantidad de tareas que envían los docentes diariamente, obligados por las instituciones educativas, son un problema cotidiano para las familias obreras y, principalmente, para las que no tienen acceso a las nuevas tecnologías e internet.
En el marco de la crisis agravada por la pandemia, los niños, niñas y jóvenes se encuentran sin poder ir a la escuela desde el 19 de marzo. La respuesta de las instituciones educativas es una explotación 24/7 a los y las docentes, teniendo estos mismos que responder en cualquier momento del día las consultas de las familias sobre las tareas que envían, debiendo realizar videos explicativos de las actividades, y respondiendo a planificaciones y seguimientos pedidos por las instituciones educativas.
Al mismo tiempo, en las barriadas populares las familias que tienen niñas y niños se ven sobrepasadas con la responsabilidad de colaborar con la realización de esas tareas. No hay que perder de vista que esto sucede en viviendas precarias donde los miembros de la familia no tienen espacio ni condiciones para desarrollar las tareas que antes realizaban en instituciones o espacios públicos. Ni hablar de la falta de esparcimiento y la imposibilidad de realizar actividades recreativas (lo cual genera aún más agobio psíquico y físico para las familias).
Esta situación genera grandes conflictos en las familias ya que, en la mayoría de los casos, no cuentan con servicio de internet y el Estado no garantiza un pack de datos para las familias que lo necesitan para realizar las propuestas pedagógicas. Si bien hay ciertas plataformas y/o medios digitales disponibles para les estudiantes, la realidad es que esto no alcanza a contemplar la diversidad de plataformas que son utilizadas en este momento por las escuelas.
A este escenario lo antecede la preocupación de “parar la olla” para tener todos los días un plato de comida en la mesa. Sabemos que en los barrios más "golpeados” del Amba la crisis se expresa en la falta de “changas”, el despido o suspensión de tareas de empleadas domésticas, el incumplimiento de los gobiernos municipales con respecto a los alimentos que se deben entregar en los comedores, la carencia de artículos de limpieza e higiene, la falta de agua potable, entre otras cosas.
Es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que las personas que habitan los barrios más afectados por la crisis puedan alimentarse, pero también que las infancias y adolescencias tengan derecho y acceso a la educación y que no sean las familias quienes sean colocadas como las responsables de garantizar esto último. Por ello, exigimos packs de datos y computadoras con Internet para todos los niños, niñas y jóvenes que asisten a instituciones educativas de todos los niveles. La defensa del derecho a una educación que contemple el uso de nuevas tecnologías provistas por el Estado para toda la comunidad educativa (incluidos les docentes que en la mayoría de los casos sufren la misma situación) es una forma de defensa de la educación pública. Docentes, familia y estudiantes deben tomar en sus manos la lucha por la provisión estatal de computadoras y toda otra nueva tecnología, además de exigir el control sobre el estado de los implementos entregados y los tiempos de su entrega.
También es fundamental el seguro al parado/desocupado por $30mil y que el Estado garantice los alimentos y elementos de higiene para los comedores.
Prensa Obrera
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