La Ciudad de Buenos Aires en emergencia sanitaria

Hay que tomar medidas excepcionales.

Las cifras de casos detectados de Covid-19 en la Ciudad de Buenos Aires, y el consiguiente número de internados, pacientes críticos y fallecidos, van en aumento. El tiempo de duplicación de casos descendió a 15 días en el marco de un descenso nacional de 25 días a 19. Un dato crucial para el gobierno de Larreta, que, a pesar de que la situación de las villas y los geriátricos están empujando la curva hacia arriba, resolvió flexibilizar la cuarentena eximiendo a una serie de actividades y comercios. Fue atacado por dicha decisión, particularmente por intendentes y funcionarios de la Provincia que vieron un riesgo propio en el aumento de la circulación entre distritos, particularmente de trabajadores que residen en un lado y trabajan en el otro. El gobierno porteño dijo en su descargo que, si bien la detección del virus en las villas debe incidir en el agregado general, había que esperar 10 días o más para ver en qué proporción lo hacía y qué resultado arrojaba la campaña de testeos y aislamiento que se está desarrollando en esos barrios. Esta afirmación solo puede hacerla quien, sabiendo que va a haber una elevación de la curva, está confiado en que, incluso con la flexibilización, podrá manejar la situación sanitaria y evitar un descontrol como el que se ha visto en otros países, incluyendo un pronóstico optimista sobre el éxito de los operativos sobre villas y geriátricos, dotados del nuevo test PCR de producción nacional –cuando esté disponible- para controlar esos focos. Lo que se sabe es que dichos operativos evidencian, por ahora, un elevado grado de improvisación. Tanto en la selección de sospechosos y contactos, como en su trasporte sanitario seguro y en los lugares de internación o alojamiento. Por ejemplo, familias enteras son depositadas en camas hospitalarias generales destinadas a pacientes no graves, cuando deberían ser alojadas transitoriamente en hoteles u hospitales de campaña mientras se testean.
Una característica de los informes oficiales sobre la marcha del Covid-19 es que no aparecen datos sobre la disponibilidad del sistema de salud en relación con las necesidades estimadas. Los funcionarios afirman que la lentificación o aplanamiento de la curva de la epidemia ha permitido un avance sin precedentes en la ampliación y equipamiento del sistema de salud y que estaría en condiciones de asimilar un “pico” importante de la enfermedad. Pero no dan datos concretos sobre la cantidad, distribución y operabilidad de esos recursos y su correspondencia con la magnitud del “pico” que prevén.
Una excepción a este agujero negro sobre necesidades y recursos fue la afirmación del ministro de salud de CABA, Fernán Quirós, en La Nación del 14/5. Arriesgó que para la primera quincena de junio se podría esperar de 800 a 1.000 casos diarios en la ciudad, para lo que se necesitarían 300 camas de terapia intensiva, 600 camas generales y 2.000 alojamientos en hoteles. La pregunta es si esa capacidad existe. En los inicios del arribo del coronavirus al país, en la Comisión de Salud de la Legislatura porteña se informó que el sistema hospitalario público contaba con 120 camas de terapia intensiva. Se dijo que esto se incrementaría con más respiradores, salas y personal. Nunca se informó, en números, cuánto se planificó ni cuál es el resultado, ni cuántos respiradores se compraron ni cómo se distribuyeron. Tampoco en que quedó del anuncio de Alberto Fernández de que se reconvertiría parte de la industria automotriz para fabricarlos. Las innumerables denuncias del personal de salud sobre sus condiciones de trabajo - disponibilidad de insumos, materiales y cantidad de personal – y el alto grado de contagio en ese medio no se compadecen con un panorama de fortalecimiento del sistema. Pero los comunicados oficiales eluden dar cifras. Mucho menos se informa sobre la disponibilidad en la medicina privada y de las obras sociales, que se sabe que cuentan, por ejemplo, con el 70% de la capacidad total de las camas de cuidados intensivos.
Y no se trata solo de aparatología, instalaciones apropiadas e insumos -que son importantísimos– sino también del personal especializado sin el cual la prestación es inconcebible. El anuncio de que se estarían entrenando médicos, enfermeras y kinesiólogos sin la especialidad o recién recibidos para que asistan a pacientes en cuidados intensivos, lo que requiere capacidades que suponen varios años de formación, no inspira confianza. Tampoco se precisan datos sobre la marcha de esta actividad. La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) ha informado que existen 9.000 camas de cuidados intensivos de adultos y 2.000 pediátricas en todo el país; el 70% de ellas provisto de respirador (7.700). Pero aclara el informe, que los datos “no parecen reflejar la realidad de las unidades de instituciones de baja complejidad”. No es lo mismo una unidad de cuidados intensivos en un gran hospital de agudos de CABA, con terapistas matriculados, enfermería intensivista y kinesiólogos especializados, que un respirador en una sala general adaptada, en una clínica de baja complejidad, sin el personal especializado correspondiente. Tampoco el informe refiere cómo se distribuyen esos recursos por regiones y subsistemas (público, obras sociales, privado), datos que las autoridades sanitarias deberían hacer públicos sistemáticamente. La propia SATI formula unos esquemas de emergencia, donde un médico intensivista dirigiría a otros cuatro que no lo son, para atender 24 camas en lugar de 12; lo mismo con enfermería y kinesiología. Eso da cuenta de la escasez relativa de recursos que existe y basta para afirmar que un plan general, que debe abarcar pacientes del sistema público, de las obras sociales y de las privadas, en situación de stress del sistema, solo puede funcionar con una fuerte centralización que distribuya recursos y personal con ecuanimidad y máxima eficacia.
Dado la dinámica que ha adquirido la pandemia en la ciudad y las preocupantes previsiones del ministerio, en el marco de las condiciones vulnerables del sistema de salud que pueden inferirse con los datos indirectos que existen, es previsible que el gobierno retroceda en las flexibilizaciones y vuelva a ajustar el confinamiento. En cualquier caso corresponde tomar medidas drásticas comenzando por dar a publicidad toda la información real existente: intensificar las campañas de testeo y aislamiento empezando por el personal de salud y geriátricos, además de las villas que aportan cerca del 50% de los casos; saneamiento, agua y alimento para las barriadas pobres; subvención de $30.000 para los que no tengan ingresos; fuerte inversión en salud para insumos y jerarquización salarial para los trabajadores de salud, para eliminar el multiempleo y la jornada extenuante y permitir la rotación con menor exposición. Financiamiento mediante la afectación del pago de la deuda pública y un impuesto gravoso a bancos y grandes empresas con sede en la ciudad. Y, fundamental, la centralización de los subsistemas de salud -público, obras sociales y privado- bajo comando único del Ministerio de Salud, con participación de los trabajadores de salud en todas las decisiones.

Sergio Villamil
Médico