La continuidad del gobierno de Mariano Arcioni es un tema de todos los medios de comunicación de la provincia durante la cuarentena, pese a que Chubut registra oficialmente 5 casos confirmados de Covid-19. Su nueva gestión se mantiene a tientas a pie debido a las órdenes impartidas por Alberto Fernández, quien bajó línea a las conducciones sindicales y al PJ-kirchnerismo a favor de sostenerlo, pese a las exigencias del pueblo movilizado que pide desde el año pasado su destitución ante los incumplimientos en los pagos de los salarios en tiempo y forma.
Las arcas provinciales quebraron. De conjunto la deuda llegó a rondar los 1100 millones de dólares. Chubut la viene pagando religiosamente, tras el acuerdo por el cual se le devenga el importe acordado con los acreedores de lo recaudado por regalías petroleras. En la actualidad debe unos 900 millones de dólares, y pretende reestructurarla para comenzar a pagar lo que corresponde al capital a partir de 2023. Según trascendió, en el proyecto presentado ante Legislatura se “renuncia a la inmunidad soberana, lo cual habilitaría los embargos de los bienes públicos de la Provincia incluso, recursos naturales” (La Tecla de la Patagonia, 24/05). Además, se afectarían los fondos de la coparticipación.
La masa salarial mensual es de unos 4.900 millones de pesos, pero el déficit fiscal rondaría los 2500 millones. La caída en los ingresos por regalías petroleras y coparticipación federal explican en parte esta situación. Los vencimientos de deuda entre mayo y julio superan los 1600 millones de pesos.
Los primeros afectados por esta situación son los trabajadores estatales, quienes vienen cobrando en rangos desde el año pasado. A algunos aún les deben el mes de marzo, y de no concretarse el depósito antes del 5 de junio, el atrasó llegará a 3 meses de deuda. La provincia acaba de firmar un acuerdo con Nación para recibir 5 mil millones de pesos, aunque en dos tramos. La complejidad del panorama se acentúa si se tiene en cuenta que en junio el Estado debe pagar el medio aguinaldo.
La quiebra económica se ha traducido en una crisis política. Esta semana, se oficializó la ruptura del bloque oficialista en Legislatura. A ello se agrega que la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial está en su peor momento, luego del envío a Legislatura de un proyecto para declarar la autarquía presupuestaría del Poder Judicial y Legislativo, que en los hechos es una transferencia de una parte de la crisis económica a esos poderes.
Este combo entre bancarrota económica y crisis política llevó en las últimas semanas a especulaciones sobre la continuidad de Arcioni al frente del Ejecutivo. La posibilidad de que Alberto Fernández intervenga la provincia ya se deja correr en algunos medios. Tal arbitraje implicaría la decisión (¿impotente?) de intentar prevenir un estallido social. Para que ello surta efecto, se haría imprescindible la derivación de recursos económicos para saldar la deuda con los trabajadores, lo cual sentaría un precedente para provincias que se encuentran en situaciones similares. Si la intervención se realizara con la provincia desbordada por las movilizaciones, la situación sería aún más compleja.
El fantasma del juicio político vuelve a hacerse presente, También se baraja una embestida del Poder Judicial contra Arcioni, que lo fuerce a presentar su renuncia. Se trata de salidas institucionales que intentan anticiparse o dar respuesta al ascenso de luchas y descontento general que existe en la provincia.
El dato fundamental
Más allá de estos enjuagues palaciegos, el dato relevante de la situación política es un nuevo ascenso de luchas, y la tendencia de los sindicatos privados a confluir con las movilizaciones estatales. Contra esta escalada, el régimen tiene como aliadas a las centrales sindicales de la provincia y la devaluada Mesa de Unidad Sindical (MUS). Desde ya, la cuarentena por el coronavirus se transformó en una aliada circunstancial impensada hasta el momento.
Sin embargo, las bases obreras mostraron los dientes la semana pasada, cuando trabajadores que se encuentran ocupando la textil Sedamil y la pesquera FYR S.A. movilizaron por las calles de Trelew con estatales autoconvocados. La acción fue coordinada por las bases sin ninguna participación de las conducciones sindicales de dichos sectores.
El gobierno, las patronales y las burocracias sindicales tomaron nota inmediatamente y comenzaron las maniobras. El secretario de Trabajo de Chubut, Cristian Ayala, lleva adelante operaciones con la conducción del STIA (Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación) y de la AOT (Asociación Obrera Textil) para presionar a los trabajadores de FYR S. A. y Sedamil a que no vuelvan a movilizar con el sector estatal. Son conscientes de la embrionaria fortaleza estratégica que implica la unidad del sector privado con el estatal en defensa del salario y sus conquistas.
El reclamo en curso de los sectores movilizados se transformará indefectiblemente en una demanda política de conjunto por la magnitud de la crisis que atraviesa la provincia. Es necesario que el activismo y las oposiciones combativas a la burocracia aprecien el alcance de esa crisis, para coordinar a las bases en lucha y promover un programa y una salida de conjunto al derrumbe de la provincia. La suerte de Arcioni depende del pulmotor que le brinde Fernández. La izquierda y los luchadores debemos oponernos a cualquier salida “institucional” dirigida a salvar al régimen de endeudamiento e hipotecamiento provincial a costa de los trabajadores, y a favor de la megaminería.
La experiencia que se está dando en Trelew debe servir para que discutamos la pertinencia de un congreso de bases obreras, que debata un programa y un plan de acción frente al derrumbe económico y la crisis política. Debemos exigir el no pago de la deuda y su investigación. Hay que desarrollar la coordinación de los trabajadores mediante plenarios de delegados de bases y asambleas populares. La debilidad del gobierno de Arcioni debe ser aprovechada por el pueblo y no por los capitalistas.
Iván Marín
29/05/2020
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