¿De nuevo una Junta Nacional de Granos?

La senadora por el F de T de Río Negro, Silvina García Larraburu, presentó por cuarta vez (como diputada lo había hecho en 2014, 2016 y 2018, pero nunca llegó a tener estado parlamentario) un proyecto para la creación de una Junta Nacional de Granos. Una mala copia de la original. Según el proyecto, la Junta se encargaría de controlar la comercialización de cereales, oleaginosas y los subproductos de los mismos. Aseguraría el abastecimiento interno, sin depender de los precios internacionales.
En principio, esto choca con los grandes intereses exportadores. El proyecto de la senadora también prevé frenar el avance de los monocultivos y aumentar el valor agregado de las materias primas, una impostura en tanto y en cuanto, durante los doce años de gobierno K, el avance del ´yuyo´ (CFF dixit), o sea de la sojización nunca fue mayor.
El ministro de agricultura, Luis Basterra (mano derecha del sojista anti-campesino Insfran), en reunión con la comisión de agricultura y ganadería del senado, se desligó del proyecto: “no está en el radar del gobierno tomar medidas en este sentido” dijo. Las cámaras empresariales del agro y las organizaciones que componen la Mesa de Enlace se declararon en el mismo sentido.

¿Que fue la JNG?

Con la crisis del 30 los precios de los productos agropecuarios se desplomaron. Entonces los conservadores ´liberales´ crearon la Junta Reguladora de Granos (1933), fogoneada por la vieja oligarquía que logró arrancarle al estado un “precio sostén” de los cereales. De esta manera, la oscilación del mercado internacional era atenuada por la “intervención estatal” (como ocurre ahora con el ´barril criollo´ que subsidia a las petroleras). En un principio la JRG compraba a los productores, trigo, maíz y lino (a un precio mínimamente rentable) y actuaba como intermediario con los exportadores, a quienes se les vendía a cotización del precio internacional. La creación de la JNG no supuso la nacionalización del comercio exterior, muy por el contrario, las exportadoras y acopiadoras siguieron actuando durante los gobiernos de todos los colores políticos.
Durante el primer gobierno peronista, el organismo fue reorganizado y se creó en 1946, el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio (IAPI), que estaba habilitado para llevar adelante la compra y ventas de bienes agrarios e industriales. Inmediatamente posterior a la finalización de la segunda guerra, con la depresión de los precios internacionales de los cereales, el IAPI garantizó a los productores precios sostenes superiores a los del mercado internacional. Un subsidio directo al capital agrario. Durante este período el peronismo tuvo una sociedad de hecho con la vieja oligarquía. Martínez de Hoz (padre del ex ministro de Videla) fue ministro de Agricultura y Ganadería del primer gobierno peronista.
En 1955, se disuelve el IAPI y en 1963, el ente es reorganizado como Junta Nacional de Granos. A partir de entonces comienza una profundización en la extranjerización del comercio exterior. La Ley N°21.382, aún vigente, redactada por Martínez de Hoz, permite a las empresas girar las ganancias a las casas matrices. Ya en 1991 mediante el decreto 2284/91 se disolvió la JNG. En la actualidad el 90 % del comercio exterior de granos está en manos de diez compañías exportadoras. De las que se destacan Cargill, A.D.M. Agro, Bunge, COFCO y AGD. Vicentin lidera las exportaciones de subproductos, como harina y aceite.

Inviabilidad del proyecto

En el marco de la postración nacional ante los bonistas, el gobierno de AF es incapaz de llevar adelante una medida de estas características. En primer lugar debería enfrentarse con las grandes corporaciones exportadoras, ligadas al capital financiero que quiere cobrar la deuda. Otro frente de conflicto se presentaría con las entidades agrarias, que ya le torcieron el brazo a los nac & pop con la 125. Un nuevo choque acentuaría la debilidad del gobierno de AF, que no cuenta con los recursos políticos para un choque de esta envergadura. De ahí los ´paños fríos´ sobre la iniciativa.
Los trabajadores debemos discutir una salida de carácter independiente que comprenda la nacionalización del comercio exterior y de la banca bajo control obrero. La expropiación sin pago de las grandes exportadoras, los puertos y elevadores privatizados. La nacionalización de la gran propiedad agraria y de la tecnología aplicada. En la misma línea se reclama la derogación de la ley videlista que permite la súper-explotación del peón rural y la defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, comenzando por el aumento de emergencia de los salarios y su ajuste automático con la inflación.

Lucas Giannetti - Partido Obrero Tendencia (Pergamino)
27/05/2020