Tras la protesta iniciada el 24 de abril en el Penal de Villa Devoto en reclamo de medidas que protegieran la vida de los reclusos en el contexto de la pandemia de Covid-19, el jueves pasado se alcanzó un acuerdo entre los detenidos de dicho penal, autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF), del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y funcionarios judiciales. Inicialmente, la protesta fue respondida con una represión que terminó con dos heridos graves por balas de plomo, ahora hospitalizados en el Pirovano. Se confirmó que ambos están, además, infectados por coronavirus.
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El acta firmada tiene siete puntos. Entre estos se establece la conformación de un grupo de trabajo que aborde la temática penitenciaria en forma “integral” que trabajaría en paralelo con la mesa de diálogo conformada al calor del conflicto; mantener el compromiso de continuar y reforzar el mejoramiento de las condiciones de higiene, salud, prevención y alimentación y trabajar en el mejoramiento de los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria. Por otra parte, los reclusos se aseguraron de asentar que no haya traslados como reprimenda por la protesta y se ofrecieron colaborar con las refacciones y/o reparaciones edilicias en lugares de alojamiento. Además, presentaron un proyecto denominado “Ayuda Humanitaria” para la confección de productos de higiene y salud en el marco de la pandemia.
Una salida de "buenas intenciones" que de ninguna manera da respuesta a las condiciones históricas de hacinamiento de los establecimientos penitenciarios argentinos. Las cárceles argentinas continúan siendo una bomba sanitaria, bajo la jurisdicción de una burocracia repodrida -penitenciaria, policial y judicial- que regentea la “industria del crimen”.
El martes anterior al acuerdo, la Corte bonaerense había suspendido la resolución de Casación que instaba a los jueces de primera instancia a disponer la prisión domiciliaria de reclusos por delitos menores y con problemas de salud. El dictamen de la Corte se realiza, qué duda cabe, bajo la presión de una campaña mediática sobre liberaciones y domiciliarias masivas e indiscriminadas que nunca se comprobaron. La derecha se montó en ella para introducir su agenda política – un sector que milita por un relevo adecuado a la magnitud del ajuste que plantea la “renegociación” de la deuda. A la “campaña contra los presos” se sumaron también funcionarios del propio oficialismo como Berni y Massa. Finalmente, Kicillof, reculando ante Berni, anunció la construcción de módulos sanitarios dentro de los mismos penales abarrotados. Un cambio para que nada cambie.
Las cárceles, una bomba sanitaria
En las cárceles argentinas, el 60% de la población carcelaria no tiene condena firme y está a la espera de juicio. Los establecimientos están superpoblados. El propio Estado, mediante la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), reconoce que hay una sobrepoblación del 16%. En el caso de la provincia de Buenos Aires, equivale a dos veces la capacidad establecida. En 1995 había aproximadamente 25.000 presos en la Argentina. En el 2020, según datos del PPN, hay más de 100.000. Un crecimiento exponencial al calor de una sociedad cada vez más desigual que genera una inmensa masa de población sobrante. Las cárceles son dispositivos disciplinarios clasistas habitadas por las clases bajas que no pueden acceder a defensas privadas ni a pabellones VIP. Por otra parte, la idea de que están abarrotadas de asesinos y violadores no responde a la realidad. El porcentaje de reclusos por este tipo de delito es claramente minoritario. Alrededor de 10% están encarcelados por causas relacionadas con homicidios -incluidos femicidios- y un 4,5% por delitos sexuales. La mayor parte de los detenidos lo está por delitos contra la propiedad privada y contra la ley de drogas.
Por último, los establecimientos carcelarios no son sistemas cerrados. Entran y salen constantemente personas y mercancías de ellos. De extenderse el contagio entre los reclusos el virus no tardará en expandirse al resto de la sociedad. A menos que se deje morir a los encarcelados, violando los más elementales derechos humanos, cada enfermo va a utilizar una cama de hospital, saturando el ya precario sistema sanitario. Mientras no dan respuestas cabales para resolver este problema de salud pública que constituyen las cárceles, el gobierno nacional y los provinciales quieren reabrir la economía a toda costa. Hay que evitar un genocidio en las cárceles y una catástrofe sanitaria de conjunto.
Ana Belinco
11/05/2020
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