Una investigación que no se hizo
El juez federal Guido Otranto fue denunciado por encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y “omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes”. Quien lo acusó es Ariel Garzí, amigo de Santiago Maldonado y testigo clave en la causa por su desaparición, quien imputa al magistrado no haber actuado ante las pruebas que él presentó y respecto de sucesivas intimidaciones y apremios ilegales cometidos contra su persona “por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Río Negro”.
Debido a su apoyo a la comunidad mapuche, Garzí ha sido desde enero víctima de grave hostigamiento, que incluyó un simulacro de fusilamiento; aun así acudió a la justicia para aportar su teléfono, con el que se había comunicado el 2 de agosto con una de las líneas de Maldonado. El juez no sólo no le pidió el aparato sino que tampoco decidió protección alguna para Garzí, como éste le había solicitado. Una semana después la desprotección fue completa: la ministra Bullrich lo nombró en el Senado, dio sus datos e incluso buscó desacreditarlo. “Vas a confesar, hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”, le dijo en julio un policía rionegrino, y le gatilló cuatro veces en la sien. Por estos episodios, que viene sufriendo la comunidad mapuche y quienes los apoyan, es que los testigos afirman que no tienen garantías en la justicia patagónica.
“Vos venís por la plata”, le dijo Otranto a Garzí el 7 de agosto cuando el joven se presentó en el juzgado junto al defensor oficial Fernando Machado. “No, vengo porque quiero que aparezca mi amigo”, respondió Garzí.
Ariel tiene 26 años, vive en el barrio La Esperanza de El Bolsón e integra la Red de Apoyo a la Lof en Resistencia Cushamen. Junto con dos mapuches, está procesado por “tentativa de entorpecer una vía férrea” por la justicia federal de Esquel, la misma que el 10 de enero ordenó un desalojo violento de Gendarmería con decenas de heridos graves.
Garzí es una de las personas de quienes se había solicitado una medida cautelar urgente ante la CIDH. Y es uno de los amigos que hizo Santiago al llegar a El Bolsón, en abril.
La denuncia describe que Otranto y el resto de los funcionarios judiciales le tomaron el 7 de agosto una declaración testimonial en la que volcó “elementos relevantes para la investigación” y puso en conocimiento del magistrado los “hechos delictivos” cometidos por la policía rionegrina, que pusieron en riesgo su integridad física. Allí relató que el 2 de agosto se enteró de la desaparición de Santiago, lo llamó a su teléfono, donde lo atendieron en silencio durante 22 segundos y luego cortaron. Es más, en aquella audiencia el juez Otranto vio una captura de pantalla de esa llamada, provista por el propio Ariel y publicada el lunes por PáginaI12. Ningún funcionario procuró tomar ese hecho como un dato clave para la búsqueda de Santiago y el juez ni siquiera secuestró el teléfono del testigo, quien estaba dispuesto a entregarlo. Al ver como, “por cadena nacional” la ministra Patricia Bullrich revelaba su identidad en una interpelación ante el Senado, procedió a deshacerse del aparato, “por temor a que me sucediera algo por represalia”.
A las dos semanas de haber sido liberado de la cárcel de Esquel, el joven artesano fue interceptado por policías que revisaron sus cosas, lo golpearon y le dijeron “vos andas con esos indios de mierda, mejor cuidate”. El habeas corpus preventivo que presentó fue rechazado in limine. Siguieron más amenazas: “dejate de joder con los mapuche, si vos no sos mapuche, qué carajo tenés que hacer con ellos, pelotudo tirapiedras”. El 15 de julio fue secuestrado en una Ford Ranger del comando de Río Negro y golpeado durante media hora. Uno de los oficiales con un arma “no reglamentaria” le apuntó a la cabeza y le dijo “vas a confesar, pendejo hijo de puta, quiénes son los mapuches de la RAM”. Y le gatilló cuatro veces. “Ante esto el juez hizo silencio y esa omisión de denunciar constituye encubrimiento, no estaba frente al testigo de un arrebato callejero sino una desaparición de persona”, dijo a PáginaI12 el abogado Carlos González Quintana, que asistió a Garzí aunque hizo la denuncia por derecho propio. “Por haber omitido denunciar es que están en el banquillo en Córdoba varios magistrados que durante la dictadura tuvieron conocimiento de delitos de lesa humanidad”, agregó. Garzí nunca declaró ante la Procuraduría contra la Violencia Institucional (Procuvin) y tampoco se lo incorporó al programa de protección de testigos alguno.
Durante aquella declaración ante Otranto, el joven también reconoció la mochila de su amigo en una foto del día de la represión, donde aparece junto a un gendarme en el suelo de la Pu Lof.
Adriana Meyer
Página/12
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